A dos meses de haber quedado acéfala, la Jutep sigue sin autoridades designadas

Un directorio interino funciona desde fines de mayo, forzado por las renuncias escalonadas de los exdirectores Daniel Borrelli, Matilde Rodríguez y Ricardo Gil Iribarne, según el orden cronológico en el que ocurrieron, lo que significó que el organismo anticorrupción no pudiera funcionar. Mientras no haya autoridades designadas, el presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Odizzio, y su par en el Banco República, Salvador Ferrer, están a cargo de la conducción de la Jutep en paralelo a la de las otras instituciones. 

Al negociarse los cargos en marzo, el Frente Amplio eligió al dirigente comunista Jorge Castro para desempeñarse como vocal. Sin embargo, sigue siendo una incógnita quiénes serán el presidente y el vicepresidente de la Jutep cuando se conforme el nuevo directorio. Hasta este viernes las fuentes consultadas desconocían cuáles serían los candidatos del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. 

El Poder Ejecutivo confía en que el atraso de las designaciones para la Jutep pueda resolverse "en cuestión de semanas", dijo una de las fuentes consultadas. Los jerarcas atribuyen la demora en buena medida a la emergencia sanitaria en curso, que puso patas arriba los planes del presidente Luis Lacalle Pou 12 días después de haber asumido.

No obstante, el mismo día que anunció a las autoridades provisorias de la Jutep, el gobierno debió designar un directorio interino para Antel. La situación del ente se resolvió poco después, cuando se supo que Gabriel Gurméndez sería el nuevo presidente, pero no la del organismo anticorrupción. 

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Odizzio y Ferrer se encargan de los asuntos urgentes de la Jutep y sesionan una vez por semana, todos los martes. Además de poco más de una decena de denuncias pendientes de resolución, el nuevo directorio hereda otros temas que se arrastran desde que Gil Iribarne presidía el organismo. 

Por lo pronto, la Jutep no cumplió con una ley aprobada en setiembre de 2019 (19.797) que le encomendaba la presentación de un anteproyecto para prevenir la corrupción en el sector privado antes de junio de este año. Antes de desintegrarse, el anterior directorio había comenzado a trabajar en el documento, para lo que se había reunido representantes de la Fiscalía, según supo El Observador. 

La norma modifica el régimen de declaraciones juradas dispuesto en la Ley Cristal de 1998, pero todavía no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. Cuando se concretó el cambio de gobierno, Rodríguez se reunió con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para advertirle que estaba pendiente la reglamentación, indicó la exvocal nacionalista de la Jutep a El Observador. 

Camilo dos Santos

Antes de aprobarse la ley 19.797, más de 50 mil funcionarios públicos estaban obligados a declarar sus bienes, ingresos y empresas a las que estaban vinculados, pero solo los datos presentados por el presidente y el vicepresidente eran públicos.

A partir de la actualización, la Jutep debe publicar en su página web una síntesis de las declaraciones juradas del presidente, el vicepresidente, los ministros, legisladores, intendentes, directores de los entes, ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros jerarcas. A su vez, los candidatos a presidente, vicepresidente e intendente están obligados a presentar su declaración jurada de bienes. 

La ley modificatoria dice que los funcionarios tienen que presentar dos declaraciones: una que la Jutep puede publicar, donde figuren los bienes e ingresos; y otra cerrada con todos los detalles. Cada año la Jutep puede abrir "hasta un 5% de las declaraciones juradas de carácter reservado, con las garantías que disponga la reglamentación y mediante un procedimiento aleatorio y en función de un análisis de riesgo". 

Ninguna de las declaraciones juradas de los actuales jerarcas está disponible en el sitio web de la Jutep, si bien el plazo de presentación debió prorrogarse por la emergencia sanitaria y todavía hay tiempo. Entre otros aspectos, a partir de la reglamentación de la norma se fijará el valor de la multa que tienen que pagar los candidatos a un cargo electivo que no presenten en tiempo y forma su declaración. Esto se hace más urgente ahora, a tres meses de las elecciones departamentales. 

Camilo dos Santos

Los antecedentes

La integración de la Jutep se tornó problemática antes que asumiera el gobierno. La terna compuesta por Gil Iribarne, Borrelli y Rodríguez tenía vigencia hasta el 1 de febrero de 2022, pero tras la renuncia del vicepresidente por motivos de salud, las futuras autoridades comenzaron a analizar en febrero la posibilidad de pedirles la renuncia. Gil Iribarne había afirmado varias veces que la Jutep no era una prioridad para la administración entrante. 

El 9 de marzo, Rodríguez renunció para asumir como directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. La Jutep quedó entonces sin operar, porque para poder tomar resoluciones requería al menos dos directores. 

Gil Iribarne dimitió el 30 de marzo, pero permaneció en el cargo un mes más para que el gobierno designara a su sustituto. La designación no se concretó antes de que venciera el plazo, por lo que la Jutep quedó acéfala el 30 de abril. 

El contador explicó los motivos de su renuncia en una entrevista con Búsqueda. Dijo que la falta de directores había pesado, pero lo que más incidió fue la decisión de incluir los puestos en la Jutep dentro de la lista de cargos que estaban siendo negociados por los partidos políticos. 

"Hacer coincidir los cambios en la Jutep con el cambio en el gobierno nacional y en el marco de una distribución de cargos cuotificada entre los partidos me parecía y me parece que es una marcha atrás brutal en esa línea de mostrar y fortalecer la independencia de la junta", explicó. 

Actualmente la Jutep analizaba los gastos realizados entre 2005 y 2009 por los jerarcas del INAC con sus tarjetas corporativas, una denuncia contra el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, por la contratación de guardabosques, entre otros casos.