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Blancos defienden al intendente de Soriano en la Junta

La Junta de Soriano discute la propuesta de iniciar un juicio político a Bascou

26 de septiembre de 2017 16:32 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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D. BATTISTE
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La bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano convocó a una sesión extraordinaria de la Junta Departamental para este martes con el fin de proponer el inicio de un juicio político al intendente de Soriano, Agustín Bascou.

El edil del por el Partido Nacional, Luis Rico, aseguró que esto es una "ventaja trapera" que solo repercute en la sociedad. "Hago un llamado a la reflexión para que dejemos de ver fantasmas donde no los hay y que dejemos de inventar fantasmas donde solo hay una realidad. La realidad acá es que se respetó la Constitución, lo que no se respetó es el ser humano, alguien que mostró su amor por el departamento de Soriano", aseveró Rico.

Por su parte, Luciano Andriolo, también nacionalista, propuso que se forme una comisión investigadora que va a permitir "llegar a un informe final con todos los elementos en la mesa". Aseguró que ellos no están "ni de un lado ni del otro", ni con la Larrañaga que lo defiende ni con Verónica Alonso que quiere que deje el cargo.

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Además, Andriolo dijo que consideran que el accionar del intendente está alejado de la ética y aseguró que el intentende Bascou va a ser recibido este miércoles por la Comisión de Etica del Partido Nacional.

"Los blancos no le tenemos miedo a las comisiones investigadoras. Hay que defender la gestión pública, nos debemos a la gente", agregó el edil blanco Marco Morosini.

Por su parte, Alba Bonino, edil del Frente Amplio, afirmó que no puede haber dos lecturas entre la ética en lo público y en lo privado. "El mensaje de que todo vale es muy peligroso", aseveró Bonino. A su vez, agregó que cada uno se hará cargo de su decisión este martes, "si aceptan defender el incumpliemiento de la Constitución o votar por la transparencia y a favor de la ética".

Nilda Costa, edil del Partido Nacional, aseguró que quiere creer que fue "un chiste" lo que dijo Tabaré Vázquez sobre que el caso de Bascou no tuvo la carga emocional que tuvo el de Sendic. "Es cierto que andaba paseando por ahí, que no se enteró que toda radio, diario y medio de prensa hablaron del caso de Bascou", aseveró Costa.

El organismo que tiene la potestad para remover a un moronintendente es el Senado, que necesita para hacerlo dos tercios de los votos. Pero antes, la Junta Departamental debe elevar una solicitud de juicio político y para ello se requiere al menos un tercio de los votos de 31 ediles. El FA tiene siete ediles y precisa sumar otros cuatro para que prospere la iniciativa.

Bascou y su esposa son titulares de la empresa Radial Mercedes Limitada, que manejaba hasta principios de año dos estaciones de servicio, además de otros negocios que aún mantiene. Según los datos manejados por el Frente Amplio, en marzo del año pasado cuando se empezó a ingresar los datos en el Sistema de Control Vehicular (Sisconve), una de las estaciones de servicio de Bascou vendía combustible a los vehículos de la intendencia por $ 1,1 millones al mes.

Sin embargo, hacia fines de 2016, las transacciones aumentaron a más de $ 1,6 millones. En tanto, la estación de servicio competidora comenzó vendiendo combustible a la comuna de Soriano por $ 900 mil y terminó el año con ventas por debajo de los $ 600 mil. Ambos locales, aseguran los ediles, se encuentran a menos de 100 metros de distancia.

Lea también: "FA asegura que ventas de estación de Bascou a intendencia triplicaron a su competido"

Según los ediles del Frente Amplio, la actividad comercial privada del intendente supone una violación a los artículos 289 y 290 de la Constitución y por lo tanto debería dejar su cargo. El artículo 289 de la Carta Magna establece que "el intendente no podrá contratar con el gobierno departamental" y que el cargo "es incompatible" con "cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el gobierno departamental".


El 290, en tanto, expresa que los intendentes "no podrán durante su mandato intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo".

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