Tras conocerse que la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) convocó a una movilización hacia Punta del Este el 25 de febrero, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, aseguró en rueda de prensa que quieren detener esta marcha "posiblemente" con un dispositivo policial.
Según Antía, el gobierno detuvo en 2002 una marcha de AEBU a la misma ciudad, con él también como intendente del departamento, y pretende volver a utilizar ese mecanismo. "Meter camiones y ómnibus en Punta del Este un viernes de Carnaval me parece que está fuera de lugar”, explicó el intendente.
Sin embargo, según los expertos consultados por El Observador, no existe ninguna norma que permita que un operativo policial impida el ingreso de una movilización en el balneario.
Para el abogado constitucionalista Martín Risso tomar esta medida en un lugar que no atente contra la posibilidad de trabajar, como sostiene la Ley de Urgente Consideración (LUC), no tiene sostén en el campo jurídico y con ella "se atenta contra la libre expresión y el derecho de reunión", indicó a El Observador.
Detalló que hay excepciones, como una marcha violenta, una movilización que lleve muchos días seguidos activa, o que fuese en lugares cercanos a un hospital o la policía, que impidan la correcta realización de esos servicios.
Por otra parte, el también abogado constitucionalista Eduardo Esteva aseguró a El Observador que no encuentra "una disposición expresa" que habilite al gobierno departamental de Maldonado a tomar esta medida, que cree limita la libertad de manifestación.
Según Esteva, la competencia de la movilidad es del Poder Legislativo, que debe sancionar leyes si quiere limitar este derecho, y dentro de este marco las intendencias se rigen por la Ley orgánica de gobiernos departamentales de 1935.
El constitucionalista explicó que la Intendencia de Maldonado puede "hacer una interpretación de la ley", al aprovechar que su antigüedad ha dejado a la norma con algunas derogaciones que "dejan sentido a interpretaciones", pero en casos de seguridad pública su injerencia no estaría contemplada por la Constitución salvo en casos específicos que refieran, por ejemplo, a la salubridad pública. Así fue, remarcó Esteva, como se limitó el derecho a la libre circulación en la peor etapa de la pandemia.
Esta situación no detendrá a AEBU, que realizará de todas formas la marcha, explicó el consejero central de AEBU, Juan Fernández, a El Observador. "Ellos (la Intendencia de Maldonado) harán lo que tengan que hacer, nosotros haremos lo que tenemos que hacer", desarrolló Fernández.
AEBU organiza esta movilización debido a que "no hay un ámbito de negociación" con el gobierno por un nuevo convenio laboral con los trabajadores de la Banca Oficial, tras un mes sin una nueva reunión después de la realizada el 14 de enero.
No obstante, afirmó que "si se da un ámbito de negociación" o se muestra predisposición al diálogo, la marcha podría ser suspendida. Por ello, "los teléfonos están siempre abiertos" para conversar con las autoridades, pero hasta ahora no ha existido una comunicación "eficiente" entre las partes, soslayó Fernández.
El 14 de enero, AEBU conversó con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el directorio de los bancos estatales, pero "la contraparte no se movió en ningún punto", continuó el consejero del sindicato. En ese momento, el gremio suspendió una movilización con las mismas características en la primera quincena de enero debido a la predisposición a negociar, un momento en el que Fernández entiende que el reclamo hubiera tenido mayor fuerza por tratarse de una fecha más concurrida.
El consejero agregó que dentro de AEBU no sorprende la decisión del intendente de Maldonado, y alegó que desde la llegada de la LUC "fueron recortadas nuestras capacidades de movilización". Por eso, "podemos esperar cosas como las que adelanta Antía", lamentó.
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