El intendente de Soriano, Agustín Bascou, enfrenta desde este jueves dos causas distintas en la Justicia penal, pero su caso ya desborda el área judicial. A la acusación por supuesto libramiento de
cheques sin fondo, un caso que está en la órbita judicial desde febrero, el Frente Amplio agregó una denuncia por conjunción del interés público y privado, a partir de las compras de combustible que la intendencia realizaba en estaciones que eran propiedad de Bascou.
Hasta febrero de 2017, el intendente fue propietario de dos estaciones del sello
ANCAP que proveían de combustible a la comuna a través del Sistema de Control Vehicular (Sisconve), un software que monitorea a los coches de organismos públicos.
Según la denuncia del Frente Amplio, una de las dos estaciones propiedad del intendente, ubicada en la ruta 2, despachó en 2016 casi tres veces más combustible a vehículos de la intendencia que otra estación del mismo sello, ubicada a solo 100 metros de distancia. Antes de ir a la Justicia, el Frente Amplio había agotado otros caminos.
Primero, promovió un juicio político en la Junta Departamental, pero no obtuvo los votos suficientes. En esa misma sesión, del pasado 26 de setiembre, un grupo de ediles del Partido Nacional, que responden al sector de Luis Lacalle Pou, instó a conformar una comisión investigadora que analizara el caso.
Si bien se conformó una comisión preinvestigadora, esta no tuvo el respaldo necesario para constituir la investigadora, como pretendía el Frente Amplio y una parte del Partido Nacional.
A dos frentes y medio
Indagado por la Justicia, el intendente nacionalista se encuentra también en el ojo de otros dos organismos. Por un lado, el Tribunal de Conducta Política de su propio partido definirá si hubo o no un apartamiento de las conductas esperadas de un servidor público.
El caso Bascou dividió en dos al Partido Nacional y reflotó tensiones entre los líderes Lacalle Pou y Jorge Larrañaga (Juntos).
Mientras que Larrañaga defendió al intendente, que pertenece a su sector, Lacalle Pou declaró que si fuera Bascou "ya hubiera renunciado".
Por otra parte, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analiza la posibilidad de ingresar el tema a agenda de estudio. Según dijo a El Observador su vicepresidente, Daniel Borreli, aún no han decidido indagar el caso Bascou, pero "lo más probable" es que ello suceda una vez que culminen las tareas que los mantienen ocupados por estos días. Este jueves, el semanario
Búsqueda informó, en base a fuentes, que la Jutep solicitó información a ANCAP sobre las ventas de la estación de servicio a la intendencia. Consultado al respecto, Borreli dijo que "todavía no se pidió nada".