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Policías corruptos a la cárcel por cinco años, la mitad de lo previsto: para las fiscales es la mejor solución posible
Son policías corruptos. Extorsionaron y amenazaron a un hombre para robarle $275.000. Trabajaban en la Zona Operacional IV de Montevideo, y se trasladaron hasta la ciudad de Rosario (Colonia), donde vivía la víctima, para llevar a cabo la operación. Fueron hasta su casa, le dijeron que tenían una orden de allanamiento, lo amenazaron con llevarlo preso con pruebas falsas, y que podían borrar una denuncia en su contra engañado a una fiscal de la capital. Así, lo llevaron a una sucursal bancaria y el hombre les entregó $90.000 y US$ 5.600.
Luego de ser capturados, al menos dos hombres acusados de realizar una rapiña fueron liberados porque en ese caso habían participado los uniformados como investigadores, por lo que la causa quedó anulada.
La fiscal que comenzó la indagatoria contra los funcionarios policiales fue Ana Rosés, quien los imputó el 29 de mayo del año pasado por los delitos de extorsión, peculado (apropiación indebida de los bienes públicos), privación de libertad agravada y domicilio y asociación para delinquir. Y luego, en diciembre del mismo año, presentó la acusación: pidió, por todos esos cargos, 10 años de prisión. Sin embargo, Rosés no siguió hasta el final de la causa porque fue trasladada a la fiscalía de Maldonado, y en su lugar quedó la fiscal Sandra Fleitas.
Con Fleitas, los defensores de los policías llegaron a un acuerdo, por el cual se evitó el juicio oral. A través de un proceso abreviado –una herramienta del nuevo Código del Proceso Penal (CPP)–, los policías, que al comienzo de la investigación habían negado la participación en los hechos, admitieron los delitos y, a cambio, obtuvieron una pena más beneficiosa. La fiscal Fleitas aceptó el 21 de agosto una condena de cuatro a años para cinco de ellos –la mitad de lo que había solicitado Rosés en la acusación–, y lo mismo acordó para otros dos algunas semanas atrás, informó La Diaria y confirmó El Observador.
Los abogados Raúl Estomba y Marcos Pacheco –dos de los penalistas defensores de los policías– quedaron conformes con el resultado, y ambos señalaron a El Observador que habían intentado sin éxito llegar a un acuerdo con Rosés.
Ahora, directamente, los defensores transmitieron a los indagados que "la sacaron barata".
Consultada sobre el acuerdo, Fleitas indicó que en la sentencia cambió la tipificación de uno de los delitos imputados por Rosés, algo sobre lo cual los defensores venían insistiendo. "La privación de libertad que acordamos no es la que estaba prevista inicialmente", señaló.
En la acusación, la fiscal Rosés había solicitado la imputación de ese delito comprendido en la ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional en Materia de Lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. En el artículo 23 de esa norma se castiga la privación de libertad agravada con seis a 12 años de cárcel, mientras que en el artículo 281 del Código Penal –el que aplicó Fleitas– la pena es de un año de prisión a nueve de penitenciaría.
El CPP dicta que los acuerdos para los proceso abreviado no pueden contener una pena menor a una tercera parte "de aquella aplicable al caso concreto", lo que se ajustó en esta ocasión, porque Fleitas consideraba que la pena de 10 años que había solicitado Rosés era muy elevada.
"Se llegó a un acuerdo bastante razonable, porque si íbamos a juicio la fiscalía no iba a poder probar todos los delitos que pretendía imputar. Eran muchos y no había pruebas para todos", evaluó Pacheco.
El mensaje a los policías
Tanto Fleitas como Roses también quedaron conformes con el final de la historia. Fleitas valoró que no es lo mismo para el Ministerio Público "la fuerza de la prueba" en la instancia de la formalización de la investigación que en la del juicio oral. "Entendí que lo más satisfactorio era llegar a una condena, ya que el éxito de la investigación es el dictado de una sentencia", dijo.
Rosés, por su parte, aseguró que en realidad ella estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con los defensores –pese a que tenía otra exigencia, de acuerdo a los abogados– y que compartía la decisión de su colega. "A lo mejor la prueba que había ahora no era suficiente, y me parece bien que se haya hecho este acuerdo, porque una cosa es la pena que tenemos para ir a un juicio y otra para hacer un abreviado", sostuvo.
Las dos fiscales hicieron la misma valoración: la decisión de ir a un juicio –además del tiempo y recurso que eso demanda, con la sobrecarga laboral que tienen todas las fiscalías del país– conlleva el riesgo de perder el caso. Hay imponderables: el riesgo de que los testigos no quieran declarar llegado el momento, o que lo que digan ante el juez no sea consistente, son un una posibilidad.
Por otra parte, a Rosés no le parece que el castigo a los policías sea insuficiente. "No hay en la jurisprudencia un caso similar en donde se haya condenado a 10 años (a policías corruptos). Si se iba a juicio, capaz el juez los condenaba a cuatro años, porque muchas veces las penas de las sentencias no son las que pedimos", dijo, y concluyó: "Es un buen acuerdo, y la pena es alta. Creo que es un mensaje muy claro para el resto de los policías".
