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4 de octubre 2025 - 5:00hs

Aunque fue un tema sobre el que apenas hablaron los candidatos a intendente de Montevideo en la última campaña departamental, el cuidado del patrimonio de la ciudad es un tema que preocupa a una parte cada vez más grande de la población. Por lo menos eso se observa en la creciente cantidad de seguidores de los colectivos que advierten sobre demoliciones o edificios descuidados y el impacto que tienen algunas noticias sobre este tema.

La postura de los activistas, que piden que se mantengan los edificios, suele tener el respaldo de una parte de la ciudadanía. ¿Pero qué lleva a la Intendencia de Montevideo a aprobar estas demoliciones? En la mayoría de los casos no se trata de un error o descuido, sino que la comuna entiende que esas construcciones se pueden sustituir.

Un caso de los últimos meses que tuvo mucha repercusión fue el de la demolición de un edificio en 18 de Julio que databa de finales del siglo XIX, principios de siglo XX. La ONG Patrimonio Activo llegó al punto de pedirle a la Justicia que detuviera la demolición del edificio, algo que ocurrió de todas formas.

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Edificio en 18 de julio 2214, entre Juan Paullier y Acevedo Díaz, que será demolido

Para la intendencia, ese edificio ya había quedado desubicado en su contexto. Poco tiempo antes de esa demolición se había puesto en funcionamiento un inventario que había hecho la comuna para la zona del Centro y Cordón: en ese relevamiento que se hizo edificio por edificio, esta vivienda tenía un grado 1 de protección patrimonial, es decir, un grado que avala su sustitución o remodelación. ¿Pero cuál es el criterio de la intendencia?

¿Qué es el patrimonio?

Más allá de las administraciones políticas, quien está a cargo de la Unidad de Protección del Patrimonio de la intendencia es el arquitecto Ernesto Spósito.

A su criterio, la definición de qué es patrimonial y qué no va cambiando con los años. Entiende que además es algo que se discute incluso entre los especialistas. En cualquier caso, sostiene que las autoridades son las que tienen la potestad de establecer qué se debe proteger, así queda claro para todos los actores cómo se puede actuar al respecto.

"En una democracia todos hacemos valoraciones y todas son válidas, pero las que tienen peso legal son aquellas que están reconocidas por los órganos democráticamente elegidos. Es decir, por aquellos bienes que forman parte del régimen patrimonial", dice el arquitecto en entrevista con El Observador.

Según Spósito, las demoliciones que hubo en los últimos años han sido de edificios sin protección, más allá de que "seguramente" hubo alguna excepción "muy justificada" de un bien protegido.

Dice que las personas que critican las demoliciones tienen una "visión claramente diferente del patrimonio".

Por ejemplo, uno de los elementos que se suele señalar para proteger un edificio es su antigüedad. Para Spósito, en cambio, la edad de una construcción es uno de los factores a tener en cuenta para su valoración, pero "no necesariamente el más importante".

Dice que entre los especialistas ya se superó la noción de que el valor patrimonial es algo inherente del bien "como si tuviera una grifa en algún lado que dice esto es patrimonio", lo que entiende que sucede con quienes señalan el factor de la antigüedad.

También hace referencia a la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco que en Uruguay está reconocida como ley. Dice que la Unesco habla de la "integridad del bien", básicamente, que un edificio tiene que encontrarse en un contexto donde se pueda entender. Para ilustrar este punto hace referencia a la vivienda de la Avenida 18 de Julio que fue demolida.

"¿Tiene sentido conservarla cuando desapareció todo el mundo que la rodeaba y le daba lógica y permitía entenderla? Desde nuestro punto de vista no. Pero esa misma casa, o tantas otras que hay en el tejido del Barrio Sur, del Parque Rodó, del Cordón Sur, en otras zonas de la ciudad, tiene total sentido mantenerla. Porque está dentro del contexto que le da sentido", sostiene.

Lo que hubo y lo que se viene

Para la ONG Patrimonio Activo, el ritmo de demoliciones de los últimos años "no tiene precedentes" y supone un "bombardeo lento, silencioso y constante".

Consultado sobre si en el periodo pasado de gobierno hubo casos en los que se podría haber trabajado mejor, Spósito se limita a decir que hay una "permanente búsqueda de mejora".

