"La liga de la Justicia" y la puja entre la represión y las garantías para enfrentar el delito

Los fotógrafos interrumpieron la charla para registrar esa imagen: los tres jerarcas vinculados a la seguridad conversando amenamente junto al legislador nacionalista. Pero ese momento nunca se retomó, porque enseguida los organizadores del almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay dieron por comenzado el evento. El asunto por el que fueron convocados los cuatro al complejo Punta Cala al mediodía de este miércoles, y sobre el que hablarían cerca de dos horas, era el problema que más preocupa a los uruguayos desde 2009: la seguridad.

La instancia fue una oportunidad, también, para que Bonomi, Díaz y Chediak, la "Liga de la Justicia", como llamó a ese grupo el propio Chediak en tono de broma al final de su ponencia, se sentaran en una misma mesa para expresar los fundamentos que explican por qué la delincuencia ha crecido sostenidamente en los últimos meses y qué política criminal es la que debe llevar adelante el Estado para combatir el delito.

Para Bonomi es sencillo. Dijo que necesita más policías porque "se ha roto el equilibrio" con respecto a la cantidad de delincuentes, y que espera con expectativa la reforma del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). El proyecto, a estudio en el Parlamento, obligará a los fiscales a solicitar prisión preventiva para aquellos imputados reiterantes que hayan cometido delitos violentos, y explicitará además el rol de los policías y los fiscales, de tal forma que los primeros sepan qué pasos dar sin solicitar autorización a los segundos, algo que ha causado discordia entre ambas instituciones en los últimos meses.

Díaz habló sobre la necesidad de la "alianza estratégica" entre policías y fiscales para hacer más efectiva la persecución de los delitos, y Chediak propuso que se repare en la situación de Estados Unidos, cuya tasa de homicidios se redujo sustancialmente, al tiempo que aumentó la cantidad de personas privadas de libertad.

"El factor noviembre"

Para Bonomi la catástrofe empezó en noviembre pasado. Dijo que su cartera estaba en camino a lograr la meta electoral de reducir las rapiñas en un 30% al fin del período, pero que todo cambió a partir de ese mes fatídico, que fue cuando entró en vigencia el nuevo CPP. "El efecto noviembre", le llamó más de una vez. El mes que definió como "punto de inflexión" a partir del cual se dispararon todas las cifras de la delincuencia.

"Si observamos con detalles los últimos 18 meses, es decir, desde el 1° de enero de 2017 hasta junio de 2018, vamos a notar con mucha claridad que a partir de noviembre de 2017 hay un cambio significativo que altera absolutamente la dirección y la tendencia". Los números de su cartera indicaban que en los primeros 10 meses del año pasado "la tendencia a la baja de los homicidios se mantenía", y que entre 2016 y 2017 se habían registrado siete homicidios menos. Pero desde noviembre hasta junio de este año se registraron 108 homicidios más.

"El gráfico es muy elocuente", resumió el ministro, e insistió en su tesis: "El factor noviembre no solo se registró en los homicidios, sino también en los hurtos y las rapiñas". Según sus cifras, que todavía no han sido dados a conocer oficialmente, mientras las rapiñas venían bajando todos los meses desde hacía dos años, a partir del comienzo del nuevo proceso penal aumentaron un 6%.

Es por eso que Bonomi entiende que "en adelante, sea cual sea el próximo gobierno, se va a necesitar el ingreso de una cantidad importante de policías" para restablecer el equilibrio con los delincuentes.

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Este reclamo le dio pie a Larrañaga para defender su propuesta de reforma constitucional que ha denominado "Vivir sin miedo", en la que se plantea, entre otros puntos, la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares especialmente adiestrados.

El legislador blanco se detuvo en conceptos como la "fragmentación social" y el fracaso de las "políticas de contención" para combatir la marginalidad, y le contestó luego a Bonomi que puede ofrecerle refuerzos policiales si lleva a buen puerto su campaña. "Podremos darle más de 2000 policías", le dijo.

Luego, reclamó por la presentación oficial del informe semestral de la cartera, que revelará que los asaltos aumentaron más del 50% en el último año. "Las cifras son de la sociedad uruguaya y tenemos derecho a saber", dijo el senador.

Más prisión, menos prisión

La conveniencia o no de que aumente la población carcelaria genera división entre los expertos, particularmente cuando se estudia su incidencia en la seguridad general. Chediak propuso al auditorio el ejemplo de Estados Unidos porque, según la gráfica que presentó, mientras la tasa de privados de libertad creció en forma constante desde 1990, la de homicidios se redujo casi en espejo desde ese mismo año.

"Puede decirse que es muy probable que tenga mucho que ver la tasa de encarcelamiento con el descenso de los delitos", concluyó Chediak.

A su turno, Díaz planteó lo opuesto: "Al contrario de lo que marcó el ministro de la Suprema Corte de Justicia –sostuvo–, desde 2005, aunque podemos ir para atrás, los privados de libertad crecieron un 57%, mientras que los homicidios crecieron un 48%, y las denuncias por hurto y rapiña un 113%".

El punto del fiscal de Corte era, entonces, que no hay una relación de causalidad entre el tamaño de la población carcelaria –o la cantidad de criminales probados que no están delinquiendo en la calle– y la inseguridad. De hecho, ambas variables crecieron: la cantidad de presos aumentó en forma sostenida desde 1999, cuando había 4.100. Y a fines de 2017 se registró 11.100.

Pero cuando Bonomi tomó de vuelta la palabra, otra idea entró en juego. Culpó al CPP por el "acelerado descenso" de la cantidad de reclusos, ya que la norma dicta que la prisión preventiva es la excepción a la regla, y afirmó –como ya lo ha hecho otras veces– que esa es una de las variables que explican la mayor inseguridad. "Si hay un debilitamiento de la coerción y el control social se retroalimenta la disposición al delito, particularmente en los sectores sociales donde la cultura de la ilegalidad está ampliamente extendida", dijo.

Hoy hay 1.350 presos menos que seis meses atrás –en octubre llegó a haber incluso 11.350–, y el 70% de quienes ingresan son reincidentes, de acuerdo a números del Ministerio del interior.

El evento terminó sin prolongaciones, porque ninguna autoridad hizo declaraciones a la prensa. Afuera, a la entrada de la majestuosa de la casa de fiestas que está sobre la Avenida de las Américas, una camioneta de la campaña de Larrañaga "Vivir sin miedo" esperaba la salida de los asistentes por si alguno quería firmar.