Atenuar el crítico aumento de costos de la seguridad social exige corregir errores pasados, fundamentalmente la ley de flexibilización de 2008, asegurar controles estrictos en las causales jubilatorias y prever con precisión la evolución del sistema para asignarle su financiamiento. De no cumplirse estos requisitos el andamiaje se tambalea. Este peligro se evitó hace más de dos décadas con la reforma que creó las AFAP. Pero posteriores retoques al sistema lo han debilitado por incidencia de dos factores.
Uno, indiscutiblemente justo, ha sido la intención de mejorar la situación de los pasivos, históricamente maltratados. El otro, menos justificable, es poner el ojo electoral en un sector que congrega a un tercio de los votantes.
Hasta 1989 el nivel de las pasividades atendidas por el Banco de Previsión Social (BPS) dependía de cómo anduvieran las finanzas públicas. Su estado habitualmente endeble determinaba que cada gobierno asignara magros aumentos. En ese año una abrumadora mayoría aprobó en un plebiscito atar las jubilaciones al Índice Medio de Salarios, pese a las advertencias de unos pocos dirigentes sobre su impacto en las cuentas del Estado.
Seis años más tarde se creó el sistema mixto que mantuvo los retiros por el BPS pero introdujo el ahorro privado en las AFAP, tomando el ejemplo de países desarrollados. La reforma era indispensable ya que estudios técnicos anticipaban que, de mantenerse incambiado, el sistema en 10 años colapsaría. El cambio desactivó el peligro.
Pero en 2008 el Senado aprobó a las apuradas, sin evaluar sus alcances, la ley que, entre otras concesiones, bajó los requisitos de edad y años de trabajo para jubilarse, fijó subsidios que antes no existían y facilitó la jubilación por incapacidad. Esta causal se duplicó sospechosamente desde entonces, lo que apunta a laxitud en los controles.
Lo mismo ocurre con la aceptación de testimonios de testigos para acreditar años de trabajo, vía utilizada en 40% de las altas jubilatorias en 2016. Actualmente el gobierno anuncia un proyecto de ley para resarcir a los llamados cincuentones, que objetan perjuicios bajo la reforma de 1996.
Pero se necesitan reformas más de fondo para enfrentar el problema generado por el envejecimiento de la población por mayor expectativa de vida, la baja tasa de natalidad y el menor porcentaje de trabajadores activos que aportan a la seguridad social. Corresponde eliminar los aspectos más negativos de la ley de flexibilización de 2008, es aconsejable aumentar la edad de retiro y es indispensable controlar en forma estricta y eficiente las causas aducidas, especialmente en los casos de incapacidad y en el recurso a testigos sobre años de trabajo.
Cada gobierno tiene además que anticipar con precisión la financiación que requerirá el sistema cada año, priorizando la provisión de recursos para la seguridad social antes que erogaciones en otras áreas menos justificadas.
Esto evitará sorpresas costosas como la conocida ahora por un error de cálculo del BPS. Anticipó 37 mil jubilaciones pero se produjeron 103 mil al amparo de la flexibilización y la fragilidad de controles, lo que le costó a los contribuyentes US$ 330 millones en aumento de las transferencias del gobierno al ente previsional.
