El pasado jueves se trató en la Junta Departamental la concesión a Burger King del ex Parador Nelson
El jueves pasado la Junta Departamental de Montevideo trató la concesión del parador del Parque Rodó a Burger King por 20 años, en un proceso criticado como ilegal por los ediles opositores.
"Cuando un pequeño comerciante tiene que abrir un quiosco, se le ponen todas las trabas posibles, tiene una burocracia tremenda la Intendencia de Montevideo", dijo el edil blanco Gonzalo Gómez, que había presentado una moción para dejar sin efecto la cesión del ex Parador Nelson. "Sin embargo, cuando una empresa decide invertir un millón de dólares, le abrimos la puerta, le hacemos todos los procesos necesarios, violamos todas las normas, las maquillamos, agarramos una biblioteca de no sé dónde…", cuestionó el nacionalista durante la discusión en el plenario.
La bancada del Partido Nacional cuestiona principalmente tres aspectos.
El primero es que el antiguo concesionario PYG (Kerifos S.A.) le cedió el parador a Burger King (Adiser S.A.) cuando en realidad su propia concesión ya había terminado meses atrás. Esta cesión duró solo 19 días hasta que terminó la concesión de Kerifos –que había sido extendida por la intendencia, de manera irregular según concluyó el Tribunal de Cuentas–.
El segundo es que la renovación de la concesión de Burger King –una vez terminada la cesión– fuera de 20 años y no pasara por la Junta Departamental. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, debería haber pasado por la junta porque el plazo de la concesión trascendía el periodo de la administración del momento (encabezada por Mauricio Zunino)-
El tercer punto que cuestionan es que las cesiones por tanto tiempo deben hacerse con un llamado a licitación pública, no con una adjudicación directa, también según entendió el Tribunal de Cuentas.
Aunque el contrato no pasó por la junta, los ediles se enteraron porque el Tribunal de Cuentas observó el accionar de la intendencia y avisó, como debe hacer, al legislativo departamental.
El documento del Tribunal de Cuentas fue archivado, junto al resto de temas del antiguo período de la junta. Sin embargo, el acuerdo político entre Frente Amplio y Partido Nacional era que, a pedido de la oposición, se podían desarchivar. Eso es lo que harán en la Comisión de Presupuesto, donde además de tratar las observaciones del tribunal, pedirán que la comuna vaya a dar sus explicaciones.
"Hoy el intendente es Mario Bergara y queremos saber qué piensa en relación a estos actos irregulares e ilícitos que cometió la intendencia y que perduran por 20 años", dijo el edil Gómez. "Esperamos que esta nueva administración departamental no viole las normas como lo hizo la anterior", sostuvo.
El edil afirmó que la anterior administración no cumplió con los artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que reglamenta las compras y contrataciones estatales, así como la Ley Orgánica Municipal.
Como había informado El Observador, el Tribunal de Cuentas observó que el concesionario original había cedido su contrato a Burger King cuando su propio contrato había ya vencido en mayo de 2024. El argumento de la intendencia es que que el contrato se extendió siete meses más porque el parador debió estar cerrado esa cantidad de veces en la pandemia. El Tribunal de Cuentas rechazó este planteo.
El edil dijo que la comuna se basó en la teoría de la imprevisión –que permite cambiar las condiciones de un contrato si en el medio sucedieron circunstancias extraordinarias– pero que el tribunal desestimó esa postura. Agregó, además, que la apelación a esa teoría "abre un precedente grave para que otras personas físicas y jurídicas puedan aplicar esta jurisprudencia".
El edil frenteamplista Diego Revetria le reprochó a Gómez que hiciera "el juego para la tribuna" cuando el oficialismo le había acompañado abrir el debate en el plenario y había accedido a desarchivar el expediente del Tribunal de Cuentas en la comisión.
"Yo puedo venir acá, hacer una intervención, que quede muy linda, subirla a la redes. ¿Eso cuánto contribuye al trabajo legislativo?", apuntó Revetria. Para el oficialista, esto se trataba de una extensión de la campaña.
La también frenteamplista Fátima Vázquez recordó que el departamento de Jurídica de la intendencia había respaldado el proceso, respondiéndole al tribunal que había "una diferencia de criterio en la norma, pero que no está violando".
Vázquez dijo también que no había pasado por la Junta Departamental porque ya lo había hecho cuando se "hizo la primera concesión".
La edila señaló que la cesión de PYG a Burger King se dio porque el primero tenía una deuda de "muchos años" y el segundo se comprometió a hacerse cargo.
El hecho de que la cadena de comida rápida hubiese pedido la cesión a solo 19 días de que se venciera el contrato hace que el edil blanco Rafael Seijas sospeche de que en realidad ya estaba hecho el acuerdo para la segunda cesión (de 20 años).
Seijas dijo que la intendencia se "salteó" a la Junta Departamental y que después no respondió al pedido de informe que hizo él junto al entonces edil Javier Barrios Bove.
En referencia a lo que había dicho Revetria, Seijas dijo que el hecho de que estuvieran planteando el debate a esta altura del periodo, lejos de la siguiente campaña, demuestra que no estaban "haciendo circo".
"Es un tema que nos preocupa", sostuvo y subrayó la importancia de tratarlo lo antes posible. "Si lo seguimos alargando en cualquier momento empiezan a salir las hamburguesas", ironizó.
Finalmente, el edil blanco Joaquín Campos pidió que en la comisión se analice cómo se hizo el cálculo de la "contraprestación" que la intendencia le solicita a Burger King.
"Si se hace una prórroga entendemos que se debe hacer un estudio económico de mercado porque seguramente no sea lo mismo calculara un canon o una contraprestación (ahora que) hace 20 años", dijo Campos.