El fallo surgió a raíz de un recurso presentado por una funcionaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (
ASSE), que le ganó un juicio al organismo por un reclamo salarial por pagos por nocturnidad, entre otros aspectos. El artículo impugnado (el 733º de la ley de presupuesto) estableció que los créditos contra el Estado por reclamos remuneratorios, después de ser declarados y liquidados por el Poder Judicial, no podrán cobrarse hasta que se los incluya en una nueva ley presupuestal o en alguna de las rendiciones de cuentas.
Textualmente establece: "Tratándose de sentencias de condena (...) que obligue al pago de una cantidad líquida y exigible derivada de reclamaciones (...) el Tribunal lo comunicará al MEF en un término de 10 días hábiles, a partir de ejecutoriado el fallo liquidatorio, a los efectos que el Poder Ejecutivo efectúe las previsiones correspondientes en oportunidad de proyectar el Presupuesto Nacional o en las próximas instancias presupuestales que permitan atender el pago de la erogación resultante".
La inconstitucionalidad fue declarada por unanimidad porque "vulnera el principio de tutela jurisdiccional efectiva". A su vez, cuatro de los cinco ministros de la SCJ consideraron que "vulnera los principios de igualdad, seguridad jurídica y separación de poderes", según consta en la sentencia.
Consultado por El Observador, Pérez Manrique -quien dejará su cargo este miércoles 17- afirmó que la sentencia "sienta un precedente importante y hecho nada más y nada menos que por la Corte en unanimidad". "Es un cambio en las reglas de juego. Es un caso muy parecido al de la ley que quiso modificar el concurso de Pluna. La situación es muy similar", dijo.
En el artículo impugnado se ampara el Estado en juicios salariales como los que, por ejemplo, le ganaron los funcionarios judiciales que reclaman desde 2011 un aumento salarial de 26%. A pesar de haber sentencias favorables a los demandantes, todavía no cobraron y el Poder Ejecutivo les ha solicitado varias veces que acepten un acuerdo de aumento de 15% y no de lo que reclaman.