La Dirección Nacional de Aduanas elabora un estudio sobre la situación del contrabando de cigarrillos en el país con la intención de definir acciones de control que permitan minimizar el impacto. Para eso acudió a los sectores involucrados, tanto públicos como privados, en la búsqueda de apoyo para la concreción de una estrategia de control. Uno de estos actores fue la tabacalera Philip Morris, con la que el Estado uruguayo mantiene un litigio por la publicación de advertencias sanitarias en las cajas de cigarrillos y las distintas imposiciones de la ley antitabaco.
El ingreso ilegal de cigarrillos es un tema que preocupa a la Aduana desde hace un largo tiempo. Si bien se han realizado operativos de incautación, la situación prevalece y así lo informan las encuestas.
El contrabando de cigarrillos aumentó 6% de 2010 a 2013
El contrabando de cigarrillos aumentó 6% de 2010 a 2013. Hoy su incidencia es de 31,2% en el país. Eso significa que uno de cada cuatro fumadores consumen cigarros ilegales. Además, la tercer marca más vendida es 51, la cual es ilegal y de origen paraguayo. Los datos se desprenden de un estudio de la encuestadora argentina IPSOS realizado en 2014 al que tuvo acceso El Observador.
Con el estudio para el que le pidió asesoramiento a Philip Morris, la Aduana espera saber cuánto es la evasión tributaria y cuánto es realmente el consumo de cigarrillos ilegales en la actualidad, dijo a El Observador el gerente de control y gestión de riesgo del organismo, Jorge Iribarnegaray.
Una cajilla de cigarros de contrabando cuesta un tercio de lo que vale una de las marcas legales
Sin embargo, sostuvo que "el combate contra el ingreso ilegal de cigarrillos no compete solo a la Aduana". Dijo que para definir una "estrategia de control es necesario sumar a los privados" dado que tienen "sus propias opiniones de lo que pasa, de lo que ellos ven, tienen sus propia información, encuestas, mediciones, insumos que tenemos que tener en cuenta".
Por esa razón, la Aduana mantuvo reuniones con todos los sectores involucrados, públicos y privados, incluyendo ONG y tabacaleras como Montepaz.
A pedido de la Asociación de Kioscos, Salones y Sub agentes de Quinielas del Uruguay, la Aduana accedió a reunirse con miembros de Abal Hermanos (representante de Philip Morris en Uruguay) para anunciarles su trabajo y ofrecerles ser parte, confirmaron a El Observador fuentes de la tabacalera.
El grado preliminar de la reunión no permitió que se definieran vías concretas de apoyo. Aún así, la tabacalera se mostró a favor de la iniciativa dado su preocupación por el tema y quedó a las órdenes para colaborar en lo que fuera necesario.
"La mejor manera de encarar esto es comprometer a la sociedad en su conjunto, el Estado tiene responsabilidad del control pero todos tenemos responsabilidad", opinó Iribarnegaray . Se estima que el estudio esté pronto dentro de un mes.
Cifras
La Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas realizada este año reveló que 7,9% de la población representada accedió al tabaco de manera ilegal en el último año. La mayoría de esos productos ingresan al país por la zona fronteriza con Brasil, donde se registra 78,2% de contrabando en la zona de Artigas y Rivera. Allí, 8 de 10 fumadores consume marcas ilegales, según la encuesta de IPSOS.
En los niveles socio económicos más bajos, la mitad de los cigarros fumados son ilegales
El consumo diario de cigarrillos es mayor en fumadores de marcas ilegales, razón por la cual la incidencia es mayor. En los sectores socioeconómicos bajos la situación empeora ya que uno de cada dos cigarros fumados es de origen ilegal.
El precio promedio pagado por marcas ilegales es un tercio de las legales. En el caso de la marca 51, el costo de los cigarros es 28,5% del precio de Nevada y Coronado. Según IPSOS, Philip Morris y Richmond son las únicas marcas de cigarrillos legales que no presentaron consumo por medio del mercado ilegal.
Comisión
Ayer jueves comenzó a sesionar la comisión interinstitucional para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco que el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó en junio. La comisión estará integrada por otros siete ministerios, la Dirección General Impositiva, el Poder Judicial, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, el Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo y la Dirección Nacional de Aduanas. Los sectores industriales no fueron convocados.
En diálogo con El Observador, el exvicepresidente de ASSE, Enrique Soto, dijo que el principal cometido de la comisión será el de aplicar el protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco promovido por la Organización Mundial de la Salud al que Uruguay adhiere.
Ante eso, en una primera etapa se prevé realizar "políticas localizadas hacia determinados sectores, sobre todo sociales, donde el comercio ilícito tiene más inserción. Son los sectores de bajos ingresos y áreas en las que ha sido difícil el control como ferias, etcétera", agregó Soto.
Si bien algunas de las normas que incluye el protocolo se aplican desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez (como la prohibición de fumar en espacios públicos) aún quedan puntos por cubrir tales como: fijar un precio mínimo de productos de tabaco, prohibir la venta de cajas de menos de 20 unidades y prohibir la venta de cigarrillos libres de impuestos. La suba de precios que Vázquez estableció en junio era uno de los puntos pendientes.
