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9 de mayo 2022 - 5:00hs

Pocos días antes del primer test ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), se suman señales de alarma en el plan económico argentino, al punto que abundan las versiones sobre que el gobierno no tardará en pedir un waiver por no poder cumplir las metas comprometidas.

Uno de los temas que más preocupan al ministro de Economía, Martín Guzmán, es cierto agotamiento que refleja el mercado de deuda local para seguir financiando al Tesoro. Una de las condiciones que el FMI puso en el acuerdo de refinanciación era que Argentina bajara drásticamente su dependencia de la “maquinita” del Banco Central a la hora de financiar el gasto público.

Puesto en cifras, el compromiso fue que este año esa asistencia monetaria quedara acotada a 1% del PIB, lo cual implica un esfuerzo contractivo, dado que el año pasado ese indicador alcanzó 3,7 puntos.

Guzmán no sólo no protestó sino que aceptó ese compromiso, dado que —aunque no lo diga públicamente por una cuestión de “corrección política”— cree que esa será la clave para bajar la inflación. Además, el ministro destacó que el primer trimestre del año cerró con un déficit fiscal pequeño, de solo 0,25% del PIB.

Fue sobre esa base que, hace un mes, cuando el país se alarmó por el espectacular 6,7% que arrojó el índice de precios al consumidor en marzo, prometió que empezaría una senda de fuerte descenso en la inflación. En ese momento, había un razonable margen de credibilidad para pensar que ese objetivo era cumplible: además de la reducción fiscal, se estaba retrayendo la base monetaria, algo que no ocurría desde hacía casi un año.

Punto de inflexión

Sin embargo, las malas señales no tardaron en aparecer. El esfuerzo para equilibrar las cuentas fiscales quedó opacado por el costo del subsidio estatal a la energía, una consecuencia del shock global en el precio del petróleo y el gas.

En abril, el subsidio a la energía creció, en términos reales –es decir, descontada la inflación– a un 56%. Y si se traduce este costo a dólares, implica que el rubro de energía sube a una tasa de 28%.

A ese ritmo, por más que la recaudación impositiva esté creciendo en términos reales, se hace difícil pensar en una disminución del déficit en los términos comprometidos con el FMI. La única forma de cumplir es con una drástica suba en las tarifas de los servicios públicos, un tema que está en el centro de las disputas entre el kirchnerismo y el sector que apoya a Alberto Fernández y al ministro Guzmán.

Pero al problema fiscal se están agregando dificultades financieras. Después de un primer trimestre tranquilo, en el cual Guzmán había logrado no solamente refinanciar todos sus vencimientos de deuda sino que le quedara un “excedente” del 50%, en abril se notó un punto de inflexión.

JUAN MABROMATA / AFP Martín Guzmán no logra obtener el crédito necesario del sector privado.

A diferencia de lo ocurrido en el primer trimestre, cuando pudo pagar 1,2 billón de pesos argentinos de vencimientos (unos US$ 11.000 millones, al cambio oficial) y quedarse con 640.000 millones de pesos argentinos (unos US$ 5.800 millones) adicionales en la caja, en abril el ministro no pudo siquiera captar fondos para renovar totalmente los vencimientos –le faltó 11% de los pesos necesarios–, y todo indica que no se trató de una situación excepcional, sino de la nueva tónica del mercado.

Ahora, en mayo, deberá procurar fondeo por 900.000 millones de pesos, equivalente a US$ 7.500 millones, al cambio oficial actual.

Ruidos políticos en la deuda

Ya esa voracidad por tomar crédito le estaba costando al gobierno una serie de críticas, tanto por derecha como por izquierda. Para empezar, porque el sector público se convirtió en el primer tomador del ahorro público, lo que implicó una caída en el nivel de crédito para las pequeñas empresas.

De hecho, la Unión Industrial Argentina llegó a advertir que la política oficial de suba de tasas —una necesidad del gobierno para mejorar su captación de fondos— estaba poniendo en riesgo el ritmo de recuperación del aparato productivo.

