Las negociaciones para definir los ajustes salariales de unos 655 mil trabajadores del sector privado continúan, aunque con pocos resultados concretos hasta el momento. Como informó El Observador, se espera que durante este mes y principios de noviembre se cierre un porcentaje importante de acuerdos.
Los primeros convenios registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con aval de empresarios y trabajadores, incluyen ajustes semestrales alineados con la pauta establecida por el gobierno para la undécima ronda de los Consejos de Salarios.
Por ejemplo, en el subgrupo de rotiserías —donde la mayoría de los salarios se ubica en la franja de ingresos de hasta $38.950— se firmó un acuerdo a dos años con vencimiento en junio de 2027.
Se establecieron aumentos nominales de 2,35% retroactivos a julio pasado (descontando un correctivo negativo de la ronda anterior); 3,6% en enero de 2026; 2,8% en julio de 2026; y 3,5% en enero de 2027.
En este caso, se difiere de la pauta del gobierno en lo relativo a los correctivos que tiene un diseño similar al de rondas pasadas. El correctivo intermedio se aplicará, si fuera necesario, en julio de 2026, comparando la inflación efectiva del primer año de vigencia del acuerdo con los ajustes otorgados en ese mismo período. Y el correctivo final se aplicará en julio de 2027 utilizando el mismo criterio para el segundo año.
Hay otros dos acuerdos correspondientes al grupo de transporte y almacenamiento, que son los subgrupos de aeroplicadores y de personal de talleres de aviación.
En ambos casos se aplica la fórmula de ajustes diferenciales sugerida por el Poder Ejecutivo para la primera franja de ingresos y también para la segunda, que va de $38.951 a $165.228.
Además, se establecen dos correctivos, a mitad y al final del período, como propone la pauta. En el primer caso, se aplicará solo si la inflación subyacente acumulada durante los primeros 12 meses supera los ajustes nominales otorgados en ese período, más un margen de tolerancia de 0,5 puntos porcentuales. En tal caso, se aplicará un ajuste por la diferencia que exceda dicho margen.
Estos acuerdos también contemplan la franja de salarios por encima de $165.229, para la cual se definieron ajustes de 0,675% retroactivo a julio pasado (también descontando el correctivo negativo anterior); 2,9% en enero de 2026; 1,7% en julio de 2026; y 2,7% en enero de 2027. En este caso, no se prevé correctivo por inflación, como propone la pauta del Poder Ejecutivo.
El subdirector de Trabajo, Álvaro Inchauspe, declaró el jueves al semanario Búsqueda que hay otros seis acuerdos próximos a cerrarse. Los convenios ya firmados y los que están cerca de concretarse abarcan aproximadamente a 13.000 asalariados. “No son de los más grandes”, comentó.
En total, son alrededor de 160 las mesas cuyos convenios vencieron el pasado 30 de junio e incluyen a industria, comercio, transporte, sector financiero, servicios y trabajadores rurales, entre otros.
Por ejemplo, en el sector de supermercados se anticipa una negociación compleja. Como informó El Observador, el sindicato aspira a obtener un ajuste superior al que proponen los lineamientos oficiales.
Y en el sector doméstico, al igual que en otras actividades, se ha planteado la posibilidad de aplicar porcentajes semestrales de ajuste que incluyan un componente de inflación esperada y otro de crecimiento económico, como en rondas anteriores, y no únicamente un porcentaje nominal, como propone el gobierno.
Desde buena parte del movimiento sindical se sostiene que las pautas del Poder Ejecutivo no garantizan mejoras reales en los salarios, incluso cuando se proyecta una expansión económica para los próximos dos años, ya que estas mejoras dependen del cumplimiento de las metas inflacionarias.
Los convenios vencieron a fines de junio y las mesas se instalaron entre fines de julio y principios de agosto. El gobierno ha sugerido un plazo de 90 días para que las partes negocien los nuevos acuerdos, que se cumple sobre fin de octubre y principio de noviembre.
Generalmente, a los 60 días de iniciadas las negociaciones se comienza a evaluar la situación mesa por mesa, considerando el avance de las conversaciones, el nivel de acercamiento entre las partes y los antecedentes de rondas anteriores.
A partir de ese análisis, el Poder Ejecutivo define en qué mesas conviene otorgar más tiempo para alcanzar un acuerdo tripartito y en cuáles se debe avanzar hacia una resolución final: someter la pauta oficial a votación o, en su defecto, implementar un decreto del Ejecutivo.
Si las firmas de los convenios se retrasan, pueden surgir dificultades relacionadas con el pago de los retroactivos, que en este caso corresponden a julio de 2025. Esto puede representar un problema tanto para las empresas —que deben afrontar pagos sin tener certeza de las cifras— como para los trabajadores, que ven demorada la actualización de sus ingresos.
