El final de la película se sabía. La ley de responsabilidad penal empresarial sería votada, como finalmente lo hizo el Frente Amplio bajo la presión obrera del Sunca, y la norma empezó a recorrer un camino hacia la Suprema Corte de Justicia donde, según se advierte, puede ser declarada inconstitucional. Los empresarios ya adelantaron que presentarán recursos contra una ley que propone enviar a prisión a los empleadores que incumplan con las medidas de seguridad laboral.
La bancada del Frente Amplio llegó dividida al Plenario. Hubo discursos desde la izquierda alertando de la “vulnerabilidad” del texto, según dijo Rafael Michelini, uno de los legisladores del Frente Liber Seregni, que hasta último momento intentó modificarlo. En su intervención también le cobró a los diputados haberse negado a introducir el concepto de “omisión deliberada”, lo que a entender de su grupo salvaría el proyecto de una declaración de inconstitucionalidad. Ese esfuerzo que realizaron siete senadores de un total de 16 que tiene el Frente, quedó por el camino, al igual que la recomendación de Tabaré Vázquez, que pidió tener “cuidado” para no dar un paso adelante y luego tres para atrás. El precandidato blanco Jorge Larrañaga advirtió que el Frente Amplio estaba votando en contra de lo pedido por su principal candidato. Es que el oficialismo llegó a la sesión de ayer tras una reunión de bancada del lunes donde un acuerdo del MPP y los comunistas impuso votar el proyecto tal como venía de Diputados. De todos modos, en sala, los senadores de izquierda cerraron filas por disciplina partidaria y justificaron su votación porque se estaba dando “una señal en el sentido correcto”.
El texto que dividió al Frente propone sancionar penalmente a los empresarios que pongan en riesgo la vida y salud de los trabajadores si no cumplen con las normas de seguridad. El delito de peligro, dicen varios abogados, camina al filo de la Constitución. El catedrático en derecho constitucional, Martín Risso, opinó que la ley votada “es espantosa desde el punto de vista técnico” y dijo al diario El País que la norma “tiene elementos claramente inconstitucionales y otros más discutibles”. Otros especialistas, como José Korzeniak, opinan lo opuesto.
En las barras del Parlamento había poca gente –allí estaba el secretario general del Sunca, Óscar Andrade– pero la movida estaba afuera. En la calle, frente al edificio anexo, miles de obreros seguían el debate a través de una pantalla gigante (ver nota abajo). En el plenario, el senador comunista Eduardo Lorier explicó el alcance del proyecto, habló de la necesidad de aprobarlo en un país que tiene 47 muertes por año por accidentes de trabajo, y dijo que se está viviendo “una pérdida de sensibilidad” donde “importa más cuidar una máquina que a un obrero”.
Las críticas –además de la posible declaración de inconstitucionalidad advertida “en todos los idiomas”, como dijo el senador blanco Carlos Moreira– se vinculan al alcance de la norma circunscripta a la esfera privada y por responsabilidazar únicamente a la parte empleadora. El gobierno ya debió soportar la declaración de inconstitucional de otras leyes, sobre algunas de las cuales había recibido advertencias de juristas al respecto. (ver recuadro). Primero los colorados y luego los blancos anunciaron que votarían en contra a pesar de compartir la meta de bajar la siniestralidad. Sus posiciones eran abucheadas afuera del Palacio por los militantes del Sunca. Una vez votada la ley con los 16 fotos del oficialismo, el Sunca empezó los festejos.
