Poco después de asumir las nuevas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, iniciaron una investigación administrativa para determinar responsabilidades en Cancillería en relación con la destrucción del documento en el que se había protocolizado un chat entre los entonces subsecretarios Carolina Ache (Cancillería) y Guillermo Maciel (Interior) en el que hablaban de que Sebastián Marset era "un narco peligroso".
El 5 de mayo con la firma del canciller Mario Lubetkin se emitió una resolución ministerial "reservada" en la que se daba cuenta que el 7 de abril se había elevado una nota al director general de Secretaría de Presidencia de la República "solicitando su colaboración a los efectos de designar un/a instructor/a para el procedimiento disciplinario dispuesto".
Agregaba el documento que el 9 de abril se respondió a la nota y se sugirió designar como instructora de la investigación administrativa a la abogada de Presidencia, Victoria Sasso. Así lo dispuso Lubetkin y la abogada fue la encargada de instruir el proceso administrativo. Sasso figura en la web de Poder Ejecutivo como personal profesional universitario grado 4 y como asignada a la Secretaría y Prosecretaría de Presidencia, con horario variable y tareas especiales. También es grado 1 del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho de la Universidad de la República.
Desde Cancillería se informó a El Observador que el proceso ya concluyó y que está previsto enviar la copia a la fiscalía este viernes.
Sobre la designación de una funcionaria de Presidencia para la tarea se afirmó que al tratarse de una investigación sobre hechos ocurridos en Jurídica se entendió oportuno que no la realizara un abogado del ministerio.
Consultadas fuentes del fiscalía de Machado y sus adjuntos Leonardo Rosas, Natalia Colotuzzo y Franco López, se informó que actualmente esa sede especializada en delitos económicos está abocada a la indagatoria sobre la estafa de República Ganadera y no tiene agendadas citaciones por el caso Marset.
Se agregó que ante la cantidad de causas complejas que tiene esa fiscalía -también lleva los casos Larrarte y recientemente se le adjudicó la investigación por la compra de la estancia María Dolores- se hacía necesario priorizar y "ahora la prioridad es República Ganadera".
El caso Marset
Al declarar en octubre de 2023 en Fiscalía por la causa de la entrega del pasaporte a Marset, que finalmente se archivó, Ache denunció que desde Presidencia y Cancillería se intentó ocultar que estaban en conocimiento de quién era el narco y que el entonces asesor presidencial Roberto Lafluf, le pidió que borrara los chats con Maciel y luego destruyó un documento de los legajos de Relaciones Exteriores que Ache había entregado.
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Archivo. Sebastián Marset
Archivo
Según Ache Lafluf le solicitó que borrara los chats en una reunión que se realizó en Torre Ejecutiva el 25 de noviembre de 2022 y al día siguiente ella le comunicó que había hablado con su abogado y que no lo iba a hacer porque era cometer un delito.
"Él me dice bueno, pero entonces cómo hacemos, la información va a aparecer, qué alternativa. Le digo que hay un protocolo, el protocolo es inamovible, está ahí. Yo no voy a hacer otro protocolo que contradiga el protocolo que ya está. De ninguna manera", dijo Ache. Agregó que el asesor presidencial le respondió que entregara nuevamente el protocolo porque él lo había destruido.
"¿Cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro A las manos de él? Desconozco", dijo Ache entonces.
Justamente, la investigación administrativa se encargaría de averiguar quién o quiénes entregaron la documentación que formaba parte de un expediente de Cancillería a Torre Ejecutiva.
Consultadas las fuentes de fiscalía sobre qué peso pueden tener las conclusiones de la investigación administrativa en la investigación penal, se señaló que difícilmente tengan incidencia ya que se trata de dos ámbitos distintos y lo que puede ser falta administrativa no necesariamente será delito. Lo que sí suele ser de utilidad son los insumos de esa investigación, los testimonios aportados por funcionarios del ministerio y las pruebas recogidas.
Los indagados en la causa que se inició a la raíz de la denuncia de Ache, en ese momento defendida por el exfiscal de Corte y actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, son el excanciller Francisco Bustillo, el ex subsecretario Guillermo Maciel, Lafluf y el exjefe de Jurídica de Cancillería, Carlos Mata. De acuerdo con lo que surja de la indagatoria no se descarta que pueda ser citado el expresidente Luis Lacalle Pou.
En setiembre de 2024, Machado archivó la indagatoria sobre la entrega del pasaporte a Marset. El fiscal concluyó que si bien los exministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo "faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores" en la interpelación de agosto de 2022, eso "escapa al ámbito de competencia" de su Fiscalía.
"Las profusas evidencias colectadas no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal", opinó
