La temerosa posición asumida ayer por el gobierno uruguayo ante la crisis en Venezuela basa su diplomacia en la creencia de que puede brotar agua de un bloque de granito. Al insistir en lo imposible, su comunicado y las declaraciones posteriores del canciller Rodolfo Nin Novoa cierran los ojos oficiales no solo a la represión asesina de las protestas opositoras sino también a la instalación de una ilegal Asamblea Constituyente, como paso decisivo hacia una dictadura de tipo cubano. El canciller, al contestar una pregunta en conferencia de prensa, dijo que la decisión de reconocer o no a la Asamblea Constituyente dependerá de si el régimen de Nicolás Maduro genera un entendimiento con la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de mayoría opositora.
Pero la respuesta a esa esperanza imposible ya la había dado antes Maduro, cuando le ordenó a su servil Tribunal Supremo de Justicia que declarara al Legislativo en desacato, estableciendo que todas las decisiones del Parlamento son nulas. Remachó este desatino institucional con la amenaza de meter presos a los legisladores de la oposición y a una treintena de jueces designados por ese cuerpo.
Ante el agravamiento de la dictadura militarizada de Maduro, nuestro gobierno se limitó a exhortarla a “establecer un canal de entendimiento y diálogo” con la oposición, pese a que rompe los ojos el camino contrario que ha tomado el régimen caraqueño.
Como si fuera poco, el gobierno tropieza con la verdad al argumentar en su comunicado que “ha mantenido con firmeza… el escrupuloso respeto a la legalidad internacional”. La afirmación es inexacta porque las acciones de Maduro habilitan la exclusión política de su gobierno tanto del Mercosur como de la Unasur por aplicación de la cláusula democrática incluida en los tratados de esas organizaciones, parte de la “legalidad internacional” que nuestro gobierno afirma respetar pero en realidad soslaya. Con esta actitud el gobierno se ha disociado de la casi totalidad de los países de la región que quieren actuar contra Maduro, y especialmente de Argentina y Brasil, lo que hasta puede acarrear perjuicios económicos a Uruguay si ambos vecinos, de los que dependemos comercialmente y en otras áreas, se cansan de la inercia diplomática de la administración Vázquez.
Mientras Uruguay mira de afuera, el resto del continente se apresta al próximo capítulo de la tragedia venezolana. Los países que más pueden influir en frenar a Maduro son Estados Unidos y Colombia. La descalabrada economía venezolana depende, como fuente principal de ingresos, de los 800 mil barriles diarios de petróleo que le vende a Estados Unidos.
Esta nación decidió ayer aplicar un embargo a las cuentas personales de Maduro por considerar una “ruptura del orden constitucional” la formación de una Asamblea Constituyente. El chavismo también depende de Colombia para los alimentos, medicinas y otros elementos esenciales que han desaparecido de los comercios venezolanos.
Apretar el torniquete económico es riesgoso porque puede agravar las penurias y la escasez que sufren los venezolanos. El mundo democrático busca medidas efectivas contra el chavismo, aunque nuestro gobierno siga haciendo la vista gorda.
