Ascenso y caída del “presidente encargado” de Venezuela

Aquel día, todas las fuerzas opositoras habían llamado a congregarse en la Juan Pablo II. Hacía tres semanas que Guaidó había sido nombrado presidente de la Asamblea Nacional, el poder legislativo venezolano, que hasta ese momento estaba a cargo de los bolivarianos. Una buena elección permitió a los variopintos partidos opositores sumar las fuerzas suficientes como para que ese joven ingeniero nacido en La Guaira, al lado del mar Caribe, tomara el comando del Poder Legislativo.

Su partido político, Voluntad Popular, quería el fin del chavismo. Donald Trump había comenzado con las sanciones al gobierno, no sólo congelando bienes de funcionarios sino golpeando a la industria petrolera, principal y casi única fuente de ingresos del país.

Aquel 23 de enero, casi cuatro años atrás, fue el inicio del ascenso de Guaidó. Su objetivo, consensuado con otros opositores y con el mismo Trump, era derrocar a Maduro a como diera lugar e iniciar una transición que permitiera convocar elecciones.

Para que la propuesta echara raíces surgió la categoría de “presidente encargado”, a todas luces una anomalía constitucional. Pero se trató sólo de un tema lingüístico: Nicolás Maduro seguía en el Palacio de Miraflores y la Fuerza Armada bolivariana le respondía sin fisuras a la vista.

La idea de una vacancia en la presidencia se apoyaba en supuestas manipulaciones oficialistas de las elecciones presidenciales de 2018 en las que Maduro había logrado su reelección. Para la oposición, que en ese momento concitaba vastos sectores internos y el apoyo de Trump, era el momento de decir que el sucesor de Hugo Chávez era un usurpador.

Eran momentos de un proceso emigratorio agravado por la sequía económica y una inflación galopante. A los cientos de miles de venezolanos que salían vía Colombia para dispersarse por distintos países, se sumó la violencia represiva del gobierno contra todas las marchas opositoras. Las Naciones Unidas denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno. Hablaban de muertos en las calles, un control de los servicios de inteligencia sobre cualquier persona y la ausencia de garantías constitucionales mínimas. La crónica periodística de muy distintos signos comenzó a tratar a Maduro como “dictador” y a Guaidó como “presidente encargado”.

Guaidó logró el reconocimiento explícito de casi 60 países. Su poder interno era una promesa de destitución al chavismo y su convocatoria callejera. El apoyo del colombiano Iván Duque, aliado de Trump, fue tan fuerte que no pocas veces amenazó con mandar tropas a Venezuela. Sin embargo, el “presidente encargado” sólo cosechaba reconocimientos de otros gobiernos y viajes donde denunciar a Maduro.

A principios de 2021, pasados dos años de las elecciones legislativas que encumbraron a Guaidó, se celebraron los nuevos comicios. Los ganó la fuerza bolivariana. El veterano Jorge Rodríguez, formado al lado de Hugo Chávez, fue nombrado presidente de la Asamblea Legislativa por la mayoría chavista ante el desconsuelo de la oposición que denunció falta de garantías en las elecciones y sugería que había existido fraude.

Fueron comicios con un 70% de abstención y con el 90% de las 277 bancas ganadas por el chavismo. Las denuncias internacionales de Guaidó no fueron suficientes. Pese a que Trump seguía apoyando al “presidente encargado”, el ingeniero ya no presidía la Asamblea Legislativa.

El primer golpe diplomático para Guaidó fue cuando, pocos días después, la Unión Europea (UE) emitió un comunicado en el que decía que el grupo de 27 países “mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que se esfuerzan por restablecer la democracia en Venezuela, incluidos, en particular, Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente elegidos en 2015, que fue la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral”.

“Todos los actores políticos” significaba, diplomáticamente, que no podían reconocer a alguien que a partir de allí no presidía ningún poder legal. Muchos antichavistas dijeron entonces que el boicot había sido un bumerán, que les había quitado el punto de apoyo para hilvanar con el mundo. Guaidó dijo entonces que presidía un “gobierno interino”, pero eso resquebrajó la frágil alianza interna.

Fue el momento de un nuevo espacio opositor, la alianza de tres partidos: Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, dispuestos a transitar el diálogo con el Palacio de Miraflores y tratar de convertirse en una alternativa electoral.

La caída de Donald Trump y de Iván Duque, los dos aliados principales de Guaidó, resquebrajaron completamente su figura. El nuevo contexto internacional sumó la inesperada invasión de Rusia a Ucrania que, entre otras cosas, trajo una crisis energética en la cual el petróleo venezolano cobraba valor.

Washington y Caracas comenzaron un proceso de conversaciones. Joe Biden se ocupó personalmente de que Jack Sullivan, su principal alfil en las relaciones internacionales, dialogara con Maduro y con los opositores. También le abrió las puertas a la poderosa Chevron para volver a operar en Venezuela. Lo propio hicieron empresas españolas, francesas e italianas. Para Maduro, petróleo es plata y también vínculos con el mundo.

La llegada de Gustavo Petro al gobierno colombiano significó otro alivio. Fueron restablecidas las relaciones diplomáticas y también tienen convenios energéticos en común ambas naciones.

La oposición y el chavismo participan de una mesa de diálogo en México, bajo el auspicio de Noruega, para pactar elecciones transparentes en 2024. Juan Guaidó, golpeado, suplantado por Dinorah Figuera (de Primero Justicia), Marianela Fernández (de Un Tiempo Nuevo) y Auristela Vásquez (de Acción Democrática) en el simbólico Congreso paralelo que zamarrea la oposición, todavía sueña con poder participar de esa nueva etapa de la vida política de su país.