La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados viene tratando desde hace varias semanas el proyecto de ley enviado por el Ministerio de Economía con una serie de medidas que tienen como objetivo mejorar la situación económica y de empleo de las zonas de frontera. Si bien algunas medidas (como la reducción del IMESI en combustibles) se comenzaron a aplicar, otras precisan de una ley para poder activarse.
Esta iniciativa del Poder Ejecutivo nace en el contexto de una diferencia de precios significativa con Brasil (de 78% en promedio según el último reporte de la Universidad Católica), pero la idea del Ministerio de Economía es que sean medidas permanentes que puedan tener variables según las circunstancias.
“Nosotros entendemos que las medidas tendrán que ir variando en función de cómo evolucione la realidad. En principio, uno tendería a pensar que van a tener un carácter más permanente que transitorio, pero variable, y la magnitud, en función de cómo evolucione la realidad en cada uno de los momentos”, explicó ante la comisión de Hacienda el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, cuando fue a presentar el proyecto.
Si bien todos los partidos celebraron la iniciativa y están alineados en que es necesario aprobar el proyecto, algunos planteos de la oposición –particularmente de diputados de las zonas afectadas– y de la Cámara de Industrias generaron negociaciones que retrasaron su votación.
En la sesión en la que recibieron al equipo económico, los diputados de la comisión de hacienda acordaron votar el texto dos semanas después. Fue el 2 de julio y la idea era que el proyecto pudiera ser votado en el plenario antes de la última sesión del mes (que se celebran hasta el 18 de cada mes excepto que sean extraordinarias). Sin embargo, las negociaciones con la oposición y los planteos de algunas delegaciones retrasaron el acuerdo.
Además, al no haber sesiones ordinarias y que el Senado recién tratará el tema en agosto, los diputados decidieron seguir trabajando.
El próximo miércoles la comisión recibirá nueva delegaciones de comerciantes de distintos departamentos de frontera y seguirán intercambiando entre los legisladores.
Las medidas y los cambios
El paquete de medidas presentado por el Ministerio de Economía el 5 de junio en Artigas incluía cinco disposiciones de las que tres precisan de aprobación parlamentaria.
Entre las medidas se encuentran la eliminación del IVA mínimo y la reducción de la tasa básica a la mitad en comercio minoristas de ramos generales que estén a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera y la exoneración total de tributos a la importación de una lista inicial de 12 productos en lo que el ministerio denomina régimen especial de comercio de frontera y tiene como objetivo regularizar muchos productos que hoy ingresan de contrabando.
“En lo que tiene que ver con el régimen especial de comercio de frontera la idea es generar una herramienta que permita regularizar una situación que, por la vía de los hechos, está bastante extendida en la frontera: la comercialización de productos que ingresan de manera ilegal al territorio nacional y se ponen a disposición de la población”, explicó Vallcorba.
Este mecanismo lo podrán utilizar micro, pequeñas y medianas empresas que se dediquen al comercio minorista en un rango de 60 kilómetros de los pasos de frontera y en transacciones que se realicen de forma presencial. En este caso, Vallcorba explicó en el Parlamento que los productos serán: pasta de dientes, desodorantes, antitranspirantes, champú, jabón de tocador, porotos, lentejas, cocoa en polvo, café, fideos y pastas secas, galletitas dulces, galletas y galletitas saladas y yerba mate. Esta lista es definida por el MEF y puede agregar o cambiar algunos productos ya que será evaluada periódicamente.
La tercera medida está directamente vinculada con el empleo y prevé una facultad del Poder Ejecutivo para exonerar hasta el 75% de los aportes jubilatorios patronales para los nuevos puestos de trabajo que se generen en las empresas que estén a menos de 60 kilómetros de la frontera. En este caso incluye a empresas de distintos rubros pero deja explícitamente afuera a los free shops.
Las zonas de frontera no solo se caracterizan por tener una tasa de desempleo mayor a la del promedio nacional sino que también tienen índices de informalidad más elevados que el resto del país.
Planteos y cambios
Si bien todos los partidos están alineados en avanzar con el proyecto, varios diputados presentaron aditivos para tratar de ampliar el ámbito de aplicación de la iniciativa.
Uno de ellos fue el diputado colorado por Rivera, Marne Osorio, que realizó una serie de planteos que se están analizando. El que tiene mayor ambiente para ser incluido en la propuesta es establecer mecanismos para monitorear los resultados. Una idea que está sobre la mesa es plantear que el Ministerio de Economía tenga que rendir cuentas al Parlamento cada seis meses o menos, algo en lo que está alineado el blanco Pablo Abdala.
“La idea es tener información del impacto sobre la informalidad, el empleo y la rentabilidad de las empresas afectadas”, explicó a El Observador el diputado colorado a El Observador.
En ese marco, también está en discusión (y fue bien recibido) la creación de un observatorio que mida la competitividad de las medidas en la comunidad a través de índices socioeconómicos. Osorio, que fue dos veces intendente de Rivera, pretende además que se incluyan otros rubros entre los beneficiados como la hotelería, la gastronomía y la construcción.
Incluso, el diputado planteó revisar otros dos programas del gobierno, el de vivienda promovida y el de promoción de inversiones, para que tengan más incentivos enfocados en las zonas fronterizas.
Otros diputados, como Maximiliano Campo del Partido Colorado, cuestionaron que las medidas no lleguen a Tacuarembó y el centro comercial de ese departamento planteó el tema en la comisión. Vallcorba reconoció que los límites siempre son arbitrarios pero defendió que entendían que era necesario fijarlos.
Los reparos de la Cámara de Industrias
Las distintas delegaciones que se presentaron ante la comisión plantearon, en general, una visión positiva sobre el proyecto salvo la Cámara de Industrias que concentró sus críticas en el régimen especial de importación porque entienden que genera ciertas inequidades con la producción local.
“No solo se trata de pagar, sino que no va a existir ese control, porque así lo estipula este proyecto de ley; no habrá ningún tipo de control respecto a ese tipo de productos. Entonces, partimos de la base de que comenzamos con una diferencia importante”, dijo en referencia a la exoneración de tributos y la posibilidad de no tramitar habilitaciones ni certificaciones.
Sobre la exoneración del IVA, los industriales plantearon que a los comerciantes les va a convenir vender productos importados porque con los productos locales lo que van a tener “un crédito fiscal mientras que con el otro producto va a obtener directamente una utilidad neta de su margen de venta”.
“Nosotros vemos que se empuja un poco más la línea hacia ese tema: a traer todo importado y dejar de producir nacional”, resumió Sergio Caplán integrante del Consejo de la Cámara de Industrias.
El oficialismo está evaluando estos planteos y quieren tener detalles del impacto real de las medidas en la competencia con la producción local para tomar una decisión.
