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La nueva modalidad de alquileres ha sido uno de los temas más sensibles de la campaña

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Alquileres LUC: el mecanismo que aún no mueve la aguja y es una vedette de la campaña

"La ley todavía está en un sistema de impasse", declaró el presidente de la Cámara Inmobiliaria

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19 de marzo de 2022 a las 05:02

Los impulsores del referéndum arremeten contra un “desalojo exprés y entienden que precariza las condiciones para el inquilino porque puede ser desplazado de la vivienda de un día para el otro si no cumple con el pago. En el oficialismo defienden en cambio que instalaron un nuevo régimen, alternativo a los actuales, que facilita a personas de bajos recursos o inmigrantes el acceso a un hogar sin necesidad de conseguir la garantía. 

La Ley de Urgente Consideración (LUC) generó la posibilidad de realizar un arrendamiento con la ausencia de cualquier garantía en favor del arrendador, siempre y cuando las partes pacten por escrito las condiciones. No obstante, ese artículo no estará entre los impugnados el próximo 27 de marzo, sino aquellos que detallan los plazos para el desalojo. 

En concreto, la apuesta del gobierno por dar estado legal a una situación que ya sucedía en los hechos admite como contrapartida que un buen pagador pueda ser desalojado a los 30 días de emitida la sentencia, al tiempo que los malos pagadores puedan ser desplazados en seis días. La otra ley de arrendamientos urbanos y suburbanos –que sigue vigente más allá de la LUC– establece, para esos mismos casos, plazos considerablemente más extensos: un año o seis meses para el primero, y veinte días para el segundo

Otro aspecto sensible de la discusión consiste en que la mora de arrendatario –y la multa que conlleva– se efectiviza al tercer día hábil desde la intimación, cuando en el otro sistema eso ocurre a los diez días. “Atrasándose tres días, puede suceder que un inquilino que ha pagado regularmente y tuvo un imprevisto ya pueda caer en mora, y eso es una vulnerabilidad muy importante de la parte más débil”, aseguró a El Observador la diputada del MPP, Lucía Etcheverry. 

Pero en los hechos, el actual régimen aún no mueve la aguja, según transmiten los distintos actores del sistema. De acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares, se estima que antes de la LUC ya había 38% de la población –más de 90 mil hogares– que alquilaba sin garantía, entre contratos a palabra y por escrito. Ahora, aunque no hay registros oficiales, la consolidación del mecanismo como una alternativa certera en el mercado no se ha concretado. 

Los únicos números sobre la mesa son que entre la vigencia de la LUC y noviembre de 2021, el 2,1% del total de 1.131 desalojos ocurrió bajo los términos de la norma, según recabó la Suprema Corte de Justicia e informó El País. Por otro lado, la Cámara Inmobiliaria tomó nota, a través de una encuesta a los socios, de “unas pocas decenas de contratos (por la LUC) de alquileres que oscilaban entre $ 8 mil y $ 12 mil en Montevideo, y a $ 24 mil en el interior del país”, informó a El Observador el referente León Peyrou. 

"Hay que asociarlo a que la ley todavía está en un sistema de impasse", consideró el empresario. "Poco a poco se va consolidando pero es fundamental que se defina si llegó para quedarse o no. Hay preocupación de la gente que está alquilando con esto sobre qué pasa si la ley cae, porque queda medio en un limbo", expresó. 

La nueva modalidad de alquileres ha sido uno de los temas más sensibles de la campaña

“Hubo algunos avisos y se han bajado, porque, por supuesto, nadie va a alquilar ahora por la LUC si el 27 de marzo el pueblo uruguayo vota Sí y esos artículos quedan anulados. Eso genera incertidumbre”, coincidió semanas atrás el exsenador Rafael Michelini, uno de los voceros del Sí.

El senador del MPP Alejandro Sánchez plantea por su parte que “los impactos de las leyes hay que mirarlos como permanentes en el tiempo”. “Que le apliquen a un solo uruguayo los alquileres sin garantía ya basta para decir que no le tenemos que dar respaldo legal a un contrato usurero con multas de hasta 60% del valor si se atrasa tres días”, dijo. 

“Nos da la impresión de que el alquiler sin garantías tiene mucho de positivo teniendo en cuenta que es una opción alternativa, no obliga ni sustituye a los contratos ya hechos bajo otra normativa”, declaró Peyrou desde la Cámara Inmobiliaria, aunque aclaró que como gremial no tienen una postura política sobre el referéndum. 

Según el empresario, la “opción es buena” en tanto el propietario “en otras circunstancias tenía que arriesgar”. A su entender, los plazos de hasta más de un año para concretar un desalojo “sin ningún tipo de retorno” implica una “cuota de riesgo” que se traduce en que “se termina cobrando alquileres mucho mayores a lo que deberían ser”. “Es una chance donde hay más para ganar que para perder: puede tomarlo quien antes no tenía posibilidad de pagar y se iba para una pensión –que lo corren de un día para el otro– o a un asentamiento”. 

Los detractores, en cambio, sostienen que en una coyuntura desfavorable y de déficit habitacional, el interesado en alquilar parte en desventaja. El abogado especialista en Vivienda, Juan Ceretta, ha expresado en distintas entrevistas que esta normativa parte de la concepción de que quien da el arrendamiento y quien arrienda están en condiciones de igualdad, lo que considera un “retroceso”. 

Peyrou, en tanto, estimó que la nueva modalidad puede tener incidencia en el interior, “donde la gente se conoce y saca al vecino del compromiso de alquilar al hijo del amigo sin garantía” o al “trabajador que llega para instalarse un año”. “Y en Montevideo los posibles clientes pueden ser estudiantes, gente de bajos recursos que no puede pagar un seguro, el inmigrante. Vos le estás dando la chance de tomar una vivienda digna en vez de ir a una pensión”. 

Fuentes del Ministerio de Vivienda reconocieron a El Observador el bajo alcance que ha tenido hasta la fecha la modalidad instaurada por la LUC, y una de las lecturas sobre la mesa es que para los propietarios sigue siendo más conveniente solicitar la garantía. 

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