"Yo creo que Montevideo es de las capitales latinoamericanas que ha avanzado más en términos de patrimonio en todos los ámbitos, desde el punto de vista cuantitativo, de las figuras de protección, de la participación social, de la participación de las organizaciones. Pero al mismo tiempo siento que nos faltan un montón de cosas por hacer", afirma.

Dice que actualmente hay nueve instrumentos de ordenamiento territorial "en curso" que refieren a crear nuevas áreas patrimoniales, hacer nuevos inventarios y terminar planes.

Demolición de un edificio en Avenida Uruguay y Ejido

Porque básicamente las herramientas que tiene Montevideo para proteger su patrimonio son las áreas de protección patrimonial, los inventarios –zonas donde cada edificio tiene una calificación del 0 al 4– y los bienes de interés departamental o municipal que son protegidos específicamente.

En lo que se está trabajando a corto plazo es hacer un inventario patrimonial en la parte de "Malvín viejo". Además, la intendencia quiere avanzar en inventariar el barrio Palermo y Parque Rodó después de avanzar a sus alrededor con el inventario de Centro y Cordón –que por cierto, llevó más de cinco años–.

Más allá de protecciones ante cambios en los edificios, también existen exoneraciones para quienes los están restaurando o manteniendo. El gobierno nacional exonera el IVA en materiales de construcción para reciclaje de edificios y restauraciones. Por su parte, la intendencia exonera el pago –parcial o completo– de la contribución inmobiliaria en ciertas condiciones, según Spósito.

La nueva administración

Por otra parte, la intendencia cuenta desde hace diez años con el Fondo Patrimonio en los Barrios.

Se trata de un fondo que apoya proyectos patrimoniales de barrios, aunque a simple vista no coincidan con la idea consolidada de patrimonio. Abarca desde el archivo fotográfico de un vecino de Nuevo París hasta un mural de Don Quijote en el barrio Cervantino (Larrañaga).

"Había una mirada tradicional acerca del patrimonio, muy basada en lo arquitectónico, en lo urbanístico, y que estaba muy relacionada a lo monumental. Sin embargo, nos dimos cuenta de que estaban pasando otras cosas relacionadas con el patrimonio, aunque no se manifestaran de esa manera", argumenta Spósito.

El arquitecto destacó la presencia de la nueva directora de Planificación, María José Iglesias, y de la gerenta de Planificación Territorial, Natalia Brener, en las presentaciones que se hicieron, municipio por municipio, del Fondo Patrimonio en los Barrios.

20250616 María José Iglesias. Bergara presentó su gabinete para la Intendencia de Montevideo

Más allá de esas señales que Spósito valora positivamente, el arquitecto entiende que es muy temprano para distinguir la mirada que tiene la nueva administración sobre el patrimonio.

De todas formas, valora que en algunos temas "ya ha habido un apoyo decidido", como con el Fondo de Patrimonio en los Barrios.

"No puedo establecer una comparación, pero lo que no me cabe la menor duda es que esta administración ha asumido con un enorme apoyo hacia este tema", sostiene.

Para los que no están protegidos

A propósito de una nueva edición del Día del Patrimonio, la bancada de ediles nacionalistas de la Lista 22 presentó una minuta en la Junta para proponer que se ponga en funcionamiento la Comisión Especial Permanente de Patrimonio Departamental. Se trata de un ámbito creado en 2015, pero que sigue sin tener integrantes.

Para estos ediles, esta falta ha generado un "vacío institucional" en la protección de una parte "significativa" del patrimonio de Montevideo, es decir, "aquellos bienes que, al no encontrarse en áreas declaradas patrimoniales, no cuentan con un ámbito formal de análisis, asesoramiento y participación".

Spósito considera que sería "muy bueno" tener esta comisión, pero plantea que primero se debe resolver "cuál es su rol".

"No debería ser una comisión por la cual deban pasar las solicitudes de permiso de construcción para definir en ese momento si esto tiene valor patrimonial o no. Eso es muy malo, no solo para la inversión privada, para el desarrollo económico, sino para la propia lógica del patrimonio", argumenta. A su criterio, las definiciones sobre qué tiene que estar protegido se deben tomar previamente.

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