En la última sesión de la Comisión de Defensa del Senado, los tres integrantes del Frente Amplio pidieron que se invite a las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional para que informen en qué estado está el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas (conocidas como OPV) por parte de la Armada.
En la carta, la senadora Sandra Lazo y los senadores Benjamín Liberoff y Alejandro Sánchez volvieron a remarcar sus dudas respecto a la elección del astillero español Cardama para construir los barcos y se preguntaron si éste al fin consiguió las garantías que se le exigen.
Los senadores recordaron que el 25 de enero, Cardama envió una nota informando de la marcha de los trámites para obtener las garantías solicitadas por Uruguay en el contrato. Allí el astillero gallego señalaba: “Según el mencionado contrato en su artículo 11 tenemos que presentar el documento de constitución de una garantía de reembolso por importe del primer anticipo de los dos buques, no más tarde de cuarenta y cinco días de la firma de dicho contrato, como condición para entrar en vigor. Asimismo, en el artículo 27 del contrato se establece la obligación de presentar una garantía de fiel cumplimiento por el importe del 5 % del total del contrato”.
Agregaban que para la constitución de los mencionados avales se había abierto una gestión ante el fondo de garantías español Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión). “Desde ese día, 8 de enero, se está trabajando muy intensamente ya por ambas partes –Pymar y Cardama– para generar, aportar y analizar diferente documentación técnica contable del proyecto y así ser analizada y aprobada en la próxima reunión del directorio. Dado que el Estado español participa de las reuniones del directorio como miembro y garante del proceso Pymar, la institución procesa los pedidos para este tipo de proyectos una vez por mes, por lo que nuestro pedido será procesado en la próxima reunión del directorio en el mes de febrero”.
Pero los senadores del Frente Amplio señalan que al día de hoy “se desconoce si se ha presentado al Ministerio la respuesta de Pymar a Cardama”.
“Más allá del anuncio de adquisición de las patrulleras oceánicas seguimos sin saber. ¿Cuál fue la recomendación de Pymar? ¿Desde febrero a junio no se ha expedido?”, agregan los legisladores. “No disponer de una respuesta implican dos opciones; o Pymar no recibió efectivamente toda la información que se necesita del astillero para que el equipo de experimentados profesionales pudiera realizar el estudio técnico, jurídico y económico vinculado al Fondo de Garantías Navales, o no encontró fortalezas en el proyecto como para emitir una garantía o respaldo para la construcción de estos buques”.
“Todas estas dudas están absolutamente vigentes”, sostienen Lazo, Liberoff y Sánchez. “Se han prorrogado los plazos una y otra vez. Recordemos, el plazo de entrega fue uno de los dos factores de definición según expresó el Ministerio. Ahora ya no parce importante, lo importante parece ser extender los plazos en beneficio de una empresa que, sin credibilidad alguna para que la propia banca española financie su proyecto, lleva ya seis meses de atraso en presentar avales de ley”.
La carta presentada en la Comisión de Defensa termina señalando que la compra de las patrulleras “implica una importante suma de dineros públicos que trasciende varias administraciones de gobierno”. Y remarca que si bien se comparte su necesidad, todo el proceso de adquisición “no ha contado con las garantías mínimas que el interés nacional requiere”.
La compra de los buques supera los US$ 90 millones (82,3 millones de euros).
El proceso, que ha tenido marchas y contramarchas, se inició en diciembre de 2021 cuando Lacalle Pou anunció la voluntad del gobierno de realizar un llamado internacional que fue declarado desierto porque los precios ofertados superaron los montos que el gobierno podía pagar.
Tras ese llamado, el Poder Ejecutivo evaluó incorporar dos buques noruegos usados similares a las OPV pero desistió tras un informe de los técnicos de la Armada. En ese entonces, en abril del año pasado, la marina convocó a algunos astilleros a presentar nuevas ofertas y tras un análisis técnico –que provocó que uno de los contralmirantes pidiera pase a retiro– eligió a Cardama.
El astillero tendrá 18 meses para entregar el primer buque y otros 12 meses para ofrecer el segundo.
