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Amenazas y demoras conspiran contra la paz en Colombia
Ricardo Bolaños coloca sobre su cama un chaleco camuflado, un pequeño radio de baterías y un par de botas viejas de caucho, apreciadas reliquias de sus 45 años como guerrillero de las FARC.
Bolaños, de 64 años, quien vive en el campo de reintegración de Pondores en la árida región de La Guajira, en el noreste de Colombia, se comprometió en un proceso de paz con el gobierno que espera le traiga una vida diferente.
Los exrebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un controvertido acuerdo de paz en 2016 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, poniendo fin a más de cinco décadas de un conflicto que ha dejado 260 mil personas muertas y millones de desplazados.
La guerrilla acordó desarmarse y reintegrarse a la sociedad a cambio de beneficios económicos para excombatientes, representación política en el Congreso y garantías de seguridad.
Pero a Bolaños, como a muchos otros exrebeldes, le preocupa que el presidente Iván Duque, quien asumió el cargo el año pasado, no esté comprometido con ayudar a los excombatientes a reintegrarse.
Es que el gobierno de Duque se ha opuesto a algunos aspectos del acuerdo de paz y ha intentado, sin éxito, hacer enmiendas a través del Congreso, solicitando castigos más severos para los excombatientes acusados de crímenes de guerra.
Otro factor de temor son los asesinatos de docenas de excombatientes de las FARC, algunos en las afueras de los campamentos donde viven como parte de su proceso de reintegración a la sociedad.
“Tenemos preocupación por la inseguridad física”, dijo Bolaños, desde el reducido y acalorado espacio donde vive.
Un poco más de 13 mil exguerrilleros participan del proceso de reincorporación. Alrededor de una cuarta parte de ellos viven en 26 campos de reintegración, mientras dos tercios están por fuera de los campamentos, según el centro de pensamiento Ideas Para la Paz. Se desconoce el paradero del restante 8%.
De acuerdo con Naciones Unidas, al menos 137 excombatientes han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo, lo que ha provocado temor entre muchos de que puedan ser ultimados fuera de los campamentos. La ONU no identificó a los responsables de las muertes, pero las tasas de impunidad son altas.
El asesinato de activistas de derechos humanos también se ha disparado, aunque las fuentes no están de acuerdo con los números. Las estimaciones van desde cifras gubernamentales de 289 asesinatos hasta las del grupo de expertos Indepaz, que contabiliza en 738.
“La preocupación es la vida (...), que garanticen la vida, porque están asesinando no solo personas en proceso de reincorporación, sino que llevamos centenares de líderes y lideresas sociales”, dijo desde Pondores Marcos Calarcá, vocero y congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que surgió de la desmovilizada guerrilla.
Vivir bajo amenaza
Mensajes amenazantes han sido enviados a algunos exguerrilleros. Reuters pudo ver un volante supuestamente del grupo paramilitar Águilas Negras.
“Nuestro país no puede ser la cuna de la guerrilla y milicianos camuflados de supuestos líderes sociales y por ellos hemos iniciado esta lucha de exterminio en todos los territorios colombianos y nada ni nadie nos va a parar”, dice el panfleto.
La gubernamental agencia de reintegración dijo que se suministra más seguridad a los excombatientes que hacen parte del proceso.
Duque anunció el 23 de junio nuevas medidas para garantizar su seguridad, que incluyen un trabajo más cercano con el defensor del pueblo para detectar riesgos de manera anticipada, menos tiempo de espera para la asignación de seguridad personal y entrenamiento en defensa personal. Pero los asesinatos siguen.
Según un grupo de expertos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los asesinatos muestran la falta de capacidad y voluntad del gobierno de Duque para implementar el acuerdo, debilitando las perspectivas de paz y poniendo en peligro la posibilidad de futuras negociaciones con otros grupos guerrilleros.
