El exsenador del Frente Amplio (FA), Charles Carrera, se refirió al caso Morisini, del hombre de Soriano que secuestró y mató a sus hijos y aseguró que hay que derogar la ley de tenencia compartida, aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou a instancias del expresidente, y cuestionó que en el caso "no hay ley Amber que se pudiera aplicar, si vivían a 50 metros".
Durante su participación semanal en el programa La Mañana del Nuevo Ritmo (Radio Rivera) el político del Frente Amplio, que es abogado y fue director de Secretaría del Ministerio del Interior en la era Bonomi, reflexionó sobre lo ocurrido en Soriano y apuntó que a partir de este episodio la política tiene que sacar "aprendizajes".
En este sentido, cuestionó la situación actual de Uruguay en cuanto a la violencia vicaria -forma de violencia de género donde los hijos de una mujer son usados para causarle dolor a ella- y afirmó que el país ha "retrocedido" en esta materia.
Carrera también se mostró crítico con el alcance de las medidas de restricción que tenía el hombre para con la madre de los menores.
"No puede ser que tenga una medida de restricción de 50 metros, es imposible cuidar a una persona en 50 metros. Cuando yo era director general del Ministerio del Interior, aplicamos el sistema de tobilleras. Hay lugares donde no sirven las tobilleras, ahí por más que hubiera tobilleras, no sirven, 50 metros es imposible", dijo y añadió que "no hay ley Amber que se pudiera aplicar si vivían a 50 metros".
En ese sentido opinó que la ley de tenencia compartida aprobada en la administración pasada "hay que derogarla".
"A mí me tocó como abogado algún caso donde quizás existió alguna mentira, pero no podemos generalizar que las mujeres mienten y que por eso se debe aplicar el tema de la tenencia compartida", aseveró.
"En el Uruguay está comprobado que la gran mayoría de los casos de violencia de género y de violencia doméstica son verdad. Y cuando un padre ejerce violencia sobre una madre, ejerce sobre sus hijos, porque una familia que se cría en ese ambiente, unos hijos que se crían en ese ambiente, están sufriendo violencia", agregó.
En este marco, sostuvo que tiene que haber un "fuerte compromiso de la sociedad civil, de los grupos organizados, de la sociedad civil, de los feminismos" para ayudar al FA a construir "esa mayoría necesaria".
Ante esta situación y otras que se han dado en este tiempo, el exsenador subrayó que es "muy importante" combatir la "violencia hacia la mujer, los niños y a los adolescentes" y destacó a la "necesidad" de contar con una "legislación" que "proteja a la mujer".
Los cuestionamientos a la ley
Cuando desde la coalición que gobernaba en el período pasado se envió el proyecto al Parlamento, que fue impulsado directamente por el presidente Lacalle Pou, grupos feministas, el Frente Amplio y en concreto, el MPP, cuestionaron la iniciativa por considerarla innecesaria y nociva para los niños.
Desde el MPP, la actual diputada Inés Cortes y Lucía Segales señalaban que "el principal mito" que sostenía la iniciativa es el supuesto de que en Uruguay existiría, a priori, cierta “preferencia” de la justicia con las mujeres, y que la tenencia compartida es una novedad que introduce el proyecto en cuestión. Sin embargo, se afirmaba, que ya existía la tenencia compartida en Uruguay, y está contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Como "segundo mito" se apuntaba a que "existe una cantidad enorme de denuncias falsas", de abuso y maltrato hacia menores por parte de sus progenitores. Aclaraban al respecto que 4.000 juicios por tenencia o ratificación de tenencia, que se realizan por año en Uruguay, tan solo 30 son apelados en tribunales de segunda instancia.
También planteaban que detrás de esos proyectos hay organizaciones internacionales de varones denominadas “Stop abuso” o “Todo por nuestros hijos”, con una prédica abiertamente anti-feminsita.
Apuntaban, con datos estadísticos del año anterior (2021), que los padres son los principales agresores (39%) seguidos de la madre (23%).
