En el Senado fueron 17 votos en 29 para levantar el veto, por lo que no se llegó a tres quintos. En Diputados fueron 56 en 97 por lo que tampoco se alcanzó
La Asamblea General no logró alcanzar los tres quintos en ambas cámaras para levantar el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou a la ley aprobada en el Parlamento para cubrir los créditos laborales de exfuncionarios de Casa de Galicia.
En la Cámara de Senadores fueron 17 en 29 votos a favor de levantar el veto por lo que se quedaron a un voto (18) de llegar a los tres quintos.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, tampoco se llegó a la mayoría necesaria. Fueron 56 votos a favor de levantar el veto en 97 diputados presentes. Con 97 diputados, se necesitaban 59 votos para levantarlo.
"La única buena noticia que tendrán los trabajadores de Casa de Galicia esta Navidad es que a este gobierno nefasto le queda un año para terminar", sostuvo en la fundamentación del voto el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir.
Luego de que se contabilizara el total de la votación y ante los gritos e insultos de quienes estaban presentes, la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi pidió que desalojaran las barras.
La Asamblea estaba prevista para arrancar a las 12:00 pero comenzó más tarde. Valdomir en su cuenta de X dijo que la asamblea se había atrasado porque a los "pro-veto" les faltaba gente y por lo tanto en esas condiciones "perdían".
"20 minutos más tarde arranca la Asamblea General que tratará el veto de Lacalle Pou a la ley que resolvió el pago completo de los adeudos a trabajadores de Casa de Galicia. Les faltaba gente a los pro-veto y perdían…..Ahora veremos", escribió en su cuenta de X.
20 minutos más tarde arranca la Asamblea General que tratará el veto de Lacalle Pou a la ley que resolvió el pago completo de los adeudos a trabajadores de Casa de Galicia.
— Sebastián Valdomir (@SValdomir609) December 6, 2023
Les faltaba gente a los pro-veto y perdían…..Ahora veremos pic.twitter.com/Dqph8PNFNg
Según el artículo 138 de la Constitución de la República: "Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con
objeciones u observaciones, totales o parciales, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado".
Depende de cuántos estén presentes. Así se debía definir de acuerdo al quórum que haya en cada cámara:
| Senado | |
| Quórum | Votos necesarios |
| 31 | 19 |
| 30 | 18 |
| 29 | 18 |
| 28 | 17 |
| 27 | 17 |
| Diputados | |
| Quórum | Votos necesarios |
| 99 | 60 |
| 98 | 59 |
| 97 | 59 |
| 96 | 58 |
| 95 | 57 |
| 94 | 57 |
| 93 | 56 |
| 92 | 56 |
| 91 | 55 |
| 90 | 54 |
Antes de la votación se esperaba que en el Senado estuvieran los tres quintos, algo que finalmente no pasó. "Los votos estarían, si no falta ninguno", adelantó esta mañana el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Cabildo y el Frente Amplio iban a votar para levantar el veto y según supo El Observador pasado el mediodía ya estaban todos sus legisladores presentes en la asamblea.
En la Cámara de Diputados, de estar los 99, se precisan 60 legisladores. "Al momento habría 56 diputados, pero si faltan algunos, al ser tres quintos de los presentes, se estaría llegando", señaló Perrone a primera hora de la mañana a Doble Click (Del Sol)
Además del Frente y Cabildo, algunos legisladores nacionalistas y colorados, votaron levantar el veto.
En el Senado, los blancos que dieron sus votos para aprobar el proyecto que Lacalle Pou vetó parcialmente fueron Sergio Botana y Juan Straneo (suplente de Juan Sartori). En la Cámara de Diputados, lo hicieron los legisladores que responden a Botana –Carmen Tort y Marcos Portillo–, así como César Vega del PERI.
También tuvo el apoyo del colorado Germán Cardoso.
Si la Asamblea levantaba el veto la ley se hubiese promulgado como fue aprobada por los legisladores, antes de la observación del presidente.
En ese caso, se estimaba que el gobierno debía pagar US$ 30 millones (más de $600 mil o 105 mil unidades indexadas por trabajador), en lugar de los US$ 8 millones que quiere el Poder Ejecutivo ($174 mil o 30 mil unidades indexadas por trabajador). Son 2.036 trabajadores afectados.