Abogado de Manini, sobre los fueros: fiscal Morosoli hizo un "movimiento político"

Fernández Lecchini aseguró que Morosoli "jugó la carta que tenía que jugar" al asumir la posición más garantista y dijo que no le causó "sorpresa" el planteo del fiscal a la jueza Marcela Vargas, quien estuvo de acuerdo en considerar que Manini Ríos tiene fueros parlamentarios desde que fue electo senador. Según el abogado del general retirado, "el fiscal no quería agarrar una audiencia que después se le anulara" y por eso "alteró el timing" de su actuación. 

"Él citó a Manini a declarar un par de días antes de las internas, después lo citó a una audiencia de formalización 20 días antes de un acto eleccionario y cuando el acto eleccionario pasó, creo que hizo los cambios que tenía que hacer", expresó Fernández Lecchini. Y enseguida dijo que "el doctor Morosoli tiene mucha paciencia y mucha inteligencia para manejar este caso".

Por otra parte, el experto en derecho penal reconoció que en "algún momento de la audiencia" iba a "interponer la visión" de que Manini Ríos ya tenía fueros parlamentarios, a pesar de que el excomandante había solicitado a sus abogados que "de ninguna forma" plantearan esa postura en la instancia judicial del viernes. 

"Le dijimos a Manini que jurídicamente hablando no teníamos posibilidad de eludir el planteo de la existencia de fueros. Hubiera sido también muy incómodo para nosotros como defensores. (...) Nos hubieran dicho: '¿No plantean esto, que es una cosa palmaria?'", justificó Fernández Lecchini.

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"Manini nos dijo que no quería de ninguna forma que se planteara eso en esta audiencia. Yo personalmente hubiera esperado el momento propicio para hacer ese planteo, aunque Manini después nos dijera 'no quiero contar más con sus servicios'", aclaró después. 

Sin embargo, Fernández Lecchini afirmó que "una cosa es la voluntad o el interés del cliente y otra cosa es lo que la ciencia jurídica dicta al procesar al interviniente". A su entender "la proclamación de la Corte Electoral era un mero acto administrativo" y por eso, si se hubiera iniciado el proceso contra Manini Ríos, "a las semanas" quedaría sin efecto. 

En el programa de radio el abogado también ahondó en la supuesta motivación política del fiscal Morosoli, sobra la que Manini Ríos ha insistido. Como punto de partida tomó los argumentos de los periodistas que, supuestamente, han dicho que "los últimos gobiernos vienen poniendo el freno sobre las investigaciones de derechos humanos". "Yo creo que este caso, lo que sucedió desde el año pasado hasta hoy, tiene que ver con eso", indicó.

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Fernández Lecchini además expresó que "para este año el poder político esperaba unos tribunales de honor con un formato muy distinto. "En ese marco apareció de buenas a primeras Manini como el único acusado dentro de los indagados, que siempre fueron militares, nunca hubo un indagado del poder civil", razonó. 

El abogado volvió sobre los planteos de José Mujica –quien dijo que la acusación al excomandante fue un "error político"– y Rafael Michelini –quien ironizó sobre la "casualidad" de que fuera el único imputado– para seguir desarrollando su planteo. "Todos nosotros que leemos a esos actores políticos de primera línea nos llamamos a pensamiento. Y además evaluamos el timing de este asunto", expresó. "Yo creo que lo que todo el mundo está evaluando (...) es el significado político de todo esto que hemos vivido desde abril de este año hasta ahora", indicó.

Al ser consultado acerca de si la supuesta intencionalidad de Morosoli es algo que se debe "aceptar y punto" o si se deben "tomar acciones", Fernández Lecchini dijo lo siguiente: "Una cosa son las evidencias y otra cosa son las pruebas. En todo caso lo que quedaría señalado y va a quedar en la retina de todos es la actitud de un gobierno". 

En la audiencia, Morosoli leyó la fundamentación de su dictamen y argumentó por qué entiende que el líder de Cabildo Abierto es responsable del delito definido por el artículo 177 del Código Penal, que castiga al funcionario público que omitiera denunciar delitos, con una pena de tres a 18 meses de prisión.

El senador electo es la única autoridad señalada por no haber denunciado la declaración del represor José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor en abril de 2018. En ese ámbito militar, cuando Manini Ríos era comandante en jefe del Ejército, Gavazzo reconoció que en 1973 había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, pero no fue sino hasta que el contenido de las actas fue publicado en El Observador que el caso se hizo público.