El diagnóstico está claro: Uruguay es uno de los tres países de América Latina con peores tasas de egreso de la enseñanza obligatoria. El agravante está a la vista: en los sectores más pobres, solo dos de cada diez acaba el bachillerato. Y la actualización de los datos es alarmante: de todas las metas educativas que se trazó el actual gobierno, la culminación del liceo y UTU es la que quedó más lejos de cumplirse (en 2023 debía superar el 60% y apenas alcanzó 51,6% de los jóvenes de 21 a 23 años).
Los técnicos que elaboraron el programa de gobierno del Partido Nacional reconocen que la batería de medidas llevadas a cabo hasta ahora —léase la transformación curricular, los cambios de gobernanza que introdujo la LUC, la acreditación universitaria de los docentes, entre otras— no logra mover la aguja ante un desafío clave: hacer que los jóvenes (menores de 20 años) que abandonaron la educación obligatoria, y a quienes les restan “migajas” para terminar el bachillerato, acaben por fin el ciclo de enseñanza.
Por eso el candidato Álvaro Delgado anunció, tras la convención partidaria del pasado fin de semana, una medida polémica: darles 6.000 dólares a cada estudiante menor de 20 años, del 40% más pobre de la población, que acabe la enseñanza obligatoria. Sería como un “premio” a quien, siendo de los sectores más vulnerables, consigue la escolaridad completa.
Como el pago es gradual (unos 2.000 dólares al acabar el penúltimo año del bachillerato y los otros 4.000 al finalizar el bachillerato entero), eso involucra a dos generaciones de jóvenes “pobres”. Hoy equivalen a unos 10.000 estudiantes activos. Pero los técnicos del Partido Nacional se proponen duplicar la tasa de egreso en esos contextos y llegar a los 20.000. Eso supone, si se mira el universo general de egreso, un incremento de entre cinco y diez puntos porcentuales del total.
Pero la propuesta fue criticada por algunos técnicos independientes o de otros partidos políticos. El sociólogo Pablo Menese, por ejemplo, fue enfático: “dar 6.000 dólares por única vez no arregla ninguno de los problemas de base”.
¿A qué se refiere? En su tesis de maestría, Menese había comprobado que terminar el liceo “no hace la diferencia”. ¿En qué sentido? El mercado laboral paga lo mismo a quien cuenta con el bachillerato finalizado o quien abandonó en tercer año. A su vez, ir al centro educativo tiene costos cada vez más altos: útiles, alimentación, transporte, ocio. Y, por si fuera poco, ningún programa de becas actual logra cubrir esos costos, ni se acerca a lo que ganaría ese estudiante si estuviera trabajando en lugar de estar estudiando”.
Menese hizo un experimento para ver si la paga de Asignaciones Familiares tenía un efecto positivo en garantizar que los estudiantes asistieran a clase. Y si bien existe ese “incentivo” en la educación media básica, no es tal en el bachillerato.
En la práctica, dice el sociólogo, terminar el liceo no tiene un sentido más allá de ir a la universidad. Pero esos problemas estructurales “no los resuelve un incentivo de paga por única vez”.
Gonzalo Baroni, actual director nacional de Educación y uno de los cerebros detrás de la propuesta del Partido Nacional, coincide con Menese: la medida no revierte los problemas estructurales. Pero, dice, “este es un shock que busca revertir la tendencia y sumar al sistema a muchos de los que ya se han caído… es gente que no va a volver a estudiar porque le digas que ahora la educación es en base a competencias, o porque trabajen en base a proyectos”.
Los blancos quieren escalar el programa Más Talento que ya funciona en Paysandú. O seguir los pasos del plan FinEs de Buenos Aires.
Pero el exdirectivo del Ineed, Pablo Cayota, advierte que otros programas de este estilo no han dado buenos resultados. Como ejemplo citó el plan de Barack Obama para que los hispanos más pobres no tuviesen que pagar el ingreso a la universidad que, en Estados Unidos, vale decenas de miles de dólares.
Al respecto, un estudio publicado en la revista Science documentó que “la ayuda financiera no es el único aspecto del proceso de ingreso a la universidad en el que surgen barreras. Hay muchas otras decisiones y pasos que “se suman para el acceso a la educación superior, y durante todo el proceso, desde la consideración de la universidad hasta la inscripción, los estudiantes de bajos ingresos se quedan atrás”. Otra vez: esa inyección de dinero no resuelve los problemas de base.
Este miércoles, los técnicos del Partido Nacional explicarán en conferencia de prensa más detalles de la polémica propuesta, a la vez que anunciarán otras medidas que incluyen la reformulación de la ley de Educación, cambios programáticos y otra curiosidad: “Establecer un Examen Nacional de Egreso de la Educación Obligatoria con carácter diagnóstico y formativo (se estudiará la posibilidad de la utilización de los resultados para posibles criterios de elegibilidad de becas en la educación superior, en conjunto con la utilización de criterios de vulnerabilidad social)”.
