Economía y Empresas > DE TRIPLE IMPACTO
¿Qué implica la ley BIC que ya tiene media sanción en el Parlamento?
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Sociedades Comerciales de Beneficios e Interés Colectivo (BIC), una normativa que dará un marco legal a las empresas B, como también son conocidas. El proyecto ahora pasará a la Cámara de Senadores, donde espera obtener los votos necesarios durante la primera semana de diciembre.
Uno de sus impulsores, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, explicó que la ley le da identidad a este tipo de empresas, que procuran un impacto económico, social y ambiental.
Según explicó el nacionalista, regular a este sector responde a una demanda del mercado, dado que cada vez más los consumidores apuestan por compañías responsables desde el punto de vista medioambiental y social.
En esta línea, Goñi dijo que hay un conjunto de emprendedores que están dispuestos a fundar este tipo de empresas y cubrir la demanda de los potenciales clientes. “Hay claras razones, por eso es necesario una regulación”, especificó.
Esta ley agrega, en primer lugar, un deber a los administradores de las empresas. Se trata de realizar inversiones que vayan en sintonía con acciones de triple impacto, lo que determina que “se amplían los deberes para este tipo de empresarios”.
Esta medida ayuda a prevenir que existan inversiones dentro del rubro BIC que sean dirigidas hacia otro propósito, algo que ha sucedido a lo largo de estos años. “Se pueden estar haciendo inversiones que no tengan estrictamente este fin”, agregó Goñi.
Por otra parte, la legislación otorga garantías a los consumidores, porque identifica claramente cuáles empresas entran dentro de esta categoría. Es decir, todas aquellas compañías estarán registradas y el triple impacto tendrá que formar parte del estatuto. “El consumidor sabrá que la empresa es BIC, porque habrá un contralor”, subrayó el diputado.
Este punto también beneficia a los empresarios, porque eventualmente podrían tener preferencia entre aquellas personas que prefieran este tipo de compañías. “Quizá hay alguien que quiera optar por una empresa de este tipo y vaya directamente a la que más le gusta”, explicó Goñi. Esto también le servirá al Estado para cumplir con las obligaciones a la hora de llamar a licitación.
Por otra parte, Goñi aseguró que hay fondos de inversión que solo colocan dinero en emprendimientos de este tipo.
Para poder ser contemplado por la legislación, habrá que registrarse y argumentar que efectivamente la intención de tener un triple impacto se concreta en los hechos.
Entre las obligaciones que establece este contrato de registro, sobresale la de que anualmente este tipo de compañías deberá hacer un reporte público de cuáles fueron las acciones concretas para el cuidado del medioambiente y equilibrio social. Esto incluye tanto a emprendimientos nuevos como a empresas ya existentes, que quieran formar parte del segmento.
Goñi destacó que la ley propone un “andamiaje” en donde tanto los consumidores, los accionistas como el Estado son garantes de que estas empresas cumplan con lo establecido en el registro.
