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"No tenemos miedo": reclaman elecciones adelantadas en medio de brutal represión
"Los policías nos agredieron como si fuéramos cerdos, nos tiraron al baúl de las patrullas y nos dieron un trato brutal (...) Esto es un dictadura y hay que acabar con eso". Con esas palabras la exguerrillera Mónica Baltodano cuestiónó la detención de más de 100 opositores que fueron liberados el fin de semana en un nuevo episodio de brutal represión policial cuando intentaban protestar contra el gobierno de Nicaragua.
Los detenidos salieron de la cárcel en dos ómnibus ondeando banderas nacionales por las ventanas mientras cantaban "no tenemos miedo", según imágenes de la televisora independiente canal 10.
La bandera de Nicaragua se convirtió en el símbolo de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega desde que los nicaragüenses enfrentan la represión por parte del gobernante de 73 años que está en el poder desde 2007 junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y que es acusado por la oposición de haber instaurado una dictadura. Con esa bandera varias personas salieron a las calles a saludar al ómnibus con los liberados que fueron más tarde entregados a sus familias.
"Brutalmente golpeados"
Desde la mañana del sábado, cuando estaba prevista la marcha, cientos de policías antimotines fueron desplegados en Managua para evitar que la ciudadanía asistiera a la protesta, que no llegó a realizarse debido a la represión y arrestos que se produjeron en diferentes puntos de la capital.
El dirigente estudiantil Max Jérez, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), denunció que fueron " brutalmente golpeados".
Las liberaciones se efectuaron por gestiones del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, testigo del diálogo entre el gobierno y la oposición, indicó la policía.
La marcha había sido convocada por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para reclamar la liberación de presos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega el año pasado.
"Nicaragua pide libertad, justicia, elecciones adelantadas, pide poder marchar sin ser reprimidos", declaró al salir de la cárcel la abogada Azáhalea Solís, delegada de la ACJD en la mesa de negociaciones.
Como bárbaros
La policía dispersó con violencia a todos los manifestantes que se encontraban en la calle, entre ellos varios periodistas y opositores que estaban en una estación de combustible. Fueron perseguidos y atacados por las fuerzas policiales. Usaron gases lacrimógenos y bales, según aseguró el periodista de AFP, Luis Sequeira, quien estuvo en el lugar.
"Es condenable y preocupante la forma bárbara en que las autoridades actuaron", denunció Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en rueda de prensa.
¿Diálogo?
En abril del año pasado comenzaron las protestas contra el gobierno de Ortega y una reforma del seguro social que impulsó, y casi un año después se contabilizan al menos 325 personas muertas y unas 700 detenidas. Pese a que el pasado 27 de febrero comenzó una instancia de diálogo entre el gobierno de Ortega y la oposición, la represión no se evitó. En las negociaciones, que llevan un proceso lento, la oposición exige la liberación de presos políticos. Algunos grupos locales elevan la cifra de muertos a 561.
"Que sepa el gobierno de Ortega que con estas acciones esta poniendo en peligro la totalidad del proceso de negociación que él mismo convocó", advirtió el jefe de la delegación opositora en la mesa de diálogo, Carlos Tünnermann, en declaraciones a la prensa.
La represión causó la condena inmediata de la comunidad internacional, en momentos en que Europa analiza aplicar sanciones contra el gobierno de Ortega y la OEA analiza implementar la Carta Democrática, algo que podría provocar la expulsión del país del organismo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió que la represión cese "de inmediato".
Pero además, la oposición puso en duda la continuidad de las negociaciones con el gobierno.
"Creemos que acciones como esa no contribuyen al proceso de negociación y ponen bajo riesgo cualquier intento de encontrar una salida negociada a la crisis del país", dijo Jérez. De todas formas, no hay una postura unánime sobre suspender las negociaciones ya que se considera que en este momento es la única salida para la crisis.
El gobierno no se pronunció sobre lo ocurrido, excepto a través de un comunicado de la policía en el que dijo que "pese a las advertencias" sobre una actividad no autorizada salieron grupos de personas que violentaron el orden público.
Ortega afronta presiones de la comunidad internacional con sanciones contra su gobierno y allegados para obligarlo a impulsar cambios democráticos en el país.
Nicaragua enfrenta dificultades para acceder a créditos internacionales tras la aprobación en diciembre de una ley en Estados Unidos contra el gobierno de Ortega. La oposición y la comunidad internacional reclaman que se adelanten las elecciones de 2021, algo a lo que Ortega se ha negado. La Eurocámara urgió días atrás a la Unión Europea a "adoptar un proceso escalonado de sanciones" contra el gobierno de Ortega hasta que se restablezcan "los derechos humanos y las libertades fundamentales".
La CIDH ha insistido en que el gobierno de Ortega ha cometido crímenes "de lesa humanidad", mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.
Así lo expresó la cancillería a través de un comunicado en el que advirtió que "la continua limitación de las libertades individuales" contra defensores de los derechos humanos y periodistas "son incompatibles con un sistema democrático de gobierno". Recuerda que estos hechos "vienen reiterándose desde hace casi un año" y son "un grave obstáculo" para poder superar "la crisis social y política que vive ese país".
El Observador con AFP y EFE
