El niño M. lleva 15 meses respirando —varios de ellos en la unidad de cuidados intensivos del Casmu— y los médicos no salen de su asombro. Cada bocanada puede ser la última. Su tráquea amenaza con cerrarse por una malformación tan rara que es probable que muchos otorrinos jamás hayan atenido a un paciente así. Por eso la indicación del equipo tratante es que se opere, cuanto antes, con especialistas de Chile que vendrían especialmente para la ocasión.
Es una cirugía compleja (la mortalidad a veces supera el 75%) y cara. Implica la participación de dos cirujanos del exterior (por más que uno es uruguayo radicado en Chile), y un tercer cirujano local: 26.500 dólares. Más los pasajes de ida y vuelta y el alojamiento. Más el uso del Sanatorio Americano porque es donde se encuentra la oxigenación por membrana extracorpórea, un soporte que mantiene los signos vitales mientras se interviene (súmese otros 52.500 dólares). Un imposible para los padres del pequeño M.
Después de protestar, de que les dijeran primero que sí, que el prestador cubría los costos. Luego que no, que no entraba en las prestaciones. Este lunes, la jueza María Jimena Fernández les dio la razón, falló a su favor y condenó al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a que financien el costo de la cirugía de alta complejidad denominada “slide tracheoplasy”, incluyendo los gastos del equipo médico que viajaría para la ocasión.
Las prestaciones de salud constituyen un recurso escaso y las condenas judiciales por amparo, como este caso, han impactado en el presupuesto disponible para el funcionamiento del Ministerio de Salud. El 78 % de los gastos corresponde al pago de condenas judiciales.
Salud Pública pidió que se desestime la demanda, porque entiende que “las operaciones de reparación y plástica sobre la tráquea” están incluidas en las prestaciones y la debe dar el prestador de salud. El prestador dice que no está incluida. Y el Fondo Nacional de Recursos dice que no la financia porque se podría hacer una intervención convencional que no es la pedida por el equipo tratante (el que tiene en cuenta que es una malformación larga y debe hacerse con el procedimiento indicado).
La jueza entendió que el prestador no tiene la culpa en este caso, pero sí los organismos públicos en el cumplimiento de un derecho básico y constitucional como es el acceso a la salud, a la vida.
“Entiendo existe una vulneración actual o inminente de derechos de M., derechos que encuentran protección en la Constitución de la República”, afirmó la jueza. “De los elementos de prueba aportados al proceso, surge que M., de 15 meses, padece una estenosis traqueal congénita tipo T1 larga, siendo la misma un estrechamiento fijo y permanente de la tráquea, tratándose de una enfermedad grave. La única alternativa terapéutica para el caso es una cirugía de alta complejidad denominada ‘slide tracheoplasty’, que requiere ECMO y entrenamiento especial del equipo quirúrgico”.
El otorrino tratante en el Casmu lo aclaró: “Es estrictamente necesaria la presencia del médico en el exterior, porque no hay experiencia en Uruguay con la patológica. No hay cirujanos que tengan experiencia en vía área pediátrica en el país”.
Patricio Varela, otorrinolaringólogo del Hospital Luis Calvo Mackenna de Chile y referencia en la cirugía de tráquea, será el responsable de la intervención. Lo acompañará el uruguayo radicado en Chile Gabriel Castillo.
Según el fallo judicial, el financiamiento tiene que darse 24 horas después de que el equipo tratante coordine los detalles.
