El Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró una nueva guía de alimentos y bebidas recomendadas en centros educativos y reforzó los controles sobre cantinas escolares, en el marco de la normativa vigente que busca promover hábitos saludables en niños y adolescentes, adelantaron fuentes de la cartera a El Observador.
Según las autoridades de la secretaría de Estado vinculadas a la implementación, en 2025 se inspeccionaron 232 centros educativos, en un proceso que incluyó un cambio en la metodología de fiscalización. Sin embargo, la cifra era cuestionable para el propio Ministerio ya que hasta entonces se contabilizaban inspecciones incluso en centros que no contaban con cantina, lo que distorsionaba los resultados.
Con el nuevo criterio, el MSP apunta a mejorar la calidad de los controles, enfocándose únicamente en aquellos espacios donde efectivamente se venden alimentos. Para 2026, el objetivo es alcanzar las 250 inspecciones.
La guía se enmarca en la Ley N°19.140, que promueve la alimentación saludable en centros educativos para prevenir el sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas asociadas.
Tres grupos habilitados
El documento, al que accedió El Observador, establece tres grupos de alimentos habilitados. El primero incluye productos naturales o mínimamente procesados, como frutas frescas, frutos secos sin agregados, leche y agua potable. El segundo contempla preparaciones elaboradas en el punto de venta, como tortas caseras con aceite, galletitas integrales y sándwiches con vegetales y quesos de bajo contenido en grasa y sodio.
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El tercer grupo, en tanto, habilita productos envasados, siempre que no presenten sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas o sodio. No obstante, el MSP subraya que su consumo no es necesario desde el punto de vista nutricional.
Bebidas, prohibiciones y recomendaciones
En cuanto a las bebidas, la normativa establece como prioridad garantizar el acceso a agua potable gratuita y desalienta el consumo de refrescos, jugos azucarados, aguas saborizadas y bebidas con edulcorantes.
La guía, que se va a entregar a los centros educativos una vez finalizada la Semana de Turismo, también incluye restricciones específicas: se prohíbe la venta, publicidad y exhibición de productos no recomendados, así como aquellos que presenten octógonos de advertencia. Además, no está permitida la colocación de saleros en los comedores escolares.
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Entre las recomendaciones adicionales, se indica la necesidad de asegurar alimentos aptos para estudiantes con requerimientos específicos, como opciones sin gluten o sin azúcar para personas celíacas o diabéticas.
Nuevo sistema de fiscalización: más foco, datos en tiempo real y cambio de lógica
La directora general de Fiscalización del MSP, Silvia Belvisi, explicó a El Observador que el cambio central estuvo en el enfoque de control. “Antes teníamos un procedimiento que implicaba inspeccionar alrededor de 240 centros educativos, pero muchos de ellos ni siquiera tenían cantina. Eso generaba un uso ineficiente de recursos movilizando inspectores”, señaló. Además, agregó que el relevamiento previo era complejo y con datos difíciles de procesar.
Ahora, el sistema parte de identificar qué centros tienen efectivamente cantina o quiosco y, sobre esa base, realizar un muestreo estratificado según tipo de institución, sector (público o privado) y ubicación geográfica. La información se recoge mediante formularios que luego se digitalizan para contar con datos en tiempo real.
El acta de inspección fue diseñada para evaluar de forma operativa el cumplimiento de la normativa. Allí se clasifican los alimentos en tres grupos —recomendados, aceptados y prohibidos— y se controla la presencia de productos no permitidos, su venta, promoción o exhibición dentro del centro. “Esto es clave, porque muchas veces el problema no es solo lo que se vende, sino cómo se promueve”, indicó.
También se verifica la inclusión alimentaria —como la disponibilidad de opciones para estudiantes celíacos o diabéticos— y el acceso a agua potable, ya sea a través de bebederos, dispensadores u otros sistemas.
En caso de incumplimientos, el acta deja constancia inmediata. “Al estar estructurado en ‘sí/no’, el registro es claro y comparable. El consignatario y el centro quedan notificados en el momento de la inspección”, explicó. Esto permite iniciar rápidamente el proceso correspondiente, que puede ir desde apercibimientos hasta multas, según la gravedad y reincidencia.
La jerarca destacó que el nuevo sistema no solo apunta al control, sino también a la mejora continua. “Los datos se generan en el momento, no al final del año. Antes hacíamos el análisis cuando ya no había margen para corregir nada. Hoy podemos ajustar durante el proceso”, señaló. Además, remarcó que cada inspección incluye instancias de información y orientación: “No es solo fiscalizar o sancionar, también se explica la normativa y se brinda un recetario saludable”.
El desafío cultural y el rol de las cantinas
Desde el MSP reconocieron que uno de los planteos habituales de los cantineros es la dificultad de cumplir con la normativa frente a la competencia de la oferta alimentaria fuera de los centros educativos. Sin embargo, entienden que la comparación no es adecuada.
“El centro educativo no es la calle y justamente ahí radica su valor: es un espacio protegido donde se pueden promover hábitos saludables”, señaló Belvisi. En ese sentido, subrayó que el cambio no depende únicamente de la fiscalización, sino también de la concientización de estudiantes y familias.
Además, planteó que existe una oportunidad para transformar el modelo de negocio de las cantinas. “No se trata de competir con la oferta de la calle, sino de construir una propuesta diferenciada”, basada en productos saludables pero también atractivos para los estudiantes.
