Cambios al secreto bancario
Tal como informó El Observador este martes, el equipo económico presentó una nueva redacción para el procedimiento por el que la Dirección General Impositiva (DGI) y los fiscos extranjeros pueden levantar el secreto bancario. En la redacción inicial, la DGI iba a poder acceder a la información sin la intervención de un juez. Ahora, y tras las críticas de la oposición, el gobierno restituyó la intervención judicial pero le puso plazos.
“Creemos haber encontrado una propuesta que se acerca a contemplar la garantía del contribuyente, pero al mismo tiempo a contemplar la solicitud o la recomendación que la OCDE nos hace para no caer en una rebaja de nuestra calificación como país ampliamente cooperante en el esquema de esa organización”, dijo Oddone ante la comisión según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
En la nueva redacción, el juez competente tiene un plazo de diez días hábiles para responder al pedido de la DGI –que tiene que estar fundamentado por presunción de evasión–. Sin embargo, y es lo que ahora critica la oposición, si no hay una respuesta en ese plazo el pedido de levantamiento del secreto bancario se da por otorgado.
“Lo que se está garantizando -a partir de las inquietudes que se habían manifestado- es que haya una instancia o un proceso judicial, es decir, que la Justicia intervenga a los efectos del levantamiento del secreto bancario. ¿Respecto de qué? De toda aquella información que actualmente no recibe la administración tributaria (…) o sea, la información bancaria que no tiene que ver con saldos, rentas y promedios”, explicó Guillermo Nieves, subdirector general de la DGI.
Este cambio, agregó el jerarca, cumple con los estándares de la OCDE –algo que preguntó específicamente el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone– que en 2020 había observador a Uruguay por los amplios plazos de respuesta en este tema. Según Nieves, Uruguay actualmente tiene plazos que “exceden los seis meses; muchas veces cuando son notificaciones de domicilio desconocido, el año, y tenemos un caso icónico que lleva cinco años sin poder dar respuesta”. Lo que recomienda la OCDE es que eso se concrete en menos de 90 días.
Uruguay, además, está siendo evaluando desde marzo por el organismo y, según aseguró el jerarca, suele dar unos 3 años para que los países tomen las sugerencias. Sin embargo, desde 2020 no se avanzó en ese sentido.
Si bien la restitución de la intervención judicial fue celebrada por la oposición, hubo algunas críticas sobre lo que se conoce como “silencio positivo” (que otorga la autorización si no hay respuesta dentro del plazo) y por el procedimiento.
“Entiendo que lo que le falta es establecer con claridad cómo es el procedimiento, esto es si se le tiene que dar noticia o no al demandado y en qué momento. Si existe posibilidad de contradictorio (argumentar en contra del pedido de la DGI) al principio o si no, después de que ya se relevó el secreto bancario, esto es estructura monitoria. Con qué efecto es la apelación”, cuestionó el diputado colorado Conrado Rodríguez y agregó que no queda claro si el afectado puede apelar o solo lo puede hacer la DGI.
Impuesto Mínimo Global
El lunes, el ministro de Economía anunció cambios al Impuesto Mínimo Global durante una charla en la Fundación DAT que generó expectativa pero también algunas dudas. El propio Oddone reconoció este martes en comisión que no fue del todo preciso al comunicar el cambio que introducirían.
“Claramente no fueron las declaraciones más felices que he tenido en mi vida; estaba en un ámbito en el que la precisión no era lo relevante y pueden haber llamado a la confusión. Lo que importa es lo que dijimos hoy”, aseguró Oddone sobre el final de su comparecencia.
El artículo que agregan al proyecto encomienda al Poder Ejecutivo a compatibilizar el impuesto con la normativa vigente. Eso se va a hacer, explicó el director de la Asesoría Tributaria, Álvaro Romano, mediante la reglamentación.
¿Cómo se va a hacer? El Poder Ejecutivo va a encomendar a la administración tributaria que informe a los grupos multinacionales que pueden acreditar que lo que paguen acá por ese impuesto no tienen forma de descontarlo de ningún impuesto en ninguna parte del mundo. Es decir, como el gobierno asegura que este impuesto es neutro, aquel que pase a pagarlo en Uruguay dejará de pagarlo en otro lado.
“Ese grupo multinacional va a tener que presentarse ante la administración tributaria y, a través de un trámite -que va a estar estandarizado mediante un procedimiento preestablecido-, presentará lo que se establezca de acuerdo a ese procedimiento. A partir de ahí, esa empresa ya podrá quedar fuera del pago del impuesto calificado doméstico”, explicó Romano.
Incluso, explicó Romano, si alguna empresa no hace el trámite (porque no se entera) eso no será un problema. Podrá hacer el trámite después y en caso de que corresponda se le devolverá el dinero.
En la redacción inicial, el gobierno iba a cobrar el impuesto y después le iba a devolver el dinero a aquellos que no les correspondía pagarlo. Es por esto que este cambio no afecta la estimación de la recaudación.
