"Fui apartada en un contexto marcado por la difusión de audios filtrados (de filas "amigas") y por discursos de odio hacia mi identidad como mujer trans. Es una situación que duele y que merece una reflexión profunda sobre la violencia política y la discriminación", escribió en la plataforma X.
En su descargo, también dijo haber sido víctima de los "juegos de poder" y aseguró que durante su gestión no recibió "observaciones" ni "cuestionamientos" sobre su trabajo.
Spinetti había protagonizado una serie de polémicas antes de que el gobierno resolviera su cese. Primero recibió cuestionamientos por la designación de una expareja para cumplir tareas en la Secretaría de Derechos Humanos y, luego, volvió a concentrar atención por una serie de audios que generaron malestar, grabados antes de que asumiera el gobierno y difundidos por Hacemos lo que podemos.
En uno de ellos se refería a Gonzalo Civila y Federico Graña, hoy ministro y subsecretario de Desarrollo Social, como "machirulitos gay" y en otro cuestionaba el actuar de Yamandú Orsi en la campaña electoral pasada.
Luego de su cese, la ahora exdirectora se refirió a su gestión como digna de orgullo y mencionó que había trabajado para "acercar los derechos humanos a las personas".
"Logramos abrir espacios que parecían impensados (...) Recorrí el país, articulé con organizaciones de la sociedad civil, impulsé acuerdos con UNESCO y dejé encaminados convenios con Udelar, UTU y otras instituciones para la formación en DD.HH", expresó.
Spinetti concluyó con un pedido al presidente Yamandú Orsi para "charlar personalmente" y poder contarle "su experiencia y su verdad".
La reacción de Madres y Familiares a la unificación de las dos secretarías
Por su parte, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos cuestionó el decreto que dispone la integración de las dos secretarías y sostuvo que los cambios administrativos no resolverán los pendientes del Estado en materia de verdad y justicia.
"No pretendemos pronunciarnos sobre aspectos meramente administrativos. Sin embargo, nos preocupa profundamente la señal política que transmite esta reorganización. La integración de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente dentro de una estructura de carácter general puede implicar la pérdida de su especificidad, autonomía operativa, jerarquía y capacidad para impulsar políticas públicas sostenidas frente a obligaciones estatales que permanecen", afirmó la organización en un comunicado.
La organización expresó además su preocupación por haberse enterado de la reestructura a través de la prensa y consideró que una decisión de esa relevancia debió ser discutida previamente con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos.
Por último, la organización solicitó al Poder Ejecutivo que informe públicamente cómo quedará conformada la nueva estructura, qué recursos presupuestales, técnicos y humanos tendrá, cuál será la situación de los equipos especializados y de los funcionarios, y de qué manera garantizará la continuidad de las políticas públicas y la participación de las víctimas y las organizaciones.
"Lo que falta es la decisión política necesaria para avanzar efectivamente en materia de verdad y continúa pendiente una orden clara y expresa del Presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que poseen y permitan conocer dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos", aseguraron.
