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Auditoría de Inefop detectó convenios con entidades vinculadas a directores

Se gastó dinero en cenas en un local nocturno en la madrugada, honorarios profesionales de abogados por litigios ajenos al instituto, compras en supermercados, entre otros gastos irregulares

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11 de diciembre de 2020 a las 00:02

Una auditoría en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) detectó que se celebraron convenios con entidades vinculadas a directores por unos US$ 5,5 millones. De la investigación, llevada adelante por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), surgen 10 hallazgos con "un nivel de criticidad extremo" relacionados con el otorgamiento de convenios con instituciones públicas o privadas. 

La evaluación en torno a los convenios celebrados por Inefop se realizó para 2017, 2018 y 2019. De acuerdo a lo publicado por la AIN se constató que el instituto "aprobó convenios con entidades que poseen representación en el directorio, sin contar con un informe técnico independiente que evalúe su impacto y viabilidad, ascendiendo a la suma de $208.118.237 (unos US$ 5,5 millones) en el período auditado". 

Por otra parte la investigación señaló que los integrantes del directorio, conformado por ocho miembros, recibieron retribuciones que superan el tope legal establecido en la normativa de creación del instituto (Ley Nº 18.406). De acuerdo al documento al que accedió El Observador, las retribuciones percibidas por un gerente superan el tope previsto en $586.635 en el período auditado.

Además, el informe indica que el presidente del Directorio entre 2015 y 2020, Eduardo Pereyra, percibió sueldo como director de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) y gastos de representación por Inefop. "En este período no percibió remuneración como Director de Inefop, pero sí la partida correspondiente a gastos de representación del Instituto. Es decir, que a su retribución como director de Dinae, se le sumó la partida de gastos de representación como director de Inefop", establece la auditoría. Esta situación, según indica el informe, se "aparta" del Presupuesto General de Sueldos y Gastos establecido en la ley 11.923.

El documento a su vez señala que existen "debilidades" en los controles de las rendiciones de los fondos, indica que hay una "ausencia de coordinación entre las áreas" y observa que la "evaluación final de cumplimiento de los convenios es realizada de forma selectiva". 

Además, de acuerdo a la investigación, se constataron casos en donde la Gerencia de Administración y Finanzas de Inefop observó gastos, pero el directorio del organismo "no los tuvo en cuenta aprobando las rendiciones".

Otra de las irregularidades que señala la auditoría está relacionada al otorgamiento de donaciones. De acuerdo a la investigación de la AIN el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional no tendría legitimación o competencia "para disponer de fondos a través de este instrumento". Además señala que la decisión de otorgar donaciones o apoyos financieros no fue consultada a la Unidad Jurídica.

Finalmente el informe señala "la eventual existencia de vínculos entre funcionarios del Instituto con entidades beneficiarias y/o particulares intervinientes en los distintos procesos". Lo que exponen como una "debilidad" en el cumplimiento del código de ética en la función pública, establecido en la ley 19.823.

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional transfiere fondos para “cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva", lo cual está establecido en la ley 18.406.

La partida anual establecida es de US$ 1 millón, a ser distribuida por partes iguales entre las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores miembros titulares en el Consejo Directivo: El PIT-CNT, Cámara Nacional de Comercio y Servicios y la Cámara de Industrias. Según concluye la auditoría se constataron nueve irregularidades en este sentido. 

El informe determinó que se encontraron situaciones en las cuales los fondos "no fueron destinados por las Instituciones beneficiarias para el objetivo establecido en la ley y resoluciones" y agrega que "los recursos fueron utilizados en su mayoría en gastos de funcionamiento de las entidades, lo que permite concluir que los fondos no llegaron prioritariamente al destino previsto".  

El documento expone que "del análisis realizado sobre más del 90% de las rendiciones de la totalidad de las instituciones se constató apartamientos de lo dispuesto por el marco legal y las resoluciones de Inefop" y detalla situaciones como el pago de "cenas en un local nocturno en la madrugada, honorarios profesionales de abogados por litigios ajenos al instituto, compras en supermercados, service de vehículos, servicios de catering y almuerzos, honorarios a clínica odontológica y a médicos, suscripciones a medios de prensa y gastos a nombre de otra institución". 

En este sentido el informe también señala debilidades en el seguimiento y evaluación de los destinos de los fondos.

"No se obtuvo evidencia que se solicite por parte del Consejo Directivo a las instituciones una planificación respecto del destino de los fondos a liberar, ni plazos para su rendición y/o reintegro", sostiene. 

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