El caso fue elevado a la Fiscalía, dado que el conductor de la moto no pudo trabajar durante dos meses e hizo un reclamo en el ámbito penal en contra de la conductora del vehículo. Pero el Ministerio Público no encontró elementos como para adjudicar responsabilidades y decidió archivar la causa, por lo que el denunciante pidió el reexamen para que otra dependencia haga una investigación.
En la audiencia, celebrada en junio, la defensa del motociclista contó que al momento del siniestro la mujer junto a su acompañante se fugaron pero dieron con ellas luego de que accedieran a algunos videos de cámaras de seguridad privadas. Precisamente, uno que muestra cómo el hombre cae al pavimento.
“Nosotros teníamos el video, el correo al seguro donde la conductora admitía su participación en el hecho. Pensábamos que teníamos todos los elementos a los efectos de demostrar una omisión de asistencia y las lesiones”, agregó el abogado y sostuvo que su defendido estuvo internado en el Hospital Maciel.
Sobre las lesiones, que no revistieron gravedad, la mayor consecuencia para la víctima fue que no pudo caminar por dos meses.
Por su parte, la Fiscalía de Flagrancia de 2° Turno representada por Sergio Palomeque indicó que las lesiones fueron leves y “no existió riesgo para la vida” del motociclista. De igual manera, el informe forense se realizó el 12 de abril, pero el hecho fue en enero.
La explicación del Ministerio Público es que no pudieron hacer las coordinaciones pertinentes para realizar la pericia médica antes. “Posiblemente sea determinante”, dijo Palomeque en relación al tiempo que pasó entre el siniestro y la fecha del examen médico a la víctima.
“Nosotros archivamos esta denuncia por varias causas. La leve entidad de las lesiones, las versiones contradictorias, la ausencia de testigos y principalmente lo que se puede llegar a observar en la filmación aportada no puede ser concluyente en que el auto haya atropellado a la moto”, argumentó Palomeque, según el audio de la audiencia al que accedió El Observador.
El fiscal, en tanto, sostuvo que existen otras vías de la justicia más específicas para resolver el tipo de denuncias realizadas, como por ejemplo, a través del ámbito civil. “No entendemos por qué no activó contra el SOA (Seguro Obligatorio de Automotores) del vehículo que dice que fue el embestido”, insistió Palomeque.
La versión del fiscal sobre el video que agregó la defensa a la carpeta investigativa es que no queda claro cuál fue el vehículo que embistió primero. “No podemos determinar quién quiso rebasar a quién”, sostuvo Palomeque.
La declaración de la conductora
La jueza Silvia Urioste preguntó a Palomeque por qué la conductora decidió no prestar asistencia. El fiscal respondió que la mujer contó que “tuvo una pequeñísima discusión” con el conductor de la moto antes de la colisión.
“Cuando pretenden ingresar a la Rambla, allí se da una circunstancia en la que el conductor de la moto se molesta porque el vehículo (auto) había pretendido adelantarse, cosa que no hizo”, aseguró Palomeque e insistió: “La moto sigue por la Rambla, el auto toma la Rambla. Y la versión de la mujer y su acompañante es que el señor espera que el auto se coloque por el lado izquierdo y le pretende arrancar el espejo”.
Palomeque agregó que las mujeres se van del lugar y aseguraron que “no saben” si la presunta intención del motociclista de arrancar el espejo provocó la caída del hombre o si fue una maniobra de la conductora del auto que impulsó el impacto. “Ellas se van sin darse cuenta de que se había caído”, aseguró el fiscal.
Por otro lado, Palomeque dijo que la moto no debería estar circulando ese día porque no tenía contratado el SOA. “Esta es una situación muy similar a cuando una persona carece de licencia de conducir, desde el punto de vista penal, obviamente que la persona que estaba sin libreta no debía estar en ese lugar”, argumentó el fiscal.
Palomeque indicó, por otra parte, que la conductora y la acompañante no fueron citadas por la Fiscalía dado que la legislación establece que no hay argumento alguno de por qué hacerlo, pese a que la defensa de la víctima lo pidió. Por lo tanto, ambas dieron su versión de los hechos en una dependencia policial.
La defensa del hombre sostuvo que le insistían al Ministerio Público sobre la necesidad de la declaración de la conductora porque el hecho en sí es “confuso” y podrían haber aportado elementos, sobre todo, por la presunta omisión de asistencia que denuncia el chofer de la moto.
Con respecto al SOA, el abogado indicó que en lo penal no es un elemento de preponderancia. “Es un tema administrativo de si pagó en el año o no, de cuándo pagó”, añadió el defensor.
El conductor de la moto aseguró que no fue citado a declarar por la Fiscalía y tampoco la mujer que manejaba el auto o su acompañante se pusieron en contacto con él luego de que se diera el hecho.
La resolución de la jueza
Por su parte, la jueza Urioste recordó que la Constitución establece que los habitantes de la República tienen derecho a ser defendidos en el goce de su vida. “En este caso considero que lo denunciado es un hecho muy grave y que estamos hablando de un siniestro de tránsito donde dos personas iban en un vehículo en un momento en que no hay tránsito y razonablemente tiene que haberse escuchado un ruido”, agregó.
La magistrada, sobre la supuesta discusión alegada por la conductora, sostuvo que se desconoce pero “las personas tampoco llamaron para comunicar el siniestro”.
“El hecho de que no tuviera SOA, si bien es una falta administrativa, eso en todo caso no afecta la responsabilidad de una persona que embiste y lesiona a otra si es que es responsable”, agregó Urioste.
Con respecto a la Fiscalía, la jueza apuntó que le “llama la atención” que solo se tomara la versión de la conductora del auto y no la del lesionado. “No se pide historia clínica, no se sabe por qué se fueron del lugar, no se les tomó declaración”, indicó.
Palomeque interrumpió a la jueza y dijo que no había por qué tomarle declaración en la Fiscalía a la conductora. “Esa es su opinión, yo estoy dando la mía”, apuntó Urioste e insistió: “Yo lo dejé hablar. Estoy dando mi resolución”.
La magistrada indicó que considera que el caso “no fue investigado adecuadamente”. Y argumentó: “Porque las señoras que iban manejando el vehículo –sé cómo es porque yo manejo, sé que se escucha un ruido cuando se cae una persona porque me ha pasado– se fueron del lugar sin prestar asistencia, sin saber si estaba vivo o muerto”.
Para Urioste el hecho reviste gravedad porque es “en desmedro y desvaloriza la vida de una persona”, en referencia a cómo la Fiscalía llevó adelante la indagatoria. “Creo que como seres humanos tenemos que, por lo menos, preocuparnos de darle valor a la vida del otro”, apuntó.
La jueza resolvió, bajo el entendido que quedan diligencias pendientes y un posible delito, el reexamen de la causa.
