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17 de agosto 2023 - 5:01hs

La iniciativa fue elevada al Parlamento por el presidente Luis Lacalle Pou, junto con los ministerios de Economía y Finanzas y el de Trabajo y Seguridad Social en diciembre de 2022 y por la Asamblea General en agosto de 2023.

El principal objetivo de esta ley es captar mano de obra especializada para las empresas del sector TICs, que enfrentan una falta de expertos. De hecho, según un relevamiento de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), este sector de la economía local tiene un déficit de 3.500 puestos correspondientes a diferentes niveles de formación.

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Los técnicos y profesionales del sector de las tecnologías de la información que se trasladen a Uruguay para el “cumplimiento de contratos de trabajo en relación de dependencia con empresas con actividad regular y permanente” en el país “podrán optar con relación a las rentas del trabajo, por tributar el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR)”, expresa la normativa.

Asimismo, “quienes hagan uso de la opción anterior podrán expresar por escrito su deseo de no beneficiarse del sistema de seguridad social vigente” en Uruguay, añade. En este caso, no existirá obligación de realizar los aportes correspondientes.

Sin embargo, para ejercer estas opciones, se deben cumplir tres condiciones en simultánea. En primer lugar, ser extranjero o uruguayo y no haber sido considerado residente fiscal en Uruguay en los cinco ejercicios fiscales anteriores al traslado.

La segunda condición es trabajar a tiempo completo en territorio uruguayo, lo que se define como una presencia física efectiva de al menos dos tercios de los días del año civil.

Y en tercer término se exige también generar ingresos exclusivamente a través de contratos de trabajo en relación de dependencia, relacionados directamente con actividades en el sector de las TICs.

Las condiciones deben renovarse anualmente. Si no se cumplen las condiciones establecidas bajo la nueva reglamentación, el trabajador deberá tributar según el régimen general uruguayo.

En caso de desvinculación laboral, los trabajadores que hayan ejercido estas opciones podrán mantenerlas si se reincorporan al mercado laboral en menos de un año y siguen cumpliendo con los requisitos.

La reglamentación designa a los empleadores como responsables sustitutos del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) para aquellos trabajadores que hayan ejercido las opciones previstas.

La nueva ley estará vigente para los contratos laborales iniciados hasta el 28 de febrero de 2025 inclusive, y, en tal caso, se ofrecerá un marco temporal en el que los profesionales de las TICs pueden aprovechar estos beneficios.

La iniciativa fue votada por unanimidad tanto en Diputados como en el Senado.

Los empresarios del sector celebraron la medida

Según expresó el presidente de la CUTI, Carlos Acle, a Café & Negocios, esta reglamentación impactará positivamente en tres aspectos del mercado local.

Para el presidente de la gremial, esta iniciativa del gobierno proporciona un marco favorable para que las empresas que ya operan en Uruguay se puedan desarrollar. “La opción de tributar el Impuesto a la Renta de los No Residentes y la posibilidad de no estar obligado al sistema de seguridad social permiten que las empresas llenen temporalmente esta brecha hasta que se forme más talento local”, explicó Acle.

Por otra parte, la normativa también “traccionará inversiones extranjeras al país”, indicó. “La ley también se ve como un atractivo para empresas extranjeras que consideran establecerse en Uruguay”, añadió Acle.

Asimismo, la ley para que expertos en tecnología trabajen y vivan en Uruguay también aportará significativamente para el desarrollo de las empresas que, si bien no corresponden a la industria de las TICs, necesitan de mano de obra calificada en la materia para poder expandirse, agregó el presidente de la CUTI.

Acle también enfatizó sobre la “importancia continua de la formación en tecnología para abordar la escasez de talento” en Uruguay". A pesar de la implementación de esta medida, la educación y la formación de más profesionales en el campo siguen siendo esenciales para abastecer la demanda en constante crecimiento, reconoció.

“La aprobación unánime de la ley muestra un fuerte respaldo político al sector de tecnologías en Uruguay y resalta la posición del país como un destino atractivo para inversiones y crecimiento en el ámbito tecnológico”, concluyó el representante de la gremial.

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