Pero, además, porque el incremento en la deuda pública en pesos encendió la alarma de economistas, que vaticinaron un inexorable “reperfilamiento”. Es decir, algún tipo de licuación o default encubierto mediante un canje compulsivo.

Como ruido de fondo de esa situación, la crisis inflacionaria y la abierta pelea política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner pusieron una nota adicional de tensión al mercado.

El resultado fue que, ante la percepción de un mayor riesgo, los inversores empezaron a acortar el plazo de sus préstamos al gobierno, una situación que preocupa a los analistas.

“Nadie está comprando bonos para después de mediados del año que viene. Todo el mundo está jugando al juego de los pesos ahora y el riesgo que tenés es provocar un efecto ‘Puerta 12′. Si no tenés coordinación ni hacia afuera ni hacia adentro, el programa es endeble y la inflación está cambiando de régimen”, advirtió Marina dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go.

Pero hay más: como se teme una escalada inflacionaria, el reflejo de ese miedo es que quienes le prestan dinero al gobierno lo hacen sólo en los títulos indexados por un indicador llamado CER, que refleja la inflación.

Esos títulos, que el año pasado captaban aproximadamente un 30% de las licitaciones, ahora representan un 77% de cada colocación, lo cual deja en evidencia la conducta defensiva de los inversores ante el riesgo de un intento de “licuación” inflacionaria de la deuda.

Tensión en el horizonte cercano

La consecuencia de esta desconfianza del mercado es que Guzmán se vio obligado a desahorrar parte del excedente que había quedado en la caja fiscal, de manera de poder hacer frente a un gasto público creciente.

Pero aun así, no fue suficiente, por lo que hubo que recurrir, después de tres meses de “abstinencia”, al auxilio financiero del Banco Central, que en abril fue de 80.000 millones de pesos (unos US$ 670 millones).

De esta manera, la asistencia del Central al Tesoro, en lo que va del año, totaliza el equivalente a unos US$ 1.600 millones. En términos de PIB, son 0,3 puntos, lo que implica que ya se usó un 30% del “cupo” permitido por el FMI.

Con esta asistencia del Banco Central, en abril se volvió a una situación monetaria expansiva, después de un trimestre de contracción. Hablando en números, hubo un el mes una expansión por el equivalente a US$ 3.100 millones. 

Las opiniones en el mercado apuntan a que este panorama se acentuará en el corto plazo, dadas las necesidades fiscales.

“Vemos que en los próximos dos meses puede haber más tensión. Esto se desprende principalmente de dos cuestiones que actuarán como interruptor de la máquina de imprimir dinero”, argumenta la consultora Econviews, que destaca el costo fiscal del nuevo bono de ayuda a los desempleados, y además las dificultades de Guzmán para financiarse con crédito del mercado.

JUAN MABROMATA / AFP La tensión política entre la vicepresidente y el presidente se mantiene.

Por lo pronto, una de las interrogantes del mercado es si, cuando se conozca el dato de inflación de abril, que se presume rondará el 6%, el Banco Central volverá a subir la tasa de interés. Hay un compromiso con el FMI de mantener tasas reales positivas, de manera de mantener a los ahorristas en los depósitos en pesos y evitar que acudan al dólar paralelo.

Sin embargo, en el gobierno se nota cierta reticencia a seguir encareciendo el crédito.

Lo cierto es que la presión fiscal no da señales de disminución. Más bien al contrario, con una situación social explosiva -la semana próxima se prevé una gran protesta piquetera de tres jornadas-, ya se está planteando una segunda parte en el bono de ayuda a los sectores de menores ingresos. El bono que se está pagando ahora implica un costo fiscal de 0,3 puntos, lo cual complica la meta de Guzmán, sobre todo si se considera que, además, los nuevos precios del gas no le permitirán un recorte en los subsidios a la energía.

 

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