Arranca primer proceso judicial de AMLO por el caso Odebrecht

New York Times News Service

El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó su primer proceso judicial importante contra la corrupción, una de las promesas centrales de su campaña electoral, apuntando a la corrupción en Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera estatal que se encuentra en crisis. Las autoridades dijeron el martes pasado que se han presentado cargos por soborno y fraude fiscal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue un cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto. Lozoya ha sido acusado de recibir sobornos en relación con la compra de una planta de fertilizantes por parte de la compañía petrolera, dijeron los funcionarios.

El caso en contra de Lozoya se deriva de una amplia investigación en toda la región sobre la empresa constructora brasileña Odebrecht y su papel en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Desde que empezaron las pesquisas hace varios años, Odebrecht admitió haber pagado aproximadamente US$ 800 millones en sobornos a líderes en una docena de países de Latinoamérica para asegurar contratos lucrativos. Los funcionarios de Odebrecht han proporcionado nombres, fechas y números de cuentas para ayudar a los fiscales de todo el hemisferio a rastrear el movimiento de sobornos.

El escándalo conmocionó a las élites políticas y comerciales de América Latina, ya que las consecuencias afectaron a casi todas las naciones donde la empresa hacía negocios, lo que llevó a la destitución de presidentes y al arresto de funcionarios gubernamentales. Pero en medio de la ola de investigaciones que sacuden a la región, una nación parecía no estar afectada: México.

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Pocos años después de que estallara el escándalo, dos investigaciones federales se habían estancado a pesar de que Odebrecht admitió en 2016 ante investigadores estadounidenses, brasileños y suizos que había pagado US$ 10,5 millones en sobornos a funcionarios mexicanos. Venezuela es otra excepción notable entre los países del hemisferio que no han tomado medidas para enfrentar el escándalo. El gobierno del entonces presidente Peña Nieto se negó a presentar cargos para no poner en peligro las posibilidades de su partido en las elecciones presidenciales de 2018, según dijeron funcionarios mexicanos entonces.
Sin embargo, el hecho de no presentar cargos no ayudó a su movimiento político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que quedó diezmado en todos los niveles de gobierno, en particular con la pérdida de la presidencia a manos de López Obrador, quien hizo campaña prometiendo erradicar la corrupción que azota a México. Ahora, con los cargos presentados contra Lozoya, el gobierno actual parece estar cumpliendo su promesa.

Lozoya, quien fue miembro del equipo de campaña de Peña Nieto en 2012 y fue puesto a cargo de Pemex luego de que su candidato ganara la presidencia, negó haber cometido algún delito. El caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de una planta de fertilizantes mientras dirigía la empresa, dijo en una entrevista Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda.

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La planta no estaba funcionando cuando Pemex se la compró a Altos Hornos de México (Ahmsa), una importante empresa mexicana de acero, pagando US$ 475 millones, una suma que, según los críticos de la compra, estaba drásticamente inflada. Según Nieto, los investigadores mexicanos se han enfocado en una serie de transferencias de dinero asociadas con la compra que, según dicen, implican a Lozoya, incluida una transferencia de US$ 3,6 millones que Ahmsa envió a una empresa fantasma en Suiza que estaba relacionada con Lozoya. Nieto dijo que Ahmsa transfirió el dinero a la compañía fantasma a través de una subsidiaria de la brasileña Odebrecht. “Nuestra hipótesis es que fue un soborno”, dijo Nieto. El pago de US$ 3,6 millones, dijo, fue separado de los US$ 10,5 millones en sobornos que Odebrecht admitió haberle pagado a funcionarios mexicanos.

Además de los cargos de soborno y fraude fiscal, las autoridades también han acusado a Lozoya de realizar operaciones utilizando dinero de fuentes ilegales, dijo Nieto. En otras acciones tomadas contra Lozoya, la Secretaría de Finanzas de México anunció el lunes pasado que había congelado sus cuentas bancarias, y la semana pasada el gobierno lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 10 años. Nieto dijo que el caso de Lozoya ahora recae en el principal fiscal de la nación. “El fiscal general tiene que ponerse en movimiento”, dijo.

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El gobierno también congeló las cuentas bancarias de Ahmsa esta semana. El diario El Universal informó el martes pasado que el presidente de Ahmsa, el fabricante de acero, había sido detenido por agentes de Interpol en España debido a una solicitud de extradición emitida por las autoridades mexicanas.
Eduardo Bohórquez, uno de los principales activistas anticorrupción de México que ayudó a liderar una campaña que tuvo como resultado cambios importantes en el sistema anticorrupción de la nación, calificó los casos contra Lozoya y Ahmsa como “una buena señal”.

“El impulso social que condujo a la reforma anticorrupción de 2016 tuvo que esperar casi tres años para finalmente ver la luz a través de este caso”, dijo.
Pero también advirtió que los casos se encontraban en sus primeras etapas y que los mexicanos podrían mostrarse escépticos de que estos procesos realmente indiquen un cambio cultural y político. “La impunidad sigue siendo un temor común entre los ciudadanos”, dijo Bohórquez. “La lista de los principales casos que fueron anunciados y procesados, pero donde no se hizo justicia, es larga”. 

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