“Los asesinatos de excombatientes podrían ser una amenaza directa para las bases de cualquier acuerdo de paz”, dijo el director de WOLA, Geoff Thale. “Si esta tendencia continúa podría empujar a más excombatientes desmovilizados a la creciente disidencia de las FARC”.
El movimiento disidente es una preocupación creciente.
Un grupo de exrebeldes que se había desmovilizado anunció una nueva ofensiva la semana pasada, argumentando que el proceso de paz se incumplió.
El anuncio provocó la condena del gobierno colombiano, de Naciones Unidas y del partido político FARC, que aseguró que la mayoría de los exrebeldes continúan comprometidos a pesar de los “obstáculos y dificultades”.
Casi 2.300 combatientes integran las disidencias de las FARC, según el más reciente recuento oficial de inteligencia militar de mayo. Se cree que muchos tienen como sede Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha dicho que los excomandantes rebeldes son bienvenidos.
Las cifras de la ONU muestran que solo al 10% de los exguerrilleros se les ha otorgado créditos para proyectos agrícolas y de desarrollo que apuntan a darles empleo en la vida civil. Los proyectos estaban destinados a garantizar que no volvieran a cultivar coca, materia prima de la cocaína.
El gobierno anunció que extenderá un auxilio mensual equivalente a US$ 200 a los excombatientes hasta el 31 de diciembre, debido a que no cumplió con la fecha límite del 15 de agosto para otorgar los préstamos.
“Falta de compromiso”
Hasta ahora, el gobierno ha pagado casi US$ 65 millones en auxilios, y la extensión del programa le costará otros US$ 12,7 millones. El gobierno también anunció una inversión de US$ 4,6 millones para comprar tierras destinadas a proyectos económicos de los exguerrilleros.
“Alentamos al gobierno a hacerlo al ritmo más rápido posible”, dijo Carlos Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que supervisa la reintegración de los excombatientes.
Mientras los exrebeldes luchan por poner en marcha los proyectos, los líderes de la FARC, legisladores y grupos de derechos humanos critican a Duque por los retrasos.
“Esto muestra una falta de compromiso y de capacidad estatal que pone en peligro aún más el proceso de paz”, dijo Thale de WOLA.
Los excombatientes necesitan proyectos para “darles una visión del futuro”, declaró Juanita Goebertus, legisladora del Partido Verde y exmiembro del equipo negociador del gobierno en el acuerdo de paz, durante una visita a la zona de reincorporación de La Guajira.
En Pondores, el apoyo internacional de Naciones Unidas y varios gobiernos europeos les ha servido para abrir una sastrería y una pequeña granja de cerdos, pero muchos están perdiendo la fe de que llegarán fondos para otros proyectos.
Omar Losada, de 50 años, dirige la sastrería. Algunas de las máquinas son las mismas que alguna vez se utilizaron para hacer uniformes de combate y fueron transportadas en mula a través de las montañas y las selvas de Colombia.
“Lo que nos preocupa es el futuro (...), ganar la vida para la familia. Estamos aquí tres años ya y no hemos podido hacer nada, eso es culpa del gobierno”, dijo.
A dos horas de Pondores se ubica el campo de reintegración de Tierra Grata, donde Kelly Martínez, de 44 años, vive rodeada de dientes hechos de espuma y moldes odontológicos. Como guerrillera extraía los dientes dañados de sus compañeros.
Martínez ahora estudia odontología en Bogotá, financiada por la Cruz Roja de Noruega, para que pueda trabajar legalmente en su nueva vida. Volvió al campamento en un receso de sus clases.
Ella dice que muchos excombatientes están usando sus auxilios personales para poner en marcha proyectos agrícolas porque todavía no ha aparecido dinero de los apoyos.
Al igual que Ricardo y Omar, a Martínez le preocupan los asesinatos de sus excompañeros en la guerrilla y se siente frustrada por lo que considera un incumplimiento del Gobierno. Pero sigue comprometida con el proceso de paz.
“Nuestra única arma ahora es la palabra”, dijo. “Y así vamos a continuar”. (Reuters)
