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El ministro de Martínez: ¿cómo le fue a Gustavo Leal como asesor del Ministerio del Interior?
Hasta este martes seguía siendo un rumor. El papel que eventualmente tendría el sociólogo Gustavo Leal –asesor del candidato frenteamplista, Daniel Martínez, y director de Convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior– si el oficialismo ganara las elecciones en octubre, había sido un tema de discusión y especulación reiteradas veces.
Sin embargo, en medio del debate presidencial con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, Martínez sorprendió con el anuncio: "Ya estamos comunicando que (Leal) va a ser el ministro del Interior del gobierno del Frente Amplio", dijo casi al pasar durante el bloque dedicado a "Seguridad humana y convivencia".
Lacalle Pou, que antes de que Martínez diera la noticia se había referido a Leal, respondió que la posibilidad de que él fuera ministro del Interior era preocupante, porque cree que el sociólogo ha estado "pegado a (Eduardo) Bonomi" y “ha liderado con total fracaso, no por falta de presupuesto, ni de personal o equipamiento o de espalda política”.
Leal ingresó en 2012 al Ministerio del Interior, poco después de que Bonomi fuera designado como secretario de Estado durante la Presidencia de José Mujica. El pasado 17 de setiembre, no obstante, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana dijo que si fuera presidente no mantendría al ministro en el cargo. "Creo que hay etapas y ciclos", zanjó al ser consultado sobre el tema en Informativo Sarandí.
¿Cómo se convirtió Leal en una figura del gobierno? ¿Cuál fue su recorrido dentro del Ministerio del Interior?
Se autodenominó "antichorro", se puso al hombro los operativos de realojo en Casavalle y el Plan Siete Zonas –que fue discontinuado por falta de presupuesto–, e incluso llegó a cuestionar el error combatir la delincuencia solo con “programas sociales” y a los fiscales que tienen por regla hacer acuerdos con los delincuentes.
La entrada de Leal al Ministerio del Interior
El vínculo profesional entre Bonomi y el asesor de Martínez se generó en enero de 2012. El equipo de asesores del ministro comían un asado en la casa de verano del sociólogo, que por ese entonces escribía columnas de opinión sobre seguridad. En ese encuentro, le propusieron sumarse a la cartera para liderar un proyecto que, años después, cristalizaría en los operativos de seguridad que desde fines de 2017 se desplegaron en barrios de contexto crítico de Montevideo, y posteriormente en Canelones y Maldonado.
Leal hizo énfasis en que "los megaoperativos" que se habían realizado hasta la fecha "no era la estrategia integral que hacía falta", y esta era una idea que el Ministerio del Interior "ya manejaba", según confesó a El Observador en diciembre de 2018. El sociólogo, que durante 20 años había trabajado en organizaciones civiles, creía que si el control del narcotráfico se consolidaba en Uruguay, pasaría lo mismo que en Brasil: "Uno va a la playa y mira para atrás, hacia arriba, y ve lo que todo el mundo sabe: que allá (en el morro) vive tal banda o el comando tal, y que nadie puede entrar”, afirmó el sociólogo.
Algunos episodios ocurridos en 2012 en barrios periféricos fueron para Leal una reafirmación de sus esquemas teóricos. En escena aparecían personajes como Mónica Sosa –líder de la banda narco conocida como Los Chingas– que, por ejemplo, pagaba taxis a sus vecinos para que pudieran ir a la emergencia cuando las ambulancias no entraban al barrio. Los vecinos asimilaban que personas como Sosa hacían más que un Estado que, hasta el momento, incursionaba en los barrios con procedimientos policiales agresivos e indiscriminados.
Para contrarrestar el control de las bandas narco, el Ministerio del Interior ideó los operativos Mirador, en alusión al trabajo de observación de las autoridades previo a la acción policía para identificar “quirúrgicamente” a los delincuentes. En un año se realizaron 460 allanamientos y fueron imputados por la Justicia más de 100 delincuentes, de los cuales 81% fueron capturados por la policía.
"La mano dura"
Estos operativos, con amplia repercusión mediática, consolidaron la popularidad de Leal para la opinión pública. Durante una de las recorridas de campaña de Martínez, incluso, un simpatizante del Frente Amplio le dijo que para él era "un superhéroe". Ese día, otra militante le clamó que siguiera así, con "mano dura"; el sociólogo aclaró que su abordaje de la delincuencia no es ese sino que "es mano justa".
Pero esta no fue la única –ni tampoco la primera– vez que la supuesta "mano dura" de los policías que protagonizan los operativos Mirador estuvo en el centro de la discusión. En marzo de 2019, cuando Leal estaba en un operativo de desalojo en el complejo de viviendas ubicado en Aparicio Saravia y San Martín (en el barrio Casavalle), un vecino increpó a Leal. "Decile a esos patoteros que pusiste de custodia acá en el barrio que no le falten el respeto a los niños y a las mujeres", le dijo el hombre.
El intercambio se intensificó, el sociólogo fue acusado de cobarde y –según registró Subrayado– una mujer le gritó "antichorro". Leal entonces le retrucó: “¿Ustedes me gritan antichorro? Sí, soy antichorro, ¿y qué'?”.
