El fiscal Alejandro Machado apuntó al organismo anticorrupción y cuestionó que se denuncian cosas que hoy se siguen haciendo en la empresa estatal
El fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado explicó en un extenso dictamen los argumentos por los que entiende que no hay mérito para seguir avanzando con la causa que investiga la construcción del complejo Antel Arena y decidió archivarla.
El principal objetivo del fiscal era, a partir de la denuncia de Antel luego del cambio de autoridades, despejar si alguna de los anteriores jerarcas –entre ellos la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse– había cometido abuso innominado de funciones.
Para eso, Machado hizo un repaso de las distintas acusaciones que realizaba la denuncia y las fue desestimando una a una para llegar a la conclusión de que no hubo delito.
“Esta representación fiscal considera que de las profusas evidencias colectadas no surgen elementos que permitan sustentar que los funcionarios públicos investigados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”, cierra el texto de 88 páginas al que accedió El Observador. La denuncia había sido presentada por el directorio de Antel encabezado por el hoy precandidato colorado Gabriel Gurméndez.
Entre los puntos señalados en la denuncia estaban el uso del mecanismo de compra directa, las observaciones del Tribunal de Cuentas, la disposición de la reserva de las actuaciones vinculadas al Antel Arena, la falta de transparencia, las presuntas pérdidas económicas del complejo y si la construcción de un centro de este tipo estaba dentro del giro de la empresa pública.
Foto: Leonardo Carreño.
Carolina Cosse
Para respaldar este último punto, el fiscal se basa en una serie de informes solicitados por la entonces dirección de Antel que respaldan que la construcción del Antel Arena es constitucional y está dentro del giro de la empresa ya que lo toma como una inversión en publicidad a través de lo que se conoce como “Naming Rights Agreement”.
“El ente estatal devenido en denunciante enfatiza en que no es lo mismo hacer un contrato de designación -Naming Rights- e invertir dinero en asociar la marca con el nombre del Arena, que construir de cero, administrar y esponsorizar un complejo como el Antel Arena”, dice el fiscal.
Sin embargo, para el fiscal es “inadmisible” plantear que si se construía desde cero es ilegal pero si se asocia el nombre a un complejo construido por otro no lo es.
“Aplicar dicha lógica supondría concluir que si el Antel Arena era construido directamente por la Intendencia de Montevideo o por otro organismo estatal y luego Antel pagaba una compensación económica “Naming Rights” por el derecho de denominación no habría ilícito penal y si por el contrario Antel realizaba directamente la obra y colocaba su nombre por el plazo de 30 años, tal como efectivamente sucedió, las autoridades habrían incurrido en un delito de abuso innominado de funciones u otro ilícito penal, lo cual resulta inadmisible”, dice Machado.
Las compras directas con procedimiento competitivo abracaron a más del 90% de las realizadas para este proyecto mientras las que se realizaron sin ese mecanismo fueron menores al 10%.
Para rechazar las acusaciones sobre este punto, Machado toma el informe de la Auditoría Interna de Antel de fecha 28 de julio de 2020 elaborado por dos contadoras donde “surge que se pudo verificar que las adjudicaciones correspondieron a las propuestas más convenientes”.
Inés Guimaraens
Gurméndez encabezada el directorio que presentó la denuncia
“Asimismo, ambas auditoras fueron contestes en declarar en sede de Fiscalía que no encontraron ninguna irregularidad en todos los procesos de compras analizados”, agrega la sentencia y señala que “no existió ni una sola empresa que denunciara alguno de los llamados” lo cual, según Machado, “evidencia la ausencia de irregularidades sobre el particular”.
El fiscal también señala que al asumir las nuevas autoridades tampoco iniciaron ninguna investigación administrativa. “No cabe más que concluir que estas compras directas con procedimiento competitivo se encontraban amparadas en el marco legal vigente en aquel entonces”, agrega.
El fiscal, además, asegura que ese mecanismo se sigue utilizando hoy en día. “Antes de finalizar con este punto, corresponde señalar que de la indagatoria de marras emerge sin hesitaciones, que las compras directas siguen siendo un mecanismo habitual de contratación llevado adelante por el actual Directorio de Antel”, apunta.
La reserva aplicada por el directorio de Antel de la época a las actuaciones sobre este proyecto fue otro de los puntos analizados. Machado no solo asegura que la reserva fue justificada en su momento sino que con argumentos similares se continúan realizando hoy en día.
“Finalmente no puede soslayarse que lo que hoy es denunciado como un ilícito penal, continúa siendo una política habitualmente aplicada por Antel tanto para las compras de publicidad en diversos medios de comunicación como para las compras directas de derechos de imagen de personalidades famosas como así también para decenas de compras directas de bienes por montos significativos”, dice la sentencia.
El nuevo directorio de Antel denunció que se "hizo caso omiso" a las observaciones del Tribunal de Cuentas, manteniendo su postura e incluso reiterando gastos.
FIBA
El Antel Arena durante un partido de básquetbol
El Tribunal de Cuentas observó de arranque el convenio entre la Intendencia de Montevideo y Antel para la construcción del complejo porque entendía que no estaba dentro de los cometidos del ente. A partir de ahí, todos los gastos accesorios al proyecto fueron observados por esa razón inicial.
“La reiteración de gastos por parte de los ordenadores no sólo es un procedimiento frecuente dentro del Estado sino que expresamente nuestra Carta Magna prevé la resolución de dicho conflicto”, dice la sentencia.
Para Machado no resulta admisible que la reiteración del gasto sea merecedor de reproche penal e incluso volvió a apuntar contra la gestión actual. “Cabe señalar que si la reiteración del gasto tuviera consecuencias desde la perspectiva jurídico penal, tal como sostiene el denunciante, tanto las anteriores autoridades de ANTEL como las actuales serían merecedoras de reproche penal”, apunta.
En setiembre de 2021 la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió un dictamen en el que aseguraba que se habían violentado los principios de transparencia, eficiencia y legalidad. Ese informe, decía la propia Jutep, se había hecho a partir de un informe de una empresa externa, algo que fue duramente cuestionado por Machado.
“La propia Jutep admite en su resolución que toma como único insumo el informe confeccionado por una empresa externa y por tanto reconoce sin hesitaciones las debilidades que puede presentar su dictamen. En virtud de lo que viene de señalarse, el suscrito entiende que la Resolución Nº 949/2021 de fecha 16 de setiembre de 2021 de la Jutep carece de la rigurosidad jurídica requerida en esta instancia”, dice la sentencia.
Al mismo tiempo, Machado toma como suyas las declaraciones en Fiscalía de Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep durante los gobiernos del Frente Amplio, que asegura que la Jutep “necesariamente” antes de emitir un dictamen tiene que escuchar a las partes involucradas para que ejerzan su derecho a defensa.