El dirigente de Nacional Antonio Palma fue suspendido el viernes pasado por 45 días por la Comisión Disciplinaria de Juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por un hecho que llevó a la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) a denunciarlo también ante el Tribunal de Ética de la AUF.
El hecho que derivó en su sanción se originó el sábado 11 de marzo al término del partido que la sub 17 de Nacional jugó contra Rentistas.
Terminado el partido, el entrenador de esa categoría de Nacional, Santiago Espasandín, fue expulsado por protestas improcedentes. No insultó ni agravió al árbitro, razón por la que fue suspendido solo por un partido.
Acto seguido, el dirigente de Nacional Antonio Palma invadió el campo de juego para protestarle al árbitro.
Según el expediente al que tuvo acceso Referí, Palma fue denunciado por esa invasión de campo, por insultos y por amenazas. El directivo le pidió el nombre al árbitro y amenazó con "cortarle la carrera".
Cuando el juez estampó las denuncias en su formulario, pidió el nombre de ese particular que entró a insultarlo y amenazarlo, ya que no reconoció a Palma, integrante de la directiva de Nacional desde la presidencia de José Luis Rodríguez.
Según revelaron desde el gremio de los árbitros a Referí, al árbitro le informaron desde Nacional un nombre diferente, para evitar que pudiera recaer sobre Palma alguna sanción.
Sin embargo, a través de fotos y filmaciones, el árbitro fue advertido del engaño del que fue objeto, razón por la cual se presentó a hacer una ampliación del informe confidencial que se labra tras cada partido.
La Comisión Disciplinaria de Juveniles, que se reúne semanalmente los miércoles, analizó el caso y emitió ese mismo día su fallo sancionando a Palma con 45 días de suspensión en virtud de los artículos 9.1 y 9.17 del Código Disciplinario de la AUF.
El artículo 9.1 contempla las "amenazas" contra los árbitros y dice:
"9.1 Agresión simple contra los árbitros. Quienes empujen, tomen del cuerpo, le tiren de cualquier manera la pelota, ataque los emblemas de su autoridad (uniforme, silbato, banderín, tarjetas, etc.) o sometan a los árbitros de un partido a cualquier hecho físico que por su naturaleza o circunstancia no pueda ser considerado como destinado a infligir un castigo corporal o que le haga objeto de amenazas con hechos o palabras, serán castigados con suspensión de dos (2) a cuatro (4) partidos".
El 9.17, cuyo acápite es "Situaciones especiales" es el que establece el castigo aplicable cuando el autor del hecho es un "dirigente" o "funcionario jerarquizado", como lo es Palma. El artículo dice:
"I) - Cuando el responsable de una infracción prevista en los artículos 9.1, 9.2, y 9.3, sea dirigente o funcionario jerarquizado de una institución, con excepción del entrenador de fútbol, la pena resultante será de inhabilitación de sus derechos emergentes de su condición con la A.U.F. de uno (1) a tres (3) meses".
La Comisión entendió que se trató de un hecho grave, razón por la cual no le aplicó la sanción mínima (30 días), pero en virtud de que Palma no tenía antecedentes fue por una sanción intermedia a la máxima (90 días) y lo sancionó con 45 días de prohibición de entrar a los escenarios deportivos y a cualquier actividad vinculada con el fútbol y la AUF.
Al fallar por la vía del proceso monitorio (artículo 38), tal como lo faculta el Código, la Comisión le dio traslado del fallo a Nacional con la posibilidad de que el club presente su defensa, algo que hizo dentro del plazo procesal.
Este miércoles se llevará a cabo una audiencia donde la propia Comisión será la que analizará el recurso de revisión presentado por los tricolores.
Nacional propuso a tres testigos, dos vinculados con el club y el otro dirigente del equipo rival, Rentistas. También presentó una prueba fílmica negando las denuncias estampadas por el árbitro.
Después de la audiencia, la Comisión resolverá el recurso planteado por Nacional con el que puede dejar firme la decisión adoptada contra Palma o modificarla.
La denuncia que el gremio de los árbitros presentó contra Palma ante el Tribunal de Ética, expone al directivo tricolor a sufrir una nueva sanción en el futuro.
Desde que Yimmy Álvarez es presidente de la agremiación, los jueces formularon 21 denuncias contra dirigentes, entre ellos Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, y Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional.
La gran mayoría de las sanciones fueron amonestaciones o apercibimientos.
En los últimos meses, se sumó entre los denunciados el presidente de Bella Vista, Pablo González y ahora Palma, que son los que están a la espera de fallo.
La gremial de árbitros volverá a insistir, luego de finalizado el proceso electoral en la AUF donde Ignacio Alonso fue reelecto presidente, que los jueces tengan a un representante en el Tribunal de Ética, como lo tuvieron un breve tiempo mientras estuvo Olivier Viera. El nombre que sigue en carpeta es el de Bernardo Pollero. Su incorporación debe pasar por el Congreso de la AUF.
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