Estos dichos generaron mayoritariamente aplausos, aunque también le valieron algunas críticas. En entrevista con El Observador, la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, Jaime Saavedra, planteó que "decir que se es antichorro azuza el enojo y el odio". Supone "no comprender el problema al que nos estamos enfrentando o hacerlo de forma equivocada", agregó.
El plan Siete Zonas
Leal ya había ganado popularidad por estar al frente del plan Siete Zonas. Este proyecto piloto mejoró la seguridad y los servicios en siete zonas marginales, pero aunque estaba previsto que fuera extendido a 25 zonas, finalmente fue suspendido por recortes presupuestales durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Según los cálculos realizados entonces, necesitarían US$ 200 millones para ponerlo en marcha durante los cinco años de ese período de gobierno.
"Para el Ministerio del Interior siempre fue una prioridad. Pero este era un tema de decisión de gobierno. No podés tener 14 prioridades, porque si no, no son prioridades y más en un contexto de restricción", dijo en 2017 Leal, una de las cabezas detrás del proyecto. Entrevistado por El Observador, el sociólogo explicó que ese "programa de laboratorio" –el plan Siete Zonas– tuvo como eje la "dignificación" de los habitantes de esos barrios.
En mayo de 2015, los organismos involucrados en el plan elaboraron un documento en el que resumían los logros alcanzados con el programa a partir de los objetivos planteados. En los barrios en que llegó a aplicarse, los homicidos bajaron 75%.
El alto perfil de Leal despertó elogios y críticas de políticos oficialistas y opositores, incluso antes de que Martínez anunciara su intención de que sea ministro del Interior en caso de ganar las elecciones. El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, alabó en junio de este año su gestión: "¿Por qué vamos a perder a un tipo que es un capo, y que es corajudo y que es valiente y que además tiene el mismo diagnóstico que nosotros?", se preguntó en el programa radial En Perspectiva.
Sin embargo, otros políticos opositores –además de Lacalle Pou– cuestionaron su trabajo. El senador nacionalista Jorge Larrañaga, por ejemplo, dijo en rueda de prensa que “Kesman es Kesman, pero Kesman es bueno. Leal es Bonomi y son responsables desde hace más de 10 años de la inseguridad que tiene Uruguay”. “Yo no le entiendo mucho a Larrañaga cuando habla, yo lo voy a decir claro: esto es como en el fútbol, Kesman es Kesman, y, en seguridad, Leal es Leal”, respondió el asesor de Martínez.
Lo que dicen los números
El Ministerio del Interior publicó a principio de agosto los datos oficiales sobre los delitos cometidos en los primeros seis meses de 2019. Allí se mostró que los homicidios bajaron en 22,6% y los hurtos en 4,9%.
En los datos presentados, las rapiñas volvieron a alcanzar un récord, al crecer 9,2% respecto al primer semestre de 2018. Los 15.819 asaltos registrados durante el primer semestre de 2019 representan un incremento de 49,3% respecto a 2015 (10.597 rapiñas), cuando el gobierno de Tabaré Vázquez asumió prometiendo que bajaría este delito en 30%.
Además, en el documento publicado por la cartera puede verse que, aunque se produjeron 50 homicidios menos que en el primer semestre año pasado, hubo más muertes como consecuencias rapiñas. Mientras que en el primer semestre de 2018 murieron 19 personas víctima de copamiento o rapiña (lo que significa el 9% de los 218 asesinatos perpetrados en ese período), en el 2019 esa cifra trepó hasta los 27 (16% de 171 homicidios).
A principios de 2017 el Ministerio del Interior anunció que había logrado que las denuncias de rapiñas disminuyeran en el comparado de 2015 – 2016 en 3,7%. El Ministerio señaló que aquella baja había sido gracias al programa PADO mediante el cual se aumentó el patrullaje en las calles en aquellos puntos donde se denuncian más delitos.
Sin embargo, aquella disminución que se volvió a dar en 2017, cuando los atracos cayeron 4,7%, no pudo reeditarse en 2018, cuando la tendencia a la baja se revirtió y en el primer semestre de ese año se produjo un aumento del 55,8% en las rapiñas, la cartera culpó al nuevo Código del Proceso Penal y llamó a ese fenómeno efecto noviembre (porque en ese mes de 2017 se puso en marcha la reforma).
Desde entonces, la cartera logró que se pusieran en marcha algunas modificaciones al Código con el objetivo de aumentar el porcentaje de personas que iban a la cárcel antes de ser condenadas (prisión preventiva), al tiempo que los fiscales mejoraron su eficacia para llevar a juicio a personas en conflicto con la ley. El resultado es que el número de personas privadas de libertad es en la actualidad igual al que existía antes de la reforma.
A pesar de eso, las rapiñas volvieron a subir, aunque la cartera asegura que logró desacelerar su crecimiento.
En Montevideo, donde se registra el 80% de todas las rapiñas del país, el número de denuncias de este delito pasó de 11.420 en el primer semestre de 2018, a 12.663 en igual período de 2019 (aumento del 10,9%). Por otra parte, en Canelones se produjo una disminución del 11,7% al pasar de 2.171 a 1.917, y en el resto del país creció casi 40% al pasar de 889 a 1.239.
