El planteo incluye la posibilidad de que los contribuyentes autoricen retenciones en salarios o pasividades para pagar sus cuotas
El proyecto de ley de Presupuesto a estudio del Parlamento propone ampliar los plazos de financiación de adeudos para personas y empresas con la Dirección General Impositiva (DGI).
Hoy, cuando se acumulan deudas, existe la posibilidad de suscribir un convenio de facilidades de pago. A través de ese mecanismo, se pueden financiar o refinanciar deudas tributarias en cuotas.
El artículo 32 del Código Tributario permite hacerlo por un máximo de 36 cuotas. La modificación planteada extiende ese plazo a 72 cuotas para los nuevos convenios.
“El incremento del número de cuotas va a significar que pueda disminuirse el monto de cada una de ellas, flexibilizándose de esa manera el acceso a las facilidades de pago para contribuyentes que necesitan montos más bajos para poder regularizar su adeudo tributario”, afirmo el subdirector de Rentas, Guillermo Nieves, en el Parlamento.
Además, se plantea modificar el artículo 33 del Código Tributario. Este artículo prevé el acceso a un régimen de cuotas, con la posibilidad de que sean fijas o variables, y habilitar la posibilidad de que las cuotas puedan ser pagas mediante medios electrónicos u otros medios de pago admisibles.
También se incluye una previsión orientada a facilitar el cumplimiento del régimen de convenios de facilidades, que permite al contribuyente autorizar retenciones —por ejemplo, en salarios o pasividades— para que las cuotas sean descontadas automáticamente. Este aspecto ya había sido adelantado por El Observador en junio pasado.
En ese sentido, otro de los cambios propuestos modifica el artículo 1º de la ley 17.829, referido al orden de prelación de las retenciones en salarios y pasividades. Se incorpora, en último lugar y como literal H), a los convenios de facilidades previstos en los artículos 32 y 33 del Código Tributario.
En el caso de contribuyentes que ya tengan convenios de pago vigentes podrán solicitar una refinanciación bajo la nueva normativa, una vez que sea aprobada.
Según el director General de Rentas, Gustavo González, parte de la motivación que llevó a plantear las modificaciones se basan en que “hay muchos casos de contribuyentes que tienen deudas convenidas y que se les está haciendo muy difícil pagarlas, sostenerlas”, afirmó ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Diputados.
Uno de los focos del gobierno está puesto en mejorar la eficiencia de la DGI para aumentar la recaudación. En ese sentido, se proyecta implementar un modelo de gestión, que reconoce las múltiples causas del incumplimiento tributario —desde el desconocimiento o dificultades financiares hasta el fraude deliberado—, e incluye acciones específicas para procurar cambios de conducta en los contribuyentes.
A partir de la identificación de las causas por segmento de contribuyentes, perfil de riesgo y tipo de obligación tributaria, la DGI implementará acciones específicas, ajustadas a dichas causas, que serán evaluadas de manera sistemática, se explica en el mensaje y exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley de Presupuesto.
“Las administraciones tributarias más modernas, desde hace veinte o treinta años, gestionan el cumplimiento de las obligaciones de una manera que la DGI todavía no ha adoptado en forma íntegra. Y eso tiene que ver con que tenemos un modelo de facilitación del cumplimiento y otro modelo de control del cumplimiento, pero no están integrados en un modelo de gestión del cumplimiento", afirmó González.
"Eso supone que, cuando nos relacionamos con los contribuyentes —para decirlo en forma un poco gruesa— esperamos a que incumplan para actuar, en vez de anticiparnos a prevenir que incumplan y facilitar el cumplimiento de manera oportuna”, añadió.