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/ Economía y Empresas / NORMATIVA

Alertan que Uruguay se expone a juicios si cambia zonas francas

Derogación disparará reclamos amparados en pactos de protección de inversión

14 de febrero de 2013 19:34 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Zonamerica
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La Cámara de Zonas Francas entiende que la ley que pretende introducir el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el sector, en detrimento de la legislación actual, puede “abrir lugar a reclamos de inversores”, según la carta que envió al MEF a fines de enero y a la que tuvo acceso El Observador.

El MEF anunció en diciembre pasado, con motivo de los 25 años de la Ley de Zonas Francas promulgada en 1987, la intención de derogar la ley 15.921 y enviar otra al Parlamento que reformula la normativa para la instalación de nuevos emprendimientos, la toma del personal e introduce áreas temáticas donde la tecnología y la innovación tendrán un papel preponderante. Además, propone el cambio de la denominación Zona Franca por Zonas Económicas Especiales.

El documento de la Cámara, firmada por el presidente de la entidad Daniel Carriquiry y fechada el 23 de enero, asevera que la derogación es “innecesaria, inconveniente y errónea”, y que “generará incertidumbre jurídica por la aplicación inmediata de la nueva ley a situaciones regidas por la anterior, afectando derechos adquiridos”. La Cámara recalca que la nueva legislación podría perturbar los tratados internacionales suscriptos por Uruguay y mancillar la “credibilidad del país al sustituir un régimen con trascendencia” global.

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En este sentido, el sector cree que la propuesta generaría reclamos y demandas de los inversores, a su vez que alejaría a futuros interesados en invertir en el país. Ciertos artículos del proyecto de ley del Ejecutivo y el MEF “cercenan la posibilidad de realizar determinadas actividades para los actuales desarrolladores”, aseguran en la Cámara.
“La derogación de la ley 15.921 genera diversas incertidumbres desde el punto de vista jurídico, en relación a los derechos adquiridos por los actuales usuarios y explotadores de las zonas francas que puede abrir lugar a reclamos de inversores amparados en Acuerdos de Protección de Inversiones”, señala el texto.

La carta incluye un análisis del ex canciller Didier Opertti, quien ha asesorado a la Cámara en este asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de las presidencias de Julio Sanguinetti y Jorge Batlle sustenta ese punto de vista al asegurar que podría “desanimar” a quienes buscan iniciar o ampliar una inversión “dentro de una figura que no les resulta familiar ni fácilmente identificable”. Opertti menciona que la denominación de Zonas Económicas Especiales, un aspecto nada menor para la Cámara de Zonas Francas, puede constituir un “factor de perplejidad”.

El experto añadió que la nueva ley derogaría “todo el régimen jurídico” de la actual, por lo que es “indispensable relevar la significación general de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones para cotejarlos” con las “disposiciones proyectadas”.

Una puerta

La ley que el MEF tiene en carpeta, y que aún no envió al Parlamento, deroga todas las disposiciones de la ley que rige hoy en día y establece: que los nuevos emprendimientos industriales deberán establecerse fuera del área metropolitana, que las nuevas habilitaciones para invertir se concederán según su porte –unos US$ 911 millones o US$ 131 millones si son proyectos tecnológicos, según valores fijados en Unidades Indexadas–, habrá una flexibilización en los requisitos para el personal –hoy se exige 75% de trabajadores uruguayos–, se introducirán áreas temáticas –para, entre otras cosas, recibir a la industria audiovisual– y se adoptará la denominación Zonas Económicas Especiales que tanto escozor genera en la Cámara.

En las últimas semanas, el MEF y la Cámara han mantenido reuniones para discutir sobre la iniciativa oficial, a pedido de los dirigentes de las zonas francas. Por este motivo el proyecto ha demorado su arribo al Parlamento. Ambas partes han intercambiado ideas y analizado la conveniencia de derogar la actual ley. Carriquiry, presidente de la Cámara, dijo el miércoles a El Observador que “hay una puerta por la cual” están conversando. Desde el MEF se señala que con la nueva normativa nadie perderá derechos y que se trata de ordenar una ley que busca diversificar la matriz productiva. Se espera que la semana que viene se genere un nuevo intercambio.

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