La falta de avances en la negociación del nuevo convenio salarial de la construcción llevó al gobierno –con Yamandú Orsi a la cabeza– a decidir intervenir tras observar que los diálogos están estancados y que ambas partes –sindicatos y empresarios– están escalando el conflicto con medidas y acusaciones cruzadas que afectan al sector.
La decisión fue comunicada por el mandatario este martes tras una reunión con integrantes del Sunca en la que también participaron el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Previamente –hace dos semanas– Orsi había tenido un encuentro mano a mano con el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal.
En ambas reuniones, según reconstruyó El Observador con participantes, el presidente transmitió su “preocupación” por la conflictividad que se estaba desarrollando y señaló que buscaría “acercar a las partes” por lo que instruyó a Castillo a que convoque a la brevedad a delegados de ambos.
Ese encuentro será este jueves a las 15 en el Ministerio de Trabajo y el objetivo del Poder Ejecutivo es presentar una “propuesta intermedia” que logre consenso.
El convenio colectivo de la construcción venció el 31 de marzo de este año.
Desde entonces, el gobierno presentó los lineamientos –que suponen una vigencia de dos años con ajuste semestral y tres franjas para los incrementos en función de los salarios– y tanto la gremial como el sindicato dieron a conocer sus plataformas.
En total tuvieron diez reuniones que no registraron avances. Lo habitual es que las negociaciones duren unos noventa días máximo pero en este caso llevan más de 110. El Poder Ejecutivo puede laudar pero en este caso hará esfuerzos para que haya consenso.
A su vez, con el paso del tiempo, ambos comenzaron a tomar medidas: el sindicato a realizar paros, manifestaciones y asambleas no coordinadas, y los empresarios a enviar al seguro de paro a trabajadores.
El presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo a El Observador que esto último se está haciendo “en función de la movilización de los trabajadores” por lo que anunció que presentarán una denuncia ante la Inspección General de Trabajo por “incumplimiento patronal” ya que a su entender lo hacen “sin causa” que lo amerite.
El gremio se reunió este lunes con la presidenta del BPS, Jimena Pardo. Manejan que unos 150 trabajadores fueron enviados a seguro de paro en estos meses. A su entender, las medidas adoptadas corresponden al uso del derecho a la huelga y “no deben ni pueden” ser “castigados” con el envío al seguro de paro.
Los empresarios, en tanto, señalan que las paralizaciones generan distorsiones en las obras incluso en momentos en que las tareas no pueden interrumpirse. Un caso paradigmático en este sentido se dio en Punta del Este en la obra de la torre “Surfside Elleva”. Las medidas sindicales frenaron el llenado de hormigón de una de las losas de la obra. La empresa calificó lo sucedido como "un acto de irresponsabilidad total" y envió a 47 trabajadores al seguro.
“La preocupación es que a nadie le gusta que se estén perdiendo jornales ni tampoco que las empresas estén perdiendo posibilidad de negocios; esperamos que se pueda avanzar en el diálogo, como siempre lo hemos hecho y salir adelante", dijo Ruibal tras reunirse con Orsi.
Las diferencias en la negociación
En las reuniones, los empresarios plantearon que el convenio sea a cuatro años y el sindicato retrucó que entonces deben hacerse cambios en la fórmula para asegurarse que no haya pérdida salarial si la inflación se mueve por fuera de los rangos previstos por el gobierno.
Más allá de esto, son dos los puntos que generan las mayores diferencias.
El primero es que el Sunca quiere bajar de 44 a 40 la cantidad de horas de trabajo semanales. El sindicato logró en 2008 disminuir de 48 a 44 y ahora tiene como principal punto de su plataforma que los empleados trabajen de 8 horas de lunes a viernes.
Inicialmente, los empresarios se negaron pero luego transmitieron que podían estar de acuerdo en llevar la semana a 42 horas siempre y cuando hubiera una “modernización” en las relaciones laborales.
En un documento enviado a sus afiliados el 17 de julio sobre el “estado” de la ronda salarial al que accedió El Observador, la cámara empresarial señaló que mostraron “voluntad de acuerdo sobre la base de una lógica de modernización del tiempo de trabajo, buscando avanzar de forma equilibrada”.
“Trabajamos para acercar una propuesta concreta en el corto plazo. Sobre la mesa está planteado reducir a 42 horas la semana laboral durante la vigencia del convenio, sabiendo el impacto en los costos de las empresas, pero procurando mostrar voluntad de acuerdo y en sintonía con la sensibilidad que este planteo traduce, apuntando sustancialmente a la modernización del tiempo de trabajo”.
Aunque no lo aclara, la referencia a la modernización supone que las horas puedan distribuirse de diferente forma y no sean necesariamente 8 por día, ya que –según señalan– en algunos momentos es más necesario que haya jornales más largos.
El Sunca contestó que la propuesta es “regresiva” y “desreguladora” por lo que no considera el punto como atendible.
El segundo asunto de discordia son los “ingresos a pie de obra” mediante sorteos. Esto se aplicó en el convenio anterior en 16 departamentos y supuso 530 ingresos.
El Sunca pide extenderlo a los 19 –ya que los tres que quedaron por fuera son Montevideo, Canelones y Maldonado– pero los empresarios no están de acuerdo y dijeron que están dispuestos a analizar la ampliación a Canelones “hasta la zona metropolitana definida por el INE”.
A entender de los empresarios, el sistema de ingresos se construyó para la promoción del empleo, y estos tres departamentos son los que tienen la mayor tasa de ocupados en la industria.
