La comparecencia del equipo económico ante la comisión que está estudiando el proyecto de Presupuesto generaba expectativa tanto en el oficialismo como en la oposición por varios motivos. No solo para escuchar las explicaciones sobre el articulado del Ministerio de Economía –que incluye cambios a la carta orgánica del Banco Central, entre otras cosas– sino por las modificaciones que el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, había anunciado que presentaría en esta instancia.
El ministro había anunciado en la previa que presentaría cambios al levantamiento del secreto bancario, que en el texto original la DGI podía aplicar sin intervención judicial, y también al Impuesto Mínimo Global, entre otros temas.
La comparecencia del equipo económico, que empezó sobre el mediodía, se extendió durante varias horas y al cierre de esta edición todavía continuaba. Los cambios vinculados al Banco Central se llevaron buena parte de la discusión ya que desde la oposición reclaman desglosar ese pasaje y tratarlos aparte.
De todos modos, El Observador accedió a las propuestas de cambios que el Ministerio de Economía llevó a la comisión de Hacienda integrada con Presupuestos respecto al proyecto original.
Secreto bancario
Uno de los principales cambios presentados por el Ministerio de Economía es que finalmente no se elimine la intervención judicial del proceso para levantar el secreto bancario por parte de la Dirección General Impositiva (DGI), aunque sí pone plazo a la Justicia para que los procedimientos sean bastante más rápidos.
El nuevo texto presentado por el equipo económico señala que el juez competente tendrá diez días hábiles para responder a la solicitud de la DGI de levantar el secreto bancario en el marco de sus potestades de fiscalización e investigación y agrega que de “no mediar pronunciamiento del juez (…) se entenderá que se ha conferido la autorización correspondiente”.
Si bien en el proyecto original se quitaba la intervención judicial y eso era criticado por la oposición, la idea de que el silencio del juez competente sea tomado como una respuesta positiva sigue generando dudas en las bancadas opositoras, según un primer relevamiento realizado por El Observador.
“El juez solo hará lugar a la solicitud cuando la administración tributaria haya acreditado la existencia de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la existencia de evasión”, dice el texto. En la normativa vigente no hay un plazo previsto para la resolución del juez.
Lo que hacía el proyecto inicial del Poder Ejecutivo era agregar un artículo al Texto Ordenado 2023 de la DGI en el que el organismo tributario podía acceder a la información bancaria sin intervención de la Justicia. Este artículo fue puesto en el presupuesto por recomendación de la OCDE que había señalado a Uruguay por la lentitud en estos procesos cuando llegaban solicitudes de fiscos extranjeros.
Los cambios propuestos aplican tanto para los pedidos internacionales como para la DGI en sus potestades de investigación y fiscalización de la evasión.
"La recomendación de la OCDE es que hagamos lo que hacen todos los países de la región, con excepción de Chile y Perú, que es una intervención directa de parte de la DGI al acceso a la información", dijo el ministro en radio Carve a mediados de setiembre. Sin embargo, el gobierno decidió mantener la intervención judicial pero apurar los plazos.
Impuesto Mínimo Global
Otro de los cambios anunciados en la previa por el ministro Oddone fue el vinculado al Impuesto Mínimo Global. En una charla organizada por la Fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo (DAT), Oddone adelantó que el proyecto iba a excluir de pagar el nuevo impuesto a aquellas empresas instaladas en zona franca que no lo estén pagando actualmente en su casa matriz.
"Hemos logrado con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que nos autorice a excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto que esté dentro de la zona franca, de cualquier gravamen asociado a este impuesto”, dijo el ministro de Economía este lunes.
En el nuevo texto presentado este martes en el Parlamento, el Ministerio de Economía apenas agrega un artículo que dice que el Poder Ejecutivo deberá “establecer cómo se compatibilizan las normas legales de estabilidad tributarias vigentes al momento de la sanción de la presente Ley, con relación al impuesto”.
Marcha atrás
Otro de los cambios presentados por el equipo económico es una marcha atrás sobre su propia propuesta original. El gobierno volvió a incluir dentro de las entidades que están bajo regulación y fiscalización del Banco Central a las casas de cambio y a los cofres fort.
En el proyecto original, y a pedido del propio Banco Central, esos organismos habían sido quitados del perímetro de control del BCU, tal como informó Búsqueda. Sin embargo, eso generó la reacción de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que cuestionó el impacto que esta decisión podía tener en el blanqueo y por los riesgos de que el país fuera observado por organismos internacionales.
Este martes el Ministerio de Economía volvió a poner a ambos bajo el control del Banco Central.
Otros cambios
El proyecto de Presupuesto gravaba con una alícuota de 23% la importación de autos clásicos con una antigüedad igual o mayor a 50 años y establecía en un máximo de dos por año por persona física. Además, establecía que se podían vender al cabo de los 5 años dentro del territorio nacional (la normativa actual no permite venderlos).
Sin embargo, la nueva redacción exonera la importación de todos los gravámenes establece que si los propietarios quieren vender deberán pedir autorización el Ministerio de Economía y abonar lo que no pagaron cuando lo importaron.
En los cambios presentados también se extiende el plazo para aplicar al Programa de Fomento para la Atracción de Personas con Talento Calificado. Es decir, las exoneraciones previstas en el proyecto original era para aquellos que vinieran desde el exterior y fueran contratados a partir de 2026. Con la nueva redacción también pueden aplicar quienes hayan sido contratados durante 2025.
