La Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo destina una parte importante de la ampliación del gasto a reforzar la seguridad pública, con un paquete de medidas que incluye 300 nuevos policías para patrullaje preventivo, la compra de vehículos, la instalación de centros de monitoreo, la incorporación de comisarías móviles y la ampliación de herramientas tecnológicas para la prevención y la investigación del delito.
El proyecto, que comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados, recoge varias de las prioridades anunciadas por el Ministerio del Interior y busca fortalecer la presencia policial, mejorar la capacidad de respuesta y modernizar los sistemas de identificación y vigilancia.
La seguridad ya representa casi el 5% del gasto del Estado
Las nuevas partidas se incorporan a un área que ya concentra una porción importante del presupuesto nacional. Según el anexo de Áreas Programáticas de la Rendición de Cuentas, Seguridad Pública ejecutó $ 47.412 millones durante 2025, sobre un crédito total de $ 50.999 millones, lo que representa un nivel de ejecución del 92,97%.
En conjunto, el área representa el 4,75% del gasto ejecutado del Estado, ubicándose entre las funciones con mayor asignación de recursos.
La mayor parte de esos recursos se destinan al programa Prevención y represión del delito, que concentra $ 36.526 millones. Le siguen Gestión de la privación de libertad, con $ 10.798 millones; Prevención y combate de incendios y siniestros, con $ 2.792 millones; y Seguridad vial, con $ 882 millones.
Más policías para patrullaje y nueva flota policial
Uno de los principales artículos crea 300 cargos de agente destinados al patrullaje preventivo.
El Ministerio del Interior fundamenta la medida en la necesidad de incrementar la presencia policial ante "el narcotráfico y la disputa entre bandas", fenómenos que, según sostiene, requieren una mayor presencia policial tanto fija como dinámica. La creación de los cargos también contempla los recursos necesarios para su equipamiento.
La Rendición asigna $ 144 millones para la adquisición de nuevos vehículos policiales, una compra ya anunciada por el Ministerio del Interior.
El objetivo es reducir la cantidad de móviles fuera de servicio, aumentar la capacidad operativa y fortalecer el patrullaje preventivo como herramienta de disuasión del delito.
Inteligencia artificial para casos de violencia de género
El capítulo de seguridad también incorpora el uso de inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la respuesta ante situaciones de violencia doméstica y de género.
Según el anexo de Áreas Programáticas, la Rendición toma como indicador la tasa de denuncias de violencia doméstica y hechos asociados por departamento. Esos hechos asociados incluyen delitos cometidos en ese contexto, como amenazas, lesiones o desacato, entre otros.
La línea se complementa con los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior para 2026 en materia de género, que incluyen una respuesta especializada en violencia doméstica y de género, un sistema de valoración de riesgo, formación institucional y mejoras en el acceso a la justicia en el ámbito rural.
Además, Interior y el PNUD incluyeron entre sus ejes de cooperación el trabajo en violencia digital, con foco inicial en niñas, niños y adolescentes y futuras acciones orientadas a mujeres, así como la aplicación de inteligencia artificial al servicio de la investigación criminal y el análisis delictivo.
La Rendición de Cuentas también prevé avanzar en la digitalización de la atención al público en las seccionales policiales, mediante la incorporación de herramientas que permitan realizar trámites y denuncias con mayor agilidad y reducir los tiempos de espera.
El objetivo es modernizar la atención policial, facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Ministerio del Interior y liberar recursos humanos para tareas operativas, complementando el proceso de transformación digital que impulsa la cartera.
Centros de monitoreo, comisarías móviles y más tecnología
El proyecto también prevé la instalación de salas de monitoreo focalizado en territorios priorizados, que integrarán en un mismo sistema la videovigilancia, el despacho de móviles, las comunicaciones por radio, la georreferenciación, el patrullaje, el análisis criminal y la preservación de evidencia.
A esto se suma la incorporación de 12 comisarías móviles, tráileres equipados para brindar presencia policial y atención a los ciudadanos en las zonas definidas como prioritarias dentro del Plan Nacional de Seguridad.
Entre las innovaciones tecnológicas figura la ampliación del sistema ShotSpotter, utilizado para la detección acústica de disparos, con el objetivo de extender su cobertura en las zonas de mayor incidencia delictiva.
Además, el Ministerio del Interior propone implementar un Sistema Nacional de Biometría Multimodal, destinado a fortalecer la identificación civil, criminal, forense, penitenciaria y fronteriza, reduciendo los tiempos de identificación y mejorando el apoyo a las investigaciones complejas.
La Rendición también habilita la expedición del Documento Nacional de Identidad en formato digital, que coexistirá con la cédula física.
El anexo del proyecto también advierte sobre el crecimiento de algunos delitos que requieren mayor inversión tecnológica. Entre ellos aparecen las estafas y fraudes informáticos, cuya tasa pasó de 417,2 denuncias cada 100.000 habitantes en 2021 a 878,6 en 2024, antes de descender a 729,5 en 2025.
Cambios en la Ley de Faltas y controles de tránsito
El proyecto incorpora nuevas disposiciones en materia de seguridad vial.
Entre ellas, establece sanciones para quienes circulen con vehículos sin identificación reglamentaria, con matrículas adulteradas o correspondientes a otros automóviles, incorporando multas y medidas correctivas.
Asimismo, agrega la detección positiva de cocaína como causal para la inhabilitación y el retiro preventivo del permiso de conducir, ampliando el régimen vigente.
Cambios en el sistema penitenciario
La Rendición también propone la creación del Instituto Nacional de Reinserción, un nuevo servicio descentralizado que sustituirá al actual Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para administrar las cárceles y las medidas alternativas a la prisión.
El nuevo organismo tendrá mayor autonomía de gestión y podrá expropiar inmuebles y acceder a exoneraciones tributarias para cumplir sus cometidos. Además, se crean tres cargos de gerentes para fortalecer la administración de un sistema penitenciario que supera las 16.800 personas privadas de libertad.
