La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) falló sobre el caso de una joven venezolana que se contagió de covid-19, quedó paralítica y terminó viviendo en el Hospital Maciel donde ella y su madre, según denunció esta última, sufrieron discriminación.
En una resolución enviada a la ministra de Salud, Karina Rando, la Inddhh advirtió que "puede observarse una posible discriminación institucional atribuible a ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado)" y recomendó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que investigue "para determinar posibles responsabilidades administrativas en relación con los hechos denunciados".
La denuncia a la Inddhh fue presentada el 8 de julio de 2023 por la madre de la joven. Allí informó "sobre una presunta violación del derecho a la no discriminación", dice la resolución del instituto. La mujer llegó a Uruguay con un permiso humanitario en setiembre de 2021.
La historia de la joven
Su hija había llegado al país el 5 de agosto de ese año y a los dos días presentó síntomas de covid. Dio positivo, se la internó en el Hospital Evangélico donde tuvo "complicaciones respiratorias" y la tuvieron que trasladar al CTI e intubarla.
El 25 de agosto de 2021 "sufrió un daño severo tras la desconexión del ventilador del CTI lo que la dejó sin respuesta a estímulos pese a estar despierta". Según la denuncia de su madre, "el informe médico atribuyó el incidente a un error de la máquina, pero no se realizó una investigación exhaustiva para confirmar esta teoría".
A la joven le hicieron una traqueotomía que fue exitosa y "al concluir la cobertura del seguro de viajero, fue transferida e internada en el Hospital Maciel".
Ahí fue donde ella y su madre, que ya la acompañaba, sufrieron de discriminación e insultos, según la denuncia. La mujer denunció que una funcionaria adjunta a la dirección del hospital las quería trasladar a Rivera, que otros funcionarios le decían cosas como "agradece que te sacamos el hambre todo este tiempo", que ella "estaba de viva, se tenía que ir", que se "vaya a Venezuela", entre otros comentarios xenófobos.
Aunque ya había advertido la situación al Inddhh, la madre de la joven hizo una denuncia el 18 de setiembre de 2023 en la oficina de Atención al Usuario del MSP.
El 19 de setiembre, la joven luego fue trasladada al hospital Saint Bois, donde El Observador la entrevistó y contó su historia.
El 2 de octubre de 2023 la mujer amplió la denuncia e indicó que hubo "mala praxis" porque su hija recibió "mala o poca atención" del personal médico que recibía "directrices de dirección y tal parece que la orden era tenerla con vida pero no hacer ningún cambio para que ella pudiera recuperar su salud". Dijo que tras 13 días en el Saint Bois ya había visto "muchas cosas buenas" en cuanto a en su recuperación.
La denuncia llegó también a Fiscalía, donde la tomó la fiscalía de Flagrancia de 9° Turno.
La resolución de la INDDHH
Según la resolución de la Inddhh –que no es vinculante–, "puede observarse una posible discriminación institucional atribuible a ASSE, ya que no brindó una respuesta adecuada a las denuncias presentadas (por la madre de la joven)". "Según surge de las actuaciones, su denuncia fue archivada sin resolución ni notificación a la denunciante".
Además, dice que "ASSE dio por finalizadas las actuaciones sin notificar lo informado ni otorgar plazo para que la denunciante pudiera responder". Esta decisión, según el instituto, "cercenó la posibilidad de acceder a una segunda instancia, en la que participaría el MSP".
El consejo directivo del Inddhh resolvió que se constaten las posibles vulneraciones de derechos, solicitó a Fiscalía conocer el estado del trámite de la denuncia y dio recomendaciones a ASSE y al MSP.
Al prestador de salud pública le recomendó que implemente programas de formación y capacitación en derechos humanos sobre no discriminación y trato digno en los centros de salud, y que haga "una revisión del procedimiento de manejo de denuncias y quejas" para que se ajusten a los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos.
Por otro lado, al ministerio le recomendó "la realización de una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas en relación con los hechos denunciados".
