El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala presentó un proyecto de ley que propone sancionar a los conductores que protagonicen agresiones físicas durante incidentes de tránsito con multas y la suspensión de la libreta de conducir por hasta dos años.
La iniciativa busca incorporar estas conductas como una infracción gravísima de tránsito y surge en un contexto de preocupación por distintos episodios de violencia registrados en Uruguay, entre ellos la brutal agresión ocurrida el pasado 20 de octubre en Pocitos, cuando un conductor golpeó a otro y le pisó la cabeza hasta dejarlo inconsciente.
El proyecto plantea modificar la Ley N°19.824 para establecer sanciones administrativas que se aplicarían independientemente de las eventuales responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse de los hechos.
Qué sanciones propone el proyecto de Pablo Abdala
La iniciativa establece que toda agresión física intencional cometida por un conductor contra otro conductor, pasajero, peatón, usuario de la vía pública o inspector de tránsito, cuando esté directamente vinculada con un conflicto vial, será considerada una infracción gravísima.
La sanción incluirá una multa y la suspensión de la licencia de conducir, con inhabilitación para manejar por un plazo de hasta un año.
Sin embargo, la suspensión podrá extenderse hasta dos años cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
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La agresión provoque lesiones graves o gravísimas.
Se utilicen armas, objetos capaces de causar lesiones o el propio vehículo como instrumento de agresión.
La víctima se encuentre en una situación de indefensión.
El conductor sea reincidente en la misma infracción.
El proyecto excluye las discusiones exclusivamente verbales y las conductas amparadas por una causa legal de justificación.
Además, si el agresor no tiene libreta de conducir, quedará inhabilitado para obtenerla durante el período correspondiente.
Las sanciones tendrían alcance nacional y se incorporarían al Registro Nacional Único de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores.
Cómo se comprobarían las agresiones en el tránsito
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que no será necesario que un inspector de tránsito presencie la agresión para que pueda aplicarse la sanción.
La autoridad competente podrá utilizar grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, actuaciones policiales e informes médicos para acreditar los hechos.
Sin embargo, el texto establece que una denuncia o una investigación penal no serán suficientes por sí solas para sancionar al conductor.
Deberá comprobarse la agresión, su relación directa con un incidente de tránsito y la responsabilidad personal del infractor, quien tendrá derecho a presentar descargos y pruebas antes de que se adopte una resolución.
La agresión en Pocitos y otros episodios que motivaron el proyecto
En la exposición de motivos, Abdala menciona varios episodios de violencia en el tránsito ocurridos durante los últimos años. Uno de los más recientes tuvo lugar el 20 de octubre en la esquina de Berro y Guayaquí, en Pocitos, donde una discusión entre dos conductores terminó con una brutal agresión.
Según informó en aquel entonces Telenoche (Canal 4), uno de los involucrados golpeó al otro, lo arrastró hasta la vereda y le pisó la cabeza hasta dejarlo inconsciente. El atacante abandonó el lugar sin asistirlo. La víctima, un paciente oncológico, debió someterse a estudios médicos y anunció que presentaría una denuncia.
El proyecto también recuerda un episodio ocurrido el 13 de abril de 2026 en Cuareim y Colonia, en el Centro de Montevideo, cuando un repartidor que circulaba en moto murió tras ser agredido con un objeto punzante durante una discusión con un automovilista.
Además, menciona agresiones contra inspectores de tránsito en Montevideo y Ciudad de la Costa, así como un enfrentamiento ocurrido en San Carlos, Maldonado, que terminó con un funcionario policial agredido.
La exposición de motivos reconoce que estos antecedentes no permiten demostrar estadísticamente un aumento de la violencia en el tránsito, pero considera que evidencian una problemática que requiere una respuesta específica.
La iniciativa sostiene que la conducción de vehículos implica deberes especiales de prudencia, respeto y seguridad, y que las agresiones físicas derivadas de conflictos viales deben tener consecuencias sobre la habilitación para manejar.
De aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo dispondrá de 180 días para reglamentarla, incluyendo la determinación del monto de las multas y las condiciones de aplicación de las sanciones.
