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Bocas de drogas: el engorroso trabajo detrás de cada cierre en un ciclo muy lento de cortar
Robos, movimientos sospechosos, peleas, alguien que llega a pedir monedas, veredas sucias. En torno a las bocas de drogas que asolan al centro montevideano no hay posturas divididas respecto a la necesidad de tomar cartas en el asunto, aunque la realidad compleja exija mecanismos bastante menos ágiles de lo que los vecinos desearían.
El reciente vaciado y cierre definitivo de un edificio en Canelones y Convención –pleno Barrio Sur– puso de manifiesto la complicada logística detrás de la desarticulación de bocas de drogas, tras varios meses de problemas de convivencia.
En esa estructura de cuatro padrones habitada por cinco familias, no solo hubo que desmontar la venta de drogas, sino que realojar a unas tres familias mediante subsidio de alquiler por dos años. La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IM), Mercedes Clara, intercedió en persona en el caso para dar con una solución, hasta que el 20 de octubre se retiraron los últimos ocupantes.
El abordaje de una realidad mucho más amplia y engorrosa tiene como punta de lanza al Ministerio del Interior. "Muchas veces los vecinos se molestan porque creen que no hubo un accionar de la Policía", reconoció el director de Convivencia de la cartera, Santiago González.
"Pero para cerrar una boca si hay denuncia, tiene que trabajar con la Fiscalía, que le pide un montón de datos y pruebas. Tiene que conseguir una orden de allanamiento con un juez. Hay que encontrarla con la droga, llevarla para formalizarla con todo lo que se tenga. En ese lugar vuelve a abrir la boca por un conocido. Para la gente esa boca no se cerró, pero la realidad es que llevamos casi 2.000 neutralizadas", aseguró a El Observador en una medición nacional.
El problema llevó a que en junio varias carteras se sentaran a la misma mesa, desde González y Mario D'Elía, jefe de Policía de Montevideo, hasta el entonces fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, la ministra de Vivienda, Irene Moreira y el subsecretario Tabaré Hackenbruch. La cartera de seguridad transmitió en esa instancia la necesidad de mecanismos "aceitados" para dar con soluciones habitacionales para esos casos puntuales en que el cierre de una boca exija realojar a familias u ocupantes que conviven con esa situación sin estar involucrados.
Ese dilema se da en especial en los esqueletos y edificios abandonados con ocupaciones. A comienzos de este período hubo un encuentro entre el Ministerio del Interior y la IM para "dejar claras las competencias de cada uno", dijo a El Observador el director del Servicio de Convivencia de la comuna, Facundo Pérez.
El referente de los inspectores departamentales señaló que la comuna puede acudir al lugar –con escolta policial– a indicación de la cartera, y verificar dos posibilidades: que las instalaciones ocupadas tengan grandes deudas (son propiedad privada), lo que permita considerar una expropiación –un mecanismo que puede insumir largo tiempo–, o la evaluación del riesgo de derrumbe o inhabitabilidad del lugar antes de dar paso a Bomberos para un eventual tapiado.
En julio, por otro lado, el Poder Ejecutivo firmó un decreto para tapiar "inmediatamente" los accesos a construcciones para los que la cartera ya haya declarado "peligro de siniestro o riesgo de derrumbes".
Santiago González apuntó que Interior puede pedir a la comuna a que rastree al propietario de la construcción, ya sea para hallarle otro destino a la finca abandonada o para poder tapiar. Consultado sobre por qué las casas tienden a quedar desatendidas luego de haber cerrado una boca, respondió: "Porque no hay denuncia (de un propietario). No hay nadie que diga: 'Sí, tápiese'", expuso, y añadió que muchos casos consisten en predios en alquiler cuyos dueños no están al tanto de en qué situación están sus instalaciones. "El tema es llegar a que el propietario haga la denuncia", planteó.
No obstante, la participación de la IM con estos fines "no es algo común", y tienen lugar "cada dos o tres meses", apuntó el director de la comuna. Por su parte, el jerarca del Ministerio del Interior estimó que en el período llevan en el entorno de ocho fincas "100% tapiadas" en la jurisdicción de la Zona Operacional I, que nuclea a barrios céntricos de la capital. Desde la cartera reconocen a la Ciudad Vieja como uno de los puntos más calientes.
"La boca cuando abre genera en torno a ella una serie de delitos que queremos combatir", aseguró el jerarca. La actual administración reivindica la creación de las brigadas departamentales antidrogas en Montevideo y Canelones, para descentralizar una tarea que antes recaía en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y hacer frente al microtráfico.
En otro orden, González remarca a la prohibición constitucional de realizar allanamientos nocturnos como "la más importante de todas las limitaciones" para enfrentar a las bocas de drogas que "funcionan en su mayoría de noche". Se trata de uno de los postulados del fallecido ministro Jorge Larrañaga al impulsar la reforma 'Vivir sin miedo', una idea retomada –aunque sin mayores avances– por el actual jerarca Luis Alberto Heber.
