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Balcedo y su pareja intentaron negociar una pena reducida pero se lo negaron, dijo fiscal

La pareja estuvo dispuesta a admitir que lavó dinero en Uruguay, pero en mayo la Fiscalía decidió que iría a juicio oral

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11 de octubre de 2018 a las 05:01

La apropiación ilícita de entre US$ 9 millones y US$ 12 millones que pertenecían a las arcas del sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) de Argentina, extorsión a integrantes del mismo gremio, y pruebas de colaboración en el lavado de activos del dinero de la banda de narcotraficantes rosarina conocida como Los Monos, son las acusaciones que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak formuló contra el empresario y sindicalista Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Fiege, en un exhorto que recibió la semana pasada la fiscalía de Maldonado de 3° turno a cargo de Alejandro Machado. 

Estos documentos son claves para que la investigación que inició con el fiscal Rodrigo Morosoli en enero, y que desde marzo está en manos de Machado, llegue a la etapa de juicio oral, donde la pareja puede ser condenada si se logra probar que lavaron dinero en Uruguay. 

Balcedo y Fiege fueron detenidos en enero de 2018 a pedido de la Justicia argentina, y aunque ambos esperan para ser extraditados, su estadía en el país puede extenderse si finalmente la fiscalía uruguaya prueba que el dinero de las maniobras por las que son investigando se levaron en suelo oriental. 

Para Machado las pruebas contra la pareja son tantas que las posibilidades de lograr una condena para ambos en el juicio oral son casi seguras. De hecho, según contó a El Observador, la fiscalía rechazó cualquier posibilidad de acuerdo de reducción de pena a cambio de una confesión, a pesar de que las sucesivas defensas de la pareja lo intentaron. 

El fiscal negó haber extorsionado a Fiege y a Balcedo para que entregaran bienes a cambio de una pena reducida, como dijo la imputada. “Nos plantearon distintos acuerdos en los que admitían haber lavado pero a cambio no cumplirían pena efectiva y seleccionarían algunos de los bienes embargados para quedárselos. Pero en mayo cerré cualquier posibilidad de negociación, me opuse. Por la gravedad de los delitos por los que se los investiga  tienen que tener pena efectiva”, aseguró Machado.

El juicio abreviado que permite a la fiscalía acordar una pena menor con los imputados, solo puede aplicarse para delitos cuya pena mínima sea inferior a seis años, y en los que los acusados admitan su responsabilidad en el delito por el que son investigados, a cambio de recibir una pena menor. Esto permite que se logren condenas con mayor celeridad y con menos pruebas, de las que se requieren para un juicio oral. 
 
Sin embargo, para Machado “las pruebas son tan claras” que la fiscalía decidió desechar esta opción. 


Los otros acusados del caso

Junto con Balcedo y Fiege fueron investigadas otras seis personas vinculadas a las actividades ilícitas que según la fiscalía desarrolló la pareja en Uruguay. Hasta el momento ya fueron llevados ante el juez un abogado y el personal trainer de la pareja, a quienes se les imputó un delito continuado de lavado de activos; así como una mujer allegada a la familia que era titular de una tarjeta de crédito a la que Fiege le cargaba dinero para realizar compras, y a la que se le imputó un delito de lavado de activos.

El abogado era el encargado de comprar y administrar las sociedades con las que la pareja ocultaba bienes. Para el fiscal, está probado que el hombre sabía que con su trabajo se estaba lavando dinero. Todavía resta por llevar a la justicia a otras dos personas que oficiaban como testaferros en las distintas sociedades de Balcedo y Fiege, aunque el fiscal prefirió no dar detalles sobre su participación.

La fiscalía también llevó ante la justicia a la escribana que participó de las distintas compra-ventas de terrenos y propiedades de la pareja. El fiscal pidió imputarle un delito de asistencia al lavado de activos, pero la jueza María Helena Mainard no hizo lugar a su planteo. Para la jueza “la simple afirmación de que con su asesoramiento y asistencia técnica, tareas típicas de la función, aseguró la obtención de un beneficio indebido y como resultado de su actividad se generaron ganancias ilícitas no es suficiente”, no son suficientes y debe demostrarse que hubo dolo, es decir la voluntad explícita de participar de una acción de lavado. Asimismo, la magistrada entendió que aunque los escribanos están obligados a denunciar una actividad sospechosa, el no hacerlo “no genera responsabilidad de tipo penal”. 

El fiscal apeló esa decisión de la jueza con el objetivo de que la mujer sí pueda ser imputada. Machado explicó que a su juicio la escribana fue fundamental para que Fiege y Balcedo lavaran en Uruguay el dinero porque con sin su firma no podría haberse realizados las acciones de compra venta con la que la pareja pretendió blanquear su dinero sucio. “El dinero de las operaciones no pasaba por el sistema bancario, se entregaba dinero antes de que se firmara la compraventa o promesa de compra, nunca hizo un reporte de operación sospechosa a pesar de que eran cifras multimillonarias en dólares en efectivo y que estas personas no tenían ingresos en el país”, argumentó.
Para el fiscal, si la escribana no actuó con “dolo” (es decir que no tuvo la voluntad de lavar dinero), sí tuvo “dolo eventual”, es decir que “no quiso ver lo que era evidente”. 

Recursos

Según Machado a lo largo de la investigación, las sucesivas defensas de Balcedo y Fiege presentaron tres nulidades, un pedido de sobreseimiento y llegaron a argumentar que la nueva ley de lavado de activos aprobada en enero de 2018 había derogado toda la normativa anterior y por tanto dejaba sin efecto cualquier investigación iniciada antes de su promulgación. Este argumento, que se basó en que el texto de la ley decía “deróguese” en lugar de “sustitúyase”, fue rechazado por la Justicia en este y en otros casos.

De la misma forma quedó por el camino el pedido de sobreseimiento, y la justicia de primera instancia rechazó las tres nulidades. Todas ellas fueron apeladas, y la justicia de segunda instancia volvió a rechazar dos de esas tres.

Solo se espera el veredicto final respecto a una de las nulidades, referida a la forma en la que se desarrolló el allanamiento en el Gran Chaparral, donde Interpol incautó 14 autos de lujo, armas sobre las que no tenía documentación (una ametralladora, un fusil, un revolver 38), US$ 417 mil y 6 mil euros. Según argumenta la defensa de Fiege y de Balcedo, la orden que tenía la policía era para detener a la pareja pero no para llevarse algunos de sus bienes. Si el tribunal de apelaciones decide acepta la nulidad, las pruebas recabadas allí no podrán ser utilizadas en el juicio. 

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