Romano reconoció que este impuesto “neutraliza el esfuerzo” que Uruguay hace de gasto tributario (exoneraciones) para atraer inversiones pero agregó que en 2024, por no tenerlo vigente, Uruguay no recaudó impuestos corporativos que se terminaron pagando en otros países. “Para el año 2025, si se aprueba esta propuesta, lo que va a ocurrir es que ya no se va a recaudar más allá, sino que se va a recaudar acá. Ese es el efecto económico de este impuesto”, agregó.
Patrimonio en el exterior
En la comparecencia, el equipo económico también introdujo algunos cambios a la propuesta de gravar el incremento patrimonial en el exterior. Uno de esos cambios es que establecen que los valores que se van a tener en cuenta para calcular ese incremento es el que tengan al 31 de diciembre de 2025 y no cuando fueron adquiridos.
Es decir, explicó Romano, que si una persona compró un activo financiero que cotice en “algún mercado o bolsa reconocida” a 10 hace cinco años y el año que viene lo vende a 20, la renta no se va a calcular sobre 10 si no sobre la diferencia de 20 con lo que valía al 31 de diciembre de 2025, que es el momento de entrada en vigor del impuesto.
Otra modificación es que dejan establecido en la ley cómo se va a cobrar este impuesto. “Lo que vamos a hacer es establecer una retención definitiva con una alícuota de 8 % si participa un responsable residente en el país en el flujo de esa renta”, explicó Romano y también agregó se va a poder deducir las pérdidas de incremento patrimonial de los rendimientos de capital mobiliario.
“Para dar un ejemplo más simple: supónganse que alguien tiene acciones de distintas compañías y recibe dividendos del exterior y, bueno, cada tanto compra y vende esas acciones y eso le va a dar un resultado. Si en alguna de ellas obtiene una pérdida, nos pareció adecuado que esa pérdida la pueda restar de los dividendos que recibe”, ejemplificó.
Tax holiday
El proyecto de presupuesto introduce cambios a la obtención de residencia fiscal por inversión para los no residentes. Romano aseguró que lo que están haciendo es “potenciar” el mecanismo porque actualmente el régimen de beneficios alcanzaba el ejercicio en el que se toma la opción y los diez siguientes y con el proyecto se agregan otros cinco años que tienen algunas condiciones.
“Lo que estamos estableciendo en el proyecto que les estamos poniendo a consideración es que si ese nuevo residente adquirió la residencia por permanencia física, es decir, por vivir acá en Uruguay, eso (no pagar por sus rentas en el exterior) le va a seguir exactamente igual, no va a tener cambios. En cambio, si el que adquirió la residencia es alguien que lo hizo por inversiones, pero no por vivir en Uruguay, a ese sujeto se le va a decir: 'Para que vos tengas derecho a esto, te voy a pedir una contribución adicional'”, explicó Romano.
Esa persona tiene dos opciones: invertir en inmuebles por US$ 2 millones o capitalizar un fondo por una suma de US$ 100 mil anuales (durante el tiempo que tenga el beneficio). Una vez cumplido ese plazo (10 años más el ejercicio en el que tomó la opción), para acceder a los otros cinco años, tendrá la posibilidad de tributar IRPF pero al 50% de la alícuota aplicable (6%). Para acceder a eso tendrá que volver a invertir en inmuebles por US$ 1 millón o capitalizar un fondo con US$ 100 mil anuales.
Al mismo tiempo, se abre otra posibilidad que es la de tributar por un monto fijo que será de US$ 300 mil por año para los que adquieren la residencia por otros motivos que no sea la presencia física y de US$ 200 mil para los que residan en Uruguay.
“Esta opción de tributar por un monto fijo va a ser por un período de 20 años. El ministro me está acotando que se agregan a los 11 años anteriores. O sea que si el 2 de enero llega un nuevo residente, va a tener el año que toma la opción, más los 10 siguientes; en ese momento, podrá optar si quiere 5 años al 6 % o si quiere 20 años con el monto fijo”, explicó.
Oddone explicó que los cambios a el acceso a la residencia fiscal y el gravar los incrementos patrimoniales en el exterior se tienen que ver de forma conjunta. “Estamos siendo generosos para atraer inversores, para renovar inversores que permanezcan como residentes fiscales porque somos conscientes de que al introducir el cambio en relación a los incrementos patrimoniales tenemos que hacer una práctica de compensación, y esa es la razón por la que lo hemos hecho”, explicó el ministro y destacó el “gravamen IRPF a suma fija” porque es una buena forma de “aproximarse” a un tema que ha sido planteado que el de gravar a los más ricos.
“Está dirigido a personas cuyos patrimonios son tan grandes que están dispuestas a pagar un dinero con el propósito de mantener la privacidad de sus ahorros”, sentenció.
