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Auditoría sobre esta administración en IMPO detectó falta de controles en pagos, inmuebles vacíos y contratos vencidos
Una auditoría realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) encontró diversas situaciones críticas en el organismo que van desde falta de controles hasta la existencia de inmuebles que están vacíos y sin uso.
El documento, al que accedió El Observador, fue elaborado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) y presenta siete hallazgos de los cuales cuatro son de riesgo alto y tres de riesgo medio.
Entre los de riesgo alto se mencionan ventas de productos no enmarcados en los cometidos; cobranzas de créditos; gestión de propiedades, y la ausencia de una unidad de auditoría interna, mientras que en las de riesgo medio está la información asociada a la compra-venta de productos; servicios de terceros, y teletrabajo.
Cada uno de los hallazgos incluye a su vez una serie de recomendaciones. Algunas fueron implementadas inmediatamente después del trabajo de los auditores mientras que otras siguen pendientes.
Uno de los principales hallazgos es que IMPO tiene “dificultades” para realizar en “tiempo y forma” la cobranza de sus créditos. El 31 % del total de las deudas correspondientes al año 2021 tienen una antigüedad mayor a 6 meses y existen organismos públicos que le tienen deudas desde el año 2017.
“Se verificó la emisión de facturas con hasta 60 días posterior a la fecha del remito de entrega del producto al cliente” y “del análisis de 11 expedientes del ejercicio 2021 se verificó que el 90 % no cuenta con órdenes de compra”, señala el documento.
Tampoco hay registros en los expedientes de la aceptación de los presupuestos por parte del cliente, realizándose en algunos casos de forma telefónica, sin documentación que avale al solicitante como ordenador del gasto, lo que impacta en el “reconocimiento de la deuda y aumenta el riesgo de incobrabilidad”.
El reporte menciona que las cobranzas se hacen sin criterio definido respecto a las acciones a ejecutar en cada rango de atraso a ser gestionado. “No existen criterios definidos para limitar las ventas a organismos que mantienen deudas con atraso importante, o acciones alternativas tendientes a gestionar la deuda cuando dichos clientes requieren nuevos servicios”.
Para los auditores, estas situaciones generan riesgo de que haya “pérdidas económicas por incobrabilidad” e “ineficiencias en el uso de los recursos” por lo que recomiendan establecer un mecanismo de control para asegurar la facturación en tiempo y forma; solicitar órdenes de compra para cada venta, y definir un procedimiento de gestión de cobranza.
El trabajo también pone el foco en cómo gestiona las propiedades el organismo.
Tiene un edificio de propiedad horizontal compuesto por 21 unidades, siendo una de las unidades la sede donde IMPO desarrolla sus actividades.
Hay 4 que están arrendadas con plazos contractuales vencidos desde el año 1979 al 1982, sin que se hayan realizado revisiones de las condiciones establecidas contractualmente a efectos de verificar su cumplimiento.
A su vez, 11 se encuentran vacías, por lo que “de acuerdo a los cometidos asignados y la estructura actual de IMPO, no se justifica conservarlas sin darles un destino apropiado”.
También hay 5 unidades dadas en comodato, de las cuales una de ellas se encuentra con contrato vencido. “Se verificó la existencia de deuda por tributos y gastos comunes a cargo del comodatario, que al 20 de abril de 2022 asciende a $222.693. Según IMPO, esta deuda se canceló poco tiempo después.
Otro punto que abordan los auditores es un incumplimiento normativo, ya que se detectaron ventas a organismos públicos que no se encuentran enmarcadas en los cometidos de IMPO. A modo de ejemplo, se mencionan tarjetas personales, formularios para viáticos, libretas de órdenes de pago, cuadernos, sobres, hojas, entre otros.
También se verificó la inexistencia de controles sobre los convenios, algo que permitiría asegurar que todas las ventas se realicen en base a las condiciones vigentes y formalmente establecidas.
