Opinión > EDITORIAL

Ahuyentando el miedo

Ahora quienes decidirán el futuro de la campaña Vivir sin miedo serán los ciudadanos 

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26 de febrero de 2019 a las 05:03

La campaña para Vivir sin miedo logró las firmas necesarias y es un triunfo político del senador y precandidato nacionalista Jorge Larrañaga.

La misma jornada que se le entregaron a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, las firmas recolectadas en el marco de la campaña contra la inseguridad, al diputado blanco Pablo Abdala le robaron el auto en la puerta de su casa. 

“En el contexto de inseguridad que sufrimos los uruguayos, es apenas un dato de la estadística”, sostuvo con razón el resignado legislador.
Fueron 42 cajas con 402.521 firmas las presentadas en el Palacio Legislativo que apoyan la convocatoria de un plebiscito para reformar la Constitución y así habilitar los allanamientos nocturnos y sumar efectivos militares a la seguridad interna, entre otras medidas.

Larrañaga sostuvo que se trata de “una campaña contra la delincuencia” y “contra la política de seguridad que el Frente Amplio ha llevado en los últimos catorce años y pico”. A su vez remarcó que en la campaña participaron ciudadanos “de todos los partidos” y consideró que “algo tiene que andar mal en el Uruguay si quienes han firmado nada más ni nada menos que un documento, resulta que son sospechosos de recorrer un camino de violencia”.

“La violencia está instalada en las calles, en los kioscos, cuando se mata, se rapiña y se viola”. A su vez apuntó que “hay cuestiones que tenemos que dirimir y no son de izquierda ni de derecha, como la paz pública y la seguridad ciudadana”.

Acierta el senador cuando afirma que se trata de un drama que afecte por igual a ciudadanos de diferentes tiendas políticas. Los delincuentes no preguntan a las víctimas qué votan. La inseguridad pública se padece en todos los municipios, en los 19 departamentos y en todas las clases sociales y etarias. No se salva nadie, aunque es en los barrios carenciados donde más se la sufre.

La propuesta de Vivir sin miedo permitió que miles de uruguayos rubriquen su malestar con la gestión del gobierno nacional en relación a este tema. Esa es la mayor virtud de la propuesta liderada por Larrañaga: presentar una válvula de escape a la rabia y la impotencia por la inacción gubernamental ante los reclamos de protección. 

Pero objetivamente, pese a las firmas, al presente tenebroso en materia de seguridad no se le mueve un pelo. Serán medidas y herramientas que de ser aprobadas por la ciudadanía en las elecciones de octubre podrán ser tomadas en cuenta, pero ni de lejos solucionan el fondo de un asunto en que le va la vida al Uruguay. 

Ahora será la libertad del ciudadano en el ejercicio de sus plenos derechos quienes en la urna sagrada decidirán la suerte de esta reforma. Se apruebe o no el plebiscito, la inseguridad seguirá allí, acechando desde la oscuridad. 
Si el Poder Ejecutivo no aborda de fondo temas básicos como la educación, la inclusión social, la represión firme y la problemática de las cárceles, auténticos infiernos que engendran seres irrecuperables, de nada servirá reformar la Constitución. 
A fin de cuenta, se trata de la voluntad política de asumir en serio el problema de la inseguridad sin rehuir a la responsabilidad intrínseca que debería desvelar a cualquier gobernante que es el de cuidar y proteger a sus gobernados. 

 

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