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Al cierre de la Rendición de Cuentas apareció el aval del MEF y el dinero para el Instituto Nacional de Vacunas
Luego de más de una semana de contactos y diálogos en el marco de la Rendición de Cuentas, apareció este jueves la forma de cumplir con el pedido de la Universidad de la República de recibir, en los próximos dos años, $ 7 millones para poner en marcha el Instituto Nacional de Vacunas, enfocado en la salud humana y animal.
El objetivo es dar un primer paso para explorar la posibilidad de retomar la producción de vacunas a nivel nacional, suspendida desde 1980. Ese instituto permitiría cumplir en primera instancia las etapas de investigación básica y una producción a pequeña escala, lo que posibilitaría la realización de convenios con instituciones internacionales y atraer inversores para realizar la producción masiva a nivel local, en un proyecto cuyo costo final se calcula en entre US$ 10 millones y US$ 15 millones, que deberán salir del sector privado.
Serán $ 5 millones en 2022 y otros $ 2 millones el año siguiente, que posibilitarían montar el instituto. El monto que se le destinará a la Universidad para el instituto de vacunas saldrá de Rentas Generales.
El dinero se logró, según admitió el diputado Iván Posada, luego de una "larga negociación" con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que otorga el aval a cualquier tipo de reasignaciones. Estos recursos no serán extrapresupuestales, sino que se saldrán de un programa vinculado a esa cartera a través de Rentas Generales.
Por otra parte, la bancada de gobierno acordó resignar $ 43 millones para contemplar, en parte, el pedido presupuestal del Hospital de Clínicas para cristalizar tres proyectos relativos a atender efectos directos e indirectos del covid-19 en la salud de la población.
Unos $ 23 millones irán para el "programa de rápida resolución de cáncer de mama". Arim había afirmado el mes pasado que Uruguay tiene un "atraso relevante" en diagnósticos oncológicos en general y de este tipo de cáncer en particular, producto de las restricciones que operaron en el sistema por la emergencia sanitaria.
El programa impulsado permitiría que cualquier paciente que sea referenciada o diagnosticada con indicios de cáncer pueda agendarse rápidamente y recibir, en 20 días, un diagnóstico definitivo y un tratamiento, acompañada y cuidada por una nurse durante el proceso. El plan propone abordar la salud mental de la paciente y enfocar su tratamiento de una manera integral desde la cirugía, hasta cuidados paliativos, y reconstrucción mamaria.
Para este plan la Universidad pedía $ 28 millones.
Otros $ 7,5 millones irán para crear una unidad de cirugía ambulatoria, un área en la que también existen según Arim "atrasos relevantes", y que permitiría absorber unas 2.200 intervenciones al año y al país "ponerse al día". Para este proyecto la Universidad pedía $ 8 millones.
La última propuesta relacionada con el Hospital de Clínicas es el "Programa Integral de Atención del Ataque Cerebro Vascular", la segunda causa individual de muerte en Uruguay. Arim recordó que dos de cada tres pacientes que sufren un ACV permanecen con secuelas, en cuya atención también hay un "atraso importante".
El planteo es que el hospital universitario pueda montar un dispositivo para absorber parte de esta y otras problemáticas neurológicas, como esclerosis lateral o Parkinson, tanto en rehabilitación aguda o crónica, y tratamientos de largo aliento. Para este programa se pedían $ 32 millones, de los que se le otorgarán $ 12 millones.
Los recursos saldrán de las partidas previamente asignadas a salarios y retribuciones en la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Acuerdo con los judiciales
La discusión de la Rendición de Cuentas en Diputados se cerró además con una reunión de la bancada de gobierno, la Suprema Corte de Justicia y la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU).
Según dijo a El Observador el diputado colorado Conrado Rodríguez, allí se informó que el Ministerio de Economía y Finanzas decidió otorgar su aval a los resultados de la última oferta realizada por el gobierno para resolver el viejo litigio salarial en el Poder Judicial, originado en 2011.
La ley de Presupuesto aprobada en diciembre de 2020 preveía fondos para saldar los reclamos de 568 funcionarios que, con sentencia firme a su favor, se habían negado a acordar con el Estado un convenio de pago.
La propuesta preveía un plazo de 180 día para que el 80% de los implicados aceptara la oferta y suscribiera el convenio, aceptando el pago correspondiente en una cuota y renunciando a cualquier actualización por intereses posterior a junio de 2019.
Vencido el plazo el mes pasado, el planteo solo fue aceptado por el 62% de los involucrados. De todas formas, Economía hizo uso de la opción que le otorgaba la norma presupuestal para activar el acuerdo si consideraba que el número de adheridos era suficiente.
Así, a los 351 funcionarios que aceptaron el convenio se les pagará a partir del mes que viene y al contado el monto de sus sentencias. Además, a partir del 1 de enero de 2022 se les readecuará el salario con respecto a sus colegas que ya habían adherido a un acuerdo anterior, en 2018. El incremento supondrá 18,8% .
El monto previsto para cumplir con el acuerdo es de $ 353 millones de pesos. En tanto, a los 217 funcionarios que rechazaron adherirse al convenio se les otorgará un nuevo plazo que, bajo las mismas condiciones, se extenderá hasta el 31 de marzo del año que viene.
Por otra parte, la Rendición de Cuentas incluirá una disposición para contemplar la situación de los funcionarios que hayan ingresado al Poder Judicial a partir del 1 de enero de este año, ya con la ley de Presupuesto aprobado, y así subsanar los desequilibrios que se generen a nivel